Tegucigalpa – El rechazo a las reformas a los códigos Penal, Procesal Penal y Lavado de Activos que aprobaron los diputados el pasado jueves subió de nivel, cuando el Ministerio Público se pronuncio en contra y señaló que representan un “retroceso en el combate a la criminalidad”.
El Ministerio Público adelantó que en caso de entrar en vigencia dichas reformas, aprobadas por el Congreso Nacional, “presentará los recursos respectivos”, una referencia a que acudirá a la Sala Constitucional para pedir la inconstitucionalidad de las reformas.
Los diputados aprobaron una serie de reformas, pero para completar el proceso deben salir ahora del Congreso Nacional para que sean sancio0nadas por el presidente Juan Orlando Hernández y se manden a publicar en el diario oficial La Gaceta, que es cuando estarán vigentes dichas reformas.
Previamente diversas instituciones de la sociedad civil y conocidas figuras han señalado que dichas reformas son un paso atrás a la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y otras formas de criminalidad organizada.
Mientras de los gremios se ha criticado que la reforma criminaliza la protesta social, ya que considera la toma de carreteras y otras vías públicas como usurpación de un bien público.
Retroceso y desnaturalización
El Ministerio Público señala en su comunicado que la reforma al artículo 439 del Código Penal en relación al delito de lavado de activos “representa un retroceso en el combate a la criminalidad organizada, específicamente al tráfico de drogas, delitos de corrupción, y lavado de activos”.
La Fiscalía General del Estado señala que la adopción de un sistema que enlista los delitos procedentes en el tipo penal de lavado de activos, “limitará el ejercicio de la acción penal pública”, ya que corresponderá ahora al Ministerio Público acreditar que los bienes objeto del lavado “provienen expresamente de algunos de los delitos señalados” en la lista, aunque la persona investigada no “logre justificar el origen lícito de los mismos”.
El ente acusador del Estado también mostró preocupación por lo que considera “las barreras que suponen las referidas reformas al desnaturalizar el proceso acusatorio”, ya que a su juicio “supone volver al procedimiento inquisitivo” al otorgarle al juzgador facultades de investigador”.
El Ministerio Público indicó que en la práctica investigar el delito de lavado de activos será necesario contar con previa autorización judicial para que las instituciones financieras brinden la información.
La Fiscalía General señaló que por la naturaleza el delito de lavado de activos y la economía globalizada, donde los capitales se mueven o transfieren con facilidad, necesita de herramientas ágiles y oportunas para combatirlo de manera eficaz, de ahí que su abordaje requiere tratamiento especializado.
Sociedad civil afectada
Por su lado, organismos de la sociedad civil señalaron que las reformas es un retroceso en la lucha contra la corrupción, reduce las competencias del Ministerio Público y criminaliza la protesta social.
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) consideró dichas reformas como una “estocada final a la lucha contra la corrupción al modificarse la Ley de Lavado de Activos.
En un comunicado la instancia de sociedad civil indicó condenó también lo que considera hostigamiento a la ciudadanía organizada al incluir a las organizaciones no gubernamentales como Personas Expuestas Políticamente (PEP) dentro de las reformas a la Ley de Lavado de Activos.
Lester Ramírez, integrante de ASJ, señaló que con la reforma aprobada por los diputados están prácticamente cerrando las puertas a cualquier organismo de sociedad civil.
Indicó que los organismos que hagan veedurías estarán expuestas a investigaciones administrativas y que les congelen sus cuentas.
En ninguna legislación internacional o doctrina contra el lavado de activos se considera a las ONGs como PEP, recordó la organización.
Cohep pide opinión a afiliados
De su parte, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), manifestó su apoyo a la reforma al artículo 378 del Código Penal vinculada a la usurpación de bienes.
El director ejecutivo del Cohep, Armando Urtecho, señaló que el organismo rector de la empresa privada apoya la decisión del Congreso referente a la usurpación de tierras y bienes productivos.
Urtecho recordó que hay siete departamentos del país donde hay usurpación de tierras, detallando que ello ha provocado la pérdida de 2 mil 434 millones de dólares en inversiones, así como casi 13 mil empleos directos.
En cuanto a las demás reformas al Código Penal y el Procesal Penal, Urtecho dijo que han pedido a sus agremiadas las opiniones que tienen sobre las mismas.
