Tegucigalpa – La justicia hondureña dictó medidas sustitutivas a la prisión para Mario León Gómez y Fany Michell Montoya, acusados en el sonado caso de las casas contenedores que involucra al exsecretario de la Presidencia, Ebal Díaz.
Ambos imputados comparecieron este miércoles en audiencia de imputados. El Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción dictó medidas sustitutivas a Mario León Gómez y Fany Michell Montoya, acusados por el delito de administración fraudulenta.
Entre las medidas sustitutivas a la prisión destacan firman periódicamente el libro del juzgado, no salir del país y no comunicarse con los demás imputados en el caso.
La audiencia inicial fue programada para el lunes 12 de agosto a las 9.00 de la mañana, cita en que también comparecerá Juan Ramón Cruz Carbajal que ya enfrentó la audiencia de imputados.
El pasado 30 de julio, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal en el Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción en contra del exministro de la Presidencia, Ebal Díaz y más de una decena de exfuncionarios de gobierno.
Según la acusación, el exministro Díaz presidió el consejo de administración del Instituto de la Propiedad (IP) y dirigió una estructura criminal para orquestar un fraude para el desarrollo de un proyecto habitacional para más de 10 mil familias hondureñas.
Los otros imputados son: Zonia Margarita Morales (expresidenta de Coalianza), Lizeth Guadalupe Villatoro (delegada de una institución bancaria), Mario León Gómez (exfuncionario de la Secretaría de la Presidencia).
Igualmente, son imputados Rolando Federico Poujol, Juan Ramón Cruz Carbajal, Edmundo del Carmen Cuadra, José Fernando Cálix Bonilla, Myrna Isabel Mejía Flores, Dino Rieti, Francis Yamileth Rodríguez, Lis María Moncada Pineda, Luis Roberto Aparicio Godoy, Óscar Rolando Mendoza Cáceres y Tania Michelle Montoya, quienes estaban relacionados con la unidad ejecutora y coordinadora de proyectos.
Los delitos por los que se acusan a las personas mencionadas anteriormente son: asociación para delinquir, fraude, violación a los deberes de los funcionarios y administración fraudulenta entre otros, por lo que se solicita se giren las respectivas órdenes de captura nacional e internacionalmente y se decrete la inmediata alerta migratoria.
Estas personas son señaladas por el proyecto habitacional “Residencial Morazán” en la que se defraudó al Estado 294 millones de lempiras. JS
