Tegucigalpa – Desde que inició la pandemia, 76 médicos han fallecido en la batalla contra el coronavirus, sus reclamos y protestas por medidas de bioseguridad y vacunas se las lleva el viento, el que también arrastra con las vidas y la vulnerabilidad de las mujeres, en una situación de indefensión ante los cotidianos feminicidios, la violencia y la desigualdad.
La búsqueda de justicia, de acceso a la salud y verdad se distancian de sus realidades.
La muerte violenta de la joven enfermera Keyla Martínez, colocó nuevamente en la escena los casos de cientos de mujeres que han perdido la vida de forma violenta y que aún no reciben respuesta de la justicia.
En el 2021 arrancó con una fuerza que asombra a los organismos académicos y defensores de la mujer, pues cada 16 horas una fémina es asesinada en esta nación, de acuerdo con datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Keyla Martínez, según un informe forense del Ministerio Público, murió por “asfixia mecánica” de forma homicida, en una posta policial de la secretaría de Seguridad en la occidental ciudad de La Esperanza, en Intibucá, una zona de raíces indígenas lenca y ubicada en el corredor de pobreza del país.
En su crimen, como apunta hasta ahora la evidencia, ocurrió a lo interno de la posta policial y por ello más de una veintena de agentes policiales han sido puestos a la orden del Ministerio Público para las pericias del caso y concluir así las averiguaciones que junto a la autopsia, determinarán las causas del crimen, ratificar evidencias y descartar otras.
Keyla Martínez, se ha vuelto un caso de alto impacto que nuevamente, en plena depuración policial, y trae a colación las muertes violentas, de mujeres, estudiantes y otros ciudadanos, en que han estado involucradas las fuerzas del orden. Su caso reviste también especial simbolismo porque se produce en la zona de donde era oriunda también la líder ecologista e indígena, Berta Cáceres, asesinada el 3 de marzo de 2016.
La muerte de Berta Cáceres ha tenido un impacto mundial que todavía tiene repercusiones en el país ante la presión internacional. A cinco años de su crimen, ha existido condena contra sus autores materiales, mientras otros actores siguen su proceso para enfrentar un juicio oral y público para probar su culpabilidad o inocencia.
Caso Keyla llega a Washington
En Washington, el caso de Keyla Martínez llamó la atención de importantes congresistas como Norma Torres y Albio Sires, quienes lo han tomado junto al de Berta Cáceres para apoyar la búsqueda de la justicia. Ambos hechos configuran una violación a los derechos humanos, y en el caso de Martínez los loegisladores indicaron que no descartan apoyar para que se conforme un equipo internacional de expertos e investigar la muerte para dar con la verdad.
Por este crimen, un comunicador social, Henry Fiallos, corresponsal de la corporación Televicentro y Emisoras Unidas, tuvo que abandonar la zona tras amenazas e intimidaciones por la cobertura noticiosa del crimen, que le han llevado a ser acogido bajo el mecanismo de protección de la ley de protección de periodistas, comunicadores rurales, abogados y fiscales que tutela la Secretaría de Derechos Humanos. Fiallos se encuentra en un lugar del país con medidas de seguridad ante la gravedad de las amenazas.
En la ciudad de La Esperanza, la ciudadanía se ha propuesto no soltar el caso de Keyla Martínez, y mantiene protestas y actividades en la zona, mientras se espera el dictamen final de Medicina Forense del Ministerio Público, que, de entrada, ha descartado la tesis policial que Martínez se suicidó.
En medio de la pandemia y emergencia sanitaria que cobija al país por la crisis del coronavirus, 38 mujeres han sido asesinadas en lo que va de 2021, y solo el año pasado más de 70 fueron asesinadas, según los registros del Observatorio de la Violencia de la UNAH al mes de octubre de 2020. También, se registraron más de 40 mil agresiones de violencia doméstica e intrafamiliar en plena pandemia.
Si las mujeres son uno de los grupos más golpeados en la pandemia y conforman esa cadena de invisibilidad frente a los escándalos que cada semana sacuden esta nación, el personal médico y sanitario no se queda atrás. Ellos, en primera línea en la batalla contra el coronavirus, ya registran XX decesos tras resultar contagiados por el virus.
Médicos bajo fuego
En tanto el personal sanitario, médicos, enfermeras, asistentes, auxiliares, personal técnico, entre otros, reporta más de 1,600 contagios. Las muertes solo de médicos suman 76 mientras que las enfermeras han perdido a 38 de sus miembros.
Los hospitales móviles y las condiciones en que los mismos operan en San Pedro Sula y Tegucigalpa, han sido constatadas y evidenciadas por los especialistas del Ministerio Público que no han dejado el tema desde que se gestó su gris adquisición en marzo de 2020, por un costo de 48 millones de dólares y cuya respuesta de funcionalidad aún está lejos de responder a las necesidades de un país con cifras dramáticas de contagios por coronavirus.
En los informes del MP se reflejan las inconsistencias, los equipos usados, los inservibles, la incompatibilidad de datos, el poco uso y la atención somera que en ellos se brindan, además de otros pormenores.
Un reciente informe del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), revela que el hospital móvil de San Pedro Sula opera como una sala COVID-19, no como hospital, que los médicos se ven obligados a usar pañales desechables para no ir a los baños para evitar contaminarse y que la sala que sirve de comedor en esa estructura metal no se puede utilizar debido a la contaminación y la fuerte carga viral en esa zona.
El hospital móvil de San Pedro Sula opera también con aparatos prestados del Mario Catarino Rivas, según los hallazgos del CNA, en tanto el Ministerio Público en una inspección hecha a esa estructura metálica, revela que ésta no es apta para ser utilizada para pacientes y médicos porque presenta muchas deficiencias que ponen en riesgo la salud de las personas.
Los médicos, ante la muerte de sus colegas, han desarrollado en Tegucigalpa, San Pedro Sula y otras zonas del país, protestas pacíficas por horas, en reclamo de medidas de bioseguridad de calidad, la adquisición y aplicación de las vacunas, equipo técnico de calidad para atender las emergencias y los pacientes, así como garantías de estabilidad laboral del personal sanitario expuesto ante la emergencia.
La presidenta del Colegio Médico, Suyapa Figueroa, dijo que los hallazgos reflejaban el deterioro en que se encuentra el sistema sanitario a nivel nacional y el alto nivel de exposición en que se encuentran los médicos y demás personal sanitario, por falta de planificación y medidas de bioseguridad apropiadas y oportunas. Figueroa no descartó elevar el caso de los galenos ante el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Honduras.
El personal sanitario, en general, está llevando la peor parte en la pandemia y las vacunas contra el COVID-19 que se creyeron vendrían la segunda quincena de febrero, ahora se espera sea en marzo o según la prioridad de las farmacéuticas para atender la demanda de pedidos del antídoto por parte de los países y de ahí, sacar las cuotas que ingresaran al mecanismo COVAX.
Los integrantes de la plataforma todos contra el COVID-19, urgieron al gobierno a agilizar las gestiones para inmunizar a la población en lo que resta de 2021 y parte del 2022, alarmados por el fuerte rebrote de la enfermedad que nuevamente está colapsando los hospitales y disparando el número de muertes porque en esta nueva ola, el contagio parece ser más agresivo.
A un año de la llegada de la pandemia, las condiciones de precariedad en la salud siguen latentes, los esfuerzos realizados no han podido amortiguar el golpe, y los hospitales móviles comprados llave en mano, así como otros equipos como los ventiladores mecánicos que adquirió Copeco, también llave en mano, por más de dos millones de dólares, resultaron inservibles, incompletos, comprometiendo la vida de los usuarios.
La pandemia, en su primer año, tiene por ahora, dos sectores unidos por el dolor y la imperiosa necesidad de justicia: los médicos y las mujeres, ambos en espera de respuestas institucionales efectivas y acertadas. (PD)
