Tegucigalpa – Los diputados Sara Medina y Antonio César Rivera Callejas fueron agregados en la acusación conocida como Pacto de Impunidad que inicialmente involucró a Tomás Zambrano y Román Villeda Aguilar.
– En este caso la CSJ confirmó sobreseimiento definitivo para Tomás Zambrano, mientras para Román Villeda sigue vigente el auto de formal procesamiento.
El equipo Integrado de Investigación y Persecución Penal Público, compuesto por fiscales e investigadores de la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (UFECIC-MP), con apoyo de expertos de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras de la Organización de los Estados Americanos (MACCIH-OEA) presentaron hoy ante la Corte Suprema de Justicia, un requerimiento fiscal contra los diputados Antonio Cesar Rivera Callejas Y Sara Ismela Medina Galo, como presuntos responsables del delito de falsificación de documentos públicos en perjuicio de la fe pública; y delitos contra la forma de gobierno en perjuicio de la seguridad interior del estado de Honduras.
De acuerdo a lo informado por la MACCIH, el requerimiento fiscal es el resultado de diversa información y actuaciones realizadas con posterioridad al requerimiento presentado el 24 de mayo último contra los diputados José Tomas Zambrano, y Román Villeda Aguilar
Siempre con base a lo fundamentado por la Misión de OEA, los parlamentarios Antonio Cesar Rivera Callejas y Sara Ismela Medina Galo, en concierto de voluntades, aprobaron anómalamente la Ley de Presupuesto, con lo cual habrían violentado la voluntad del pleno del Congreso, con la finalidad de crear una ley que favorecería a diputados que estaban siendo procesados por el mal manejo de fondos públicos, así como a los que pudieran ser investigados a futuro por similares hechos.
En el requerimiento presentado se destaca: El caso denominado “Pacto de Impunidad”, se originó el 11 de diciembre de 2017 cuando la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC), con el apoyo de MACCIH-OEA, presentó requerimiento fiscal en el caso “Red de Diputados” contra los diputados al Congreso Nacional Augusto Domingo Cruz Asencio, Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez Rodríguez, Dennys Antonio Sánchez Fernández y Eleazar Alexander Juárez Saravia y tres personas más por el delito de malversación de caudales públicos, relacionado al manejo de fondo sociales.
La audiencia inicial se encontraba en trámite ante el órgano jurisdiccional, cuando el 18 de enero de 2018 el Congreso Nacional modificó por adición la Ley de Presupuesto, aprobada en el Decreto Legislativo No. 141-2017 contentivo de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, del 19 de enero de 2018. En dicha modificación se incluyeron disposiciones distintas a las aprobadas por el pleno de diputados y se produjo la imposibilidad de iniciar investigaciones contra los funcionarios que hubieren manejado fondos públicos, mientras no culmine la investigación administrativa del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en el plazo de tres años.
Igualmente, al amparo de esa reforma, mediante la resolución de fecha 24 de enero de 2018 el órgano jurisdiccional decretó el archivo administrativo de la causa denominada “Red de Diputados”, argumentando que no se podía proseguir con el enjuiciamiento, debido a esta nueva exigencia de procedibilidad para delitos como los de malversación de caudales públicos.
El proyecto de ley -sigue MACCIH-, una vez aprobado por el Congreso Nacional, adoptó la forma de Decreto No.141-2017 y fue suscrito por los diputados Antonio César Rivera Callejas y Sara Ismela Medina Galo, quienes lo autorizaron en condición de presidente y secretaria del Congreso Nacional.
Esta autorización se realizó a pesar de contener dicha reforma, una versión que no fue discutida, ni aprobada por el pleno del Congreso Nacional, tal y como se desprende de la lectura que le dio a la citada norma el diputado Román Villeda Aguilar en su momento.
Es así, que ante este hecho se produjeron diversas denuncias públicas, por lo que la Secretaría del Congreso Nacional emitió una Fe de Erratas el día 25 de enero de 2018, publicada el 26 de enero en el Diario Oficial La Gaceta, pretendiendo explicar que lo ocurrido sería producto de “un simple error” y no de un presunto acto premeditado que, para ese momento, ya había provocado consecuencias jurídicas.
Sin embargo, dicha “fe de erratas” sigue conteniendo modificaciones que no fueron leídas y aprobadas por el pleno del Congreso, por lo que el equipo integrado de investigación y persecución penal decidió la formulación del requerimiento fiscal por los delitos de falsificación de documentos, abuso de autoridad y delitos contra la forma de Gobierno.
