En una exposición ante sus ex compañeros del Congreso Nacional, el connotado profesional habló sobre el derecho de los ciudadanos a saber qué hacen los servidores públicos en su nombre y cómo la Ley de transparencia les asegura ese derecho.
Dijo que el derecho a saber es sinónimo del derecho a la información, y que juntos, el derecho de la información y la libertad de prensa, se derivan de una garantía constitucional importantísima, la libertad de emisión del pensamiento, en algunos países llamada libertad de expresión.
“Estamos sin duda frente a la piedra angular de la democracia, frente a una institución que sostiene nuestro sistema de gobierno”, indicó.
Asimismo señaló que “sin libertad de emisión o expresión del pensamiento no puede existir una sociedad democrática”.
“Sin libertad para emitir o expresar las ideas no puede construirse un régimen de partidos políticos, no puede existir el pluralismo, ni los ciudadanos pueden escoger libremente a sus gobernantes”, sostuvo.
Hernández Alcerro dijo a sus ex compañeros de cámara que sin libertad de emisión o expresión del pensamiento ellos estarían restringidos a presentar sus iniciativas de ley, sus mociones, sus manifestaciones y sus opiniones en los debates legislativos.
Por eso, recordó, “lo que pretendimos desarrollar con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública es, por un lado, el derecho de los ciudadanos a buscar y recibir información pública y por otro lado, la obligación de los servidores públicos a publicitar esa información y entregarla a los particulares de forma original y veraz”.
El también ex ministro de Gobernación dijo en su exposición que de nadie es desconocido que democracias, como la de Honduras, “no han podido desarrollarse plenamente debido a la prevalencia de la cultura del secreto”.
“Igualmente, añadió, la credibilidad de los servidores públicos ha sufrido deterioro cuando los ciudadanos quedan por fuera y todos los asuntos de Estado se tratan a puerta cerrada, se oculta información que pertenece a los particulares o cuando las decisiones públicas se toman en la oscuridad”.
Qué pretende la Ley de Transparencia
En este contexto, Hernández Alcerro dijo que “la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública busca cambiar esa cultura del secreto y garantiza el derecho a saber”, así como “colocar a las instituciones y servidores públicos dentro de una gran pecera para que los ciudadanos puedan observar sin opacidad, cómo se conducen nuestros gobernantes”.
“Es así que la Ley procura fortalecer la gobernabilidad haciendo que la ciudadanía juegue el papel de auditor social. Si se aplica correctamente, la Ley redundará en más credibilidad y confianza en los gobernantes, en mayor solidez institucional, en menos corrupción y más posibilidades de desarrollo económico y social del pueblo hondureño”, subrayó.
Se está lejos de alcanzar estos objetivos
Hernández Alcerro indicó que a pesar de las buenas intenciones de la ley, “estamos muy lejos de lograr esos objetivo”, y esto porque “la Ley de Transparencia sigue siendo un deseo insatisfecho del pueblo”.
Recordó que a ocho meses de su aprobación no se han electo los Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública, no se ha reglamentado la Ley, no se ha aprobado un presupuesto para el funcionamiento del Instituto y no se ha iniciado la conformación del Sistema Nacional de Información”, entre otros aspectos.
Ninguna institución pública ha sido preparada para aplicar la Ley, añadió, y resaltó que con la excepción de las Secretarías de Estado de Finanzas, Relaciones Exteriores y Gobernación y Justicia, las demás instituciones no han puesto a disposición de la ciudadanía la información que de acuerdo a la Ley deben publicitar de oficio.
“No se han iniciado los programas de educación de los servidores públicos sobre sus obligaciones con respecto a la Ley ni la de los ciudadanos en relación a sus derechos”.
Dijo que la Sociedad Civil y los medios de comunicación tampoco han hecho su parte.
“No tengo conocimiento de ningún esfuerzo privado por dar a conocer la Ley, ni de ninguna demanda de información pública en base a la Ley de Transparencia”.
Cuestionó el que ningún diputado haya presentado un proyecto de ley para regular un sistema nacional de archivos, como complemento esencial de la Ley de Transparencia.
Asimismo advirtió que quedan pendientes importantes tareas legislativas con respecto al Derecho de Información, como elevar a rango constitucional la garantía del derecho a la información; y aprobar la reforma constitucional sobre el Habeas Data para garantizar el derecho a la intimidad personal y la propia imagen mediante una acción sencilla y rápida que permita que cada persona pueda acceder a la información que se tiene sobre ella misma y si es del caso, ésta pueda ser corregida, modificada o anulada.
Indicó también que para perfeccionar el ejercicio del derecho a la libre emisión del pensamiento, habría que revisar la legislación nacional para ajustarla a la evolución de esa institución a nivel internacional.
Saluda suscripción de la Declaración de Chapultepec
En su exposición, Hernández Alcerro expresó su complacencia por la suscripción por parte del Congreso de Honduras de la Declaración de Chapultepec.
Dijo que al hacerlo, “el Congreso Nacional está reafirmando su convicción que ningún poder político democrático puede limitar, restringir o tergiversar la libertad de emisión del pensamiento y sus libertades derivadas de prensa e información. Hacerlo equivaldría a un claro abuso de autoridad, constituiría una práctica antidemocrática que violaría la esencia misma de una sociedad libre”.
Refirió como aspectos importantes de la declaración el “prohibir la imposición arbitraria de información por parte del Estado excediéndose en el uso de las cadenas de radio y televisión” y el “prohibir la discriminación de los medios de comunicación y los periodistas o que estos sean objeto de favores en razón de lo que escriban o digan”.
“La obligación de los medios de comunicación y los periodistas con la verdad, la precisión, la imparcialidad y los valores éticos y morales, como lo preconiza el propio Colegio de Periodistas de Honduras; y
La reafirmación que el otorgamiento o la cancelación de frecuencias de radio y televisión no sean utilizadas para premiar o castigar a medios y periodistas, como desgraciadamente lo estamos viendo en América Latina”, finalizó.
