Tegucigalpa (Proceso Digital / Jorge Sierra) – De los 21 hondureños señalados en la Lista Engel, elaborada por el departamento de Estado de Estados Unidos para designar a los corruptos del Triángulo Norte, solo tres tienen causas abiertas en los tribunales de la República, 16 están liberados tras fallos judiciales y otras causas fueron archivadas, debido a una disposición normativa. A nivel general de los 21 señalados en este país 19 han sido procesados por el Ministerio Público.
– Solo el expresidente Porfirio Lobo y el diputado Óscar Nájera no tienen acusaciones por parte de la Fiscalía hondureña, pero sí señalamientos de EEUU.
– 16 de los 19 enjuiciados en Honduras, fueron favorecidos con fallos judiciales que conllevan a sobreseimientos y engavetamiento de los casos.
– Ocho de los hondureños enlistados aspiran al cargo de diputados al Congreso Nacional, mientras uno lo hace para el Parlamento Centroamericano.
La lista que se publicó a inicios de este julio menciona a 55 personas relacionadas con contratos gubernamentales, soborno y extorsión igualmente se indica que muchos de ellos permitieron la facilitación o transferencias producto de la corrupción, incluso a través del lavado de dinero; y actos de violencia, acoso o intimidación dirigidos a investigadores de corrupción.
En la nómina aparecen 13 actuales diputados: José Celín Discua Elvir, Rodolfo Irías Navas, Gustavo Alberto Pérez (suplente de Juan Carlos Valenzuela), Gladis Aurora López, Miguel Edgardo Martínez Pineda, Sara Ismela Medina Galo, Óscar Nájera, Milton Jesús Puerto, Wesly Vásquez, Elvin Ernesto Santos Ordoñez, Juan Carlos Valenzuela, Elden Vásquez y Román Villeda Aguilar.
Igualmente, cinco excongresistas: Eleazar Alexander Juárez, Augusto Domingo Cruz Asensio, Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez y Dennys Antonio Sánchez Fernández.
Cierran la nómina: el exdirector de Invest-H, Marco Antonio Bográn; y la expareja presidencial, Porfirio Lobo Sosa y Rosa Elena Bonilla.
De los 21 señalados hondureños, 19 fueron acusados por el Ministerio Público en los casos Pandora, Arca Abierta, Caja Chica de la Dama, Red de Diputados y Pacto de Impunidad. únicamente Porfirio Lobo y Óscar Nájera se excluyen de las imputaciones en Honduras, pero EEUU los señala de colaborar con la organización criminal Los Cachiros.
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Del universo de los 19 enjuiciados en Honduras, tres tienen juicios abiertos.
Son éstos Román Villeda Aguilar en el caso Pacto de Impunidad. Él está a la espera del juicio oral y público; Rosa Elena Bonilla en el expediente Caja Chica de la Dama, que va a repetición de juicio luego de haber sido condenada a 58 años de cárcel.
Se suma el exdirector de Invest-H, Marco Bográn, que próximamente comparecerá en juicio oral y público por la dolosa compra de siete hospitales móviles.
Aspiran a la reelección
De los 13 actuales diputados, ocho aspiran a una reelección en el Parlamento hondureño: Gladis Aurora López, Miguel Edgardo Martínez Pineda, Sara Ismela Medina Galo, Óscar Nájera, Milton Jesús Puerto, Elvin Ernesto Santos Ordoñez, Elden Vásquez y Román Villeda Aguilar. Mientras, Juan Carlos Valenzuela hace lo propio, pero para el Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Los que han decidido hacerse a un lado después de una larga data en el Parlamento y con liderazgos regionales potentes, son José Celín Discua Elvir y Rodolfo Irías Navas.
Mientras que Gustavo Alberto Pérez y Wesly Vásquez tampoco buscarán un escaño, ésta última no salió electa tras participar en el proceso primario.
A continuación, Proceso Digital presenta una bitácora de cada uno de los casos que involucró a los mencionados en la Lista Engel, el estado actual de los procesos judiciales y otras aristas que han rondado los expedientes judiciales.
Caso “Pandora” (5)
El 13 de junio de 2018, se presentó en los tribunales hondureños el sonado caso “Pandora”, que involucró a 38 funcionarios, entre ellos diputados, que presuntamente habrían malversado fondos por más de 282 millones de lempiras de las arcas nacionales.
A los imputados se les acusó por los presuntos delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos en perjuicio de la administración pública, de la fe pública y la economía del Estado de Honduras.
En marzo de 2021 fueron sobreseídos los diputados: Celín Discua, Rodolfo Irías Navas, Elvin Santos, Elden Vásquez y Miguel Edgardo Martínez.
Otros acogidos con la medida fueron: Arnaldo Urbina Soto, Carlos Alberto Pineda Fasquelle, Wilson Rolando Pineda, Ramón Lara Bueso, Lenin Chávez Galindo, Armando José Rivera Marroquín, Hernán Seaman Elvir, Arnold Gustavo Castro, Franklin Erick Torrufo Colindres, Jean Francois Marie de Peyrecave.
Igualmente: Josué Francisco Velásquez Sánchez, José Luis Flamenco Mejía, Ernesto Gáleas Martínez, Eduardo Enrique Lanza, Lenin Rigoberto Ramos, José Adolfo Sierra Morales y Félix Francisco Pacheco Reyes.
La actualidad del caso “Pandora” es que fueron 22 sobreseídos, pero el Ministerio Público interpuso una Acción de Amparo en contra de dichos sobreseimientos.
Prácticamente han quedado con acusaciones abiertas solo el exministro de Agricultura y Ganadería (SAG), Jacobo Regalado y Laura Arita.
Red de Diputados (5)
El 11 de diciembre de 2017, el Ministerio Público -UFECIC denunció el caso Red de Diputados que involucró a cinco parlamentarios -en ese momento- por el delito de malversación de caudales públicos.
La acusación incluyó a Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez, Augusto Cruz Asensio, Dennys Antonio Sánchez Fernández y Eleazar Juárez, todos diputados en el momento de la imputación.
Las otras tres personas involucradas fueron identificadas como: José Napoleón Panchamé Banegas, director de una ONG; Jeremías Castro Andrade, tesorero de la ONG; y Geovanny Castellanos Deras, gestor.
Sin embargo, luego de comparecer los imputados en audiencia inicial, la jueza que conoció el caso decidió acogerse a la reforma aprobada el 18 de enero de 2018 en el Congreso Nacional y determinó trasladar las diligencias al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y archivar las diligencias penales.
Los imputados fueron ocho en total. La causa permanece archivada, durmiendo el sueño de los justos en el despacho de la juez designada por la Corte Suprema de Justicia, para que lo conociera.
Le corresponde al Tribunal de Cuentas terminar con las auditorías de acuerdo con una disposición de ley.
Caja Chica de la Dama (1)
El 26 de febrero de 2018, el Ministerio Público y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), revelaron que nueve personas cobraron 70 cheques en el denominado caso “Caja Chica de la Dama”, en el que involucró a la exprimera dama, Rosa Elena de Lobo, su cuñado Mauricio Mora y su exsecretario privado Saúl Escobar.
La agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), y de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), capturaron a la exprimera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo (2010-2014), junto a su cuñado Mauricio Mora.
Rosa Elena Bonilla de Lobo fue acusada por malversación de caudales públicos, lavado de activos y asociación ilícita.
Posteriormente, se entregó a la justicia el secretario privado Saúl Escobar, los tres imputados se sometieron a un juicio oral y público.
El 4 de septiembre de 2019, el Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), condenó a 58 años de cárcel a la exprimera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo, por los delitos de fraude (48 años) y apropiación indebida (10 años) en el sonado caso.
Luego de más de dos años en prisión, en marzo de 2020 el Supremo hondureño ordenó repetir el juicio a la exprimera dama y en julio del mismo año quedó en libertad.
La repetición del juicio oral se verificará del 20 de julio al 6 de agosto de este 2021.
Pacto de Impunidad (2)
El 24 de mayo de 2018, el MP – UFECIC presentó un requerimiento fiscal contra los diputados Román Villeda Aguilar y José Tomas Zambrano, ante la Corte Suprema de Justicia en el denominado caso “Pacto de Impunidad”.
Ambos legisladores fueron acusados por los presuntos delitos de abuso de autoridad, falsificación de documentos y delitos contra la forma de gobierno.
Equipos integrados de investigación y persecución penal, del MP y la Misión, encontraron indicios que consideraron suficientes para interponer un requerimiento fiscal ya que se trata de una aprobación anómala de la Ley de Presupuesto, externaron en su momento.
El caso de Pacto de Impunidad se originó el 11 de diciembre de 2017, contra cinco exdiputados en el caso denominado “Red de Diputados”.
El requerimiento señala que cuando se celebraba la audiencia inicial contra los cinco exdiputados, el Poder Legislativo modificó por adición la Ley de Presupuesto aprobada en decreto legislativo número 141-2017 publicado en el diario oficial La Gaceta el 19 de enero de 2018.
Tras la acción se produjeron varias denuncias públicas por lo que la Secretaría del Congreso Nacional emitió una fe de erratas el 25 de enero y publicada el 26 de enero en el diario oficial La Gaceta para justificar que lo ocurrido fue producto de un simple “error” y no de un acto premeditado que provocó consecuencias jurídicas.
El 27 de junio de 2018, un juez natural dictó auto de formal procesamiento para el diputado Román Villeda Aguilar, en tanto para su homólogo Tomás Zambrano le fue decretado un sobreseimiento definitivo.
El 19 de noviembre de 2018, los diputados Sara Medina y Antonio César Rivera Callejas fueron agregados en la acusación.
El 23 de enero de 2019, la justicia hondureña determinó dictar sobreseimiento definitivo para el diputado Antonio César Rivera Callejas, en tanto para su colega Sara Medina se decretó auto de formal procesamiento por falsificación de documentos.
Un mes después, el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia nombró los jueces del Tribunal de Sentencia que llevará el juicio oral y público al diputado del Congreso Nacional, Román Villeda Aguilar.
El 13 de agosto de 2019, la justicia hondureña negó a la diputada Sara Ismela Medina poder conciliar con la Procuraduría General de la República (PGR), por este caso.
El 17 de septiembre de 2019, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), admitió sin suspensión del acto reclamado el recurso de amparo penal interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución dictada por una Corte de Apelaciones designada confirmando el sobreseimiento definitivo dictado por un juez de Primera Instancia a favor de los diputados Antonio Rivera Callejas y Sara Medina.
En conclusión, este caso consta de dos líneas judicializadas, donde se procesó a los diputados Antonio Rivera Callejas, Sara Medina, Tomás Zambrano y Román Villeda. Los jueces sobreseyeron a Zambrano, Rivera Callejas y archivaron el caso de Sara Medina, en vista que el Congreso Nacional aprobó una reforma a su reglamento interno, donde se establece que previamente es ese poder del Estado quien debe declarar con lugar, si se procede o no penalmente cuando la conducta se derive de sus funciones; mientras el parlamentario Villeda se encuentra en las mismas condiciones.
Arca Abierta (6)
El 11 de diciembre de 2018, El MP y la MACCIH, presentaron el denominado caso “Arca Abierta” que señaló a cinco diputados, seis exdiputados y otros señalados por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública.
La investigación estableció que los 21 acusados malversaron fondos del Estado al depositar 21.1 millones de lempiras ($879 mil) en una cuenta bancaria a nombre de la Organización No Gubernamental “Asociación Planeta Verde”. El dinero procedía de la Casa Presidencial (L. 2 millones), del Congreso Nacional (L. 3 millones) y de la Secretaría de Finanzas (L. 16.1 millones).
El 28 de diciembre de 2018, falleció el exentrenador y exdiputado, Edwin Pavón uno de los 21 acusados en el caso.
El 14 de enero de 2019, el juez que lleva la causa dictó detención judicial con medidas distintas a prisión para 20 imputados
El 1 de febrero de 2019, el juez natural que conoce la causa determinó dictar auto de formal procesamiento para cuatro actuales diputados y cinco personas más, igualmente sobreseyó a 11 procesados más.
De los 21 procesados, 11 fueron beneficiados con sobreseimientos, nueve quedaron procesados y el caso de Edwin Pavón que se extinguió la causa por su deceso.
El auto de formal procesamiento incluyó a Gustavo Alberto Pérez Cruz, Welsy Milena Vásquez, Gladys Aurora López, Milton Puerto Oseguera y José Alejandro Flores, todos por el delito de malversación de caudales públicos.
Asimismo, a Yovani Castellanos Deras, Gregorio Alberto González y Allan Aroni San Martín.
Entre tanto, se sobreseyó a Audelia Rodríguez, Hernán Enrique Vindel, Juan Carlos Valenzuela Molina, Iveth Salomé Navas Suazo, Carlos Humberto Bonilla y Óscar Álvarez.
También fueron beneficiados con sobreseimiento: Ana Lucía Castro, Arnold Gustavo Castro, Estela Lizeth Muñoz Hernández, Yajaira Lisbeth Talbot Villatoro e Indira Osorio Reyes.
Este caso de “Arca Abierta”, en agosto de 2020, la Corte de Apelaciones sobreseyó a los imputados restantes y el 11 de febrero de 2021 un juez declaró inútil la prueba científica presentada por el Ministerio Público. El 19 de febrero de este año la Fiscalía denunció al juez.
Hospitales Móviles (1)
Por el caso de Hospitales Móviles, el Ministerio Público acusó a los exfuncionarios de Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H), Marco Bográn y Alex Moraes, al igual que al empresario guatemalteco Axel López.
Ambos exfuncionarios son acusados por el Ministerio Público presuntamente por la comisión de dos delitos de fraude y dos de violación de los deberes de los funcionarios.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, el Estado a través de Invest-H compró siete hospitales móviles entre marzo y abril de 2020 para contrarrestar los efectos de la pandemia.
El ente acusador responsabilizó a Marco Bográn y Alex Moraes de violentar los principios de contratación pública al realizar la compra directa de los sanatorios móviles con el representante legal de ELMED Medical System INC, Axel López.
El costo de los hospitales y sus plantas de tratamiento fue de 47 millones 512 mil 564 dólares, es decir, mil 174 millones 517 mil 764 lempiras con 33 centavos.
El MP puntualizó que la adquisición de los siete hospitales móviles se realizó sin garantías de calidad, ni de cumplimiento, sin mantenimiento de oferta, sin un plazo fijo de instalación, sin autorización previa del consejo directivo de Invest-H y sin garantía del pago anticipado.
A finales de junio de este año, el Juzgado Penal en materia de corrupción determinó elevar el caso a juicio oral y público. (JS)
Las acusaciones en Honduras
José Celín Discua Elvir Pandora/Sobreseído
Rodolfo Irías Navas Pandora/Sobreseído
Elvin Ernesto Santos Pandora/Sobreseído
Juan Carlos Valenzuela Arca Abierta/Sobreseído
Elden Vásquez Pandora/Sobreseído
Miguel Edgardo Martínez Pandora/Sobreseído
Milton Jesús Puerto Arca Abierta/Sobreseído
Wesly Vásquez Arca Abierta/Sobreseído
Gustavo Alberto Pérez Arca Abierta/Sobreseído
Gladis Aurora López Arca Abierta/Sobreseído
Román Villeda Aguilar Pacto de Impunidad/En juicio
Marco Antonio Bográn Hospitales Móviles/En juicio
Rosa Elena Bonilla Caja Chica de la Dama/Repetición de juicio
Sara Ismela Medina Galo Pacto de Impunidad/Archivado
Eleazar Alexander Juárez Red de Diputados/Archivado
Augusto Cruz Asensio Red de Diputados/Archivado
Héctor Padilla Hernández Red de Diputados/Archivado
Audelia Rodríguez Red de Diputados/Archivado Arca Abierta/Sobreseída
Dennys Antonio Sánchez Red de Diputados/Archivado
Óscar Nájera Sin acusaciones en Honduras
Porfirio Lobo Sosa Rosa Sin acusaciones en Honduras
