“La convivencia pacífica entre las diferentes religiones se ve beneficiada por la laicidad del Estado, que, sin asumir como propia ninguna posición confesional, respeta y valora la presencia del factor religioso en la sociedad”.
Jorge Mario Bergoglio
Por supuesto que, en un país serio y moderno, el estado la respeta y valora, como dice el Papa. Pero esto debe entenderse también en el sentido de que ni la promueve, ni mucho menos la impone.
La religión, que, siguiendo un postulado de Spinoza, es un sistema de ritos y hábitos colectivos destinado a mantener viva una creencia, pertenece a la esfera de lo privado. Cada quien percibe a Dios o al objeto de su creencia de forma particular. La religión lo que busca, es proveer una serie de normas que permitirán al individuo acercarse a otros y validar esa fe mediante una doctrina y unos ritos.
No es (no debe ser), por tanto, rol del estado aconsejar qué o cual de las creencias que el ciudadano adopte es la mejor, ya que ello le llevaría a tomar una postura o a imponer normas que, probablemente ofendan o lo que es peor, marginen la fe de otros.
Aunque lo parezca, el asunto no es trivial. He escuchado a muchas personas decir que las religiones cristianas creen estructuralmente lo mismo y esto, aunque doctrinariamente puede ser cierto, tiene algunas aristas, específicamente en lo que atañe a temas de convivencia social, que pueden de hecho generar verdaderos conflictos, es decir, hacernos retroceder a los tiempos de la colonia e incluso a la oscura edad media.
Por ejemplo, lo que la jerarquía católica predica sobre el concepto de familia o el número de hijos que ésta deba traer, contradice lo que las leyes del país permiten y hasta confronta lo que muchas iglesias protestantes o evangélicas sostienen. Lo mismo pasa en lo referente a temas como la pena de muerte, la igualdad entre los géneros e incluso la caridad y el relacionamiento social. Y al final, ¿Quién es el estado o sus representantes electos para decir cómo deben dirimirse estos temas en la sociedad?
Hace muchos años, cuando era estudiante en la UNAH, cerca de mi facultad había una pequeña capilla católica que el decano de turno había autorizado a funcionar. Recuerdo que los evangélicos que pululaban por ese tiempo en el campus, estaban ofendidos porque la autoridad les había negado la posibilidad de usar ese espacio para hacer sus reuniones. ¿Y si luego hubiesen venido los mormones o los Testigos de Jehová?
Pareciera que hacer este tipo de concesiones podría provocar más conflictos que distención. El argot está cargado de referencias sobre lo complejos que suelen ser los temas religiosos, cuando deben dirimirse en espacios y actividades no religiosos. Es por ello que los pensadores liberales, forjadores del estado actual, tenían una visión unánime sobre este tema: El estado debe ser laico, promover la libertad de culto y respetar la fe de todos los individuos de la sociedad.
Quedan en el mundo muy pocos estados confesionales, y si bien la mayoría de ellos están fuera del ámbito del cristianismo, todavía es posible ver en algunas sociedades occidentales, una influencia insana del clero sobre las autoridades electas. Lastimosamente, las naciones que incurren en este tipo de prácticas no suelen ser las más adelantadas sino, todo lo contrario.
Honduras es por desgracia, uno de estos casos. En lo personal me tocó calarme durante los cuatro años que fungí a cargo de una secretaría de estado, una oración, un versículo de la Biblia y hasta un sermón antes de cada Consejo de Ministros. Lo anterior habría sido positivo si hubiera servido para disminuir los índices de corrupción en el país durante ese periodo. ¡Las cosas sucedieron totalmente al revés y ustedes lo saben!
No digo que fue justamente el hecho de que se leyese la Biblia lo que hizo que la gente de ese gabinete robara como nunca. Tampoco pienso que habría sido peor si no hubiesen orado. Solo me inclino a creer que no hay ninguna correlación entre los ritos religiosos y las buenas o malas acciones. Y ¡ojo!, no estoy diciendo que una vida espiritual y guiada por la fe no influya en el buen accionar. Eso es otra cosa.
Lo que debe quedar claro, es que, en un estado ordenado y serio, los gobernantes pueden estimular las buenas acciones de la ciudadanía, promoviendo la enseñanza de ética en las escuelas y colegios, fortaleciendo la institucionalidad y el uso de buenas prácticas en la convivencia, respetando la libertad de credo y tolerando las creencias de los demás, pero por sobre todo dando el ejemplo.
