Tegucigalpa – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh) condenó este miércoles la muerte violenta de la universitaria hondureña Keyla Patricia Martínez cuando estaba bajo custodia policial en la occidental ciudad de La Esperanza.
Martínez murió el domingo en una estación de la Policía Nacional luego de haber sido detenida junto con un médico al parecer por escándalo en la vía pública en estado de ebriedad, a altas horas de la noche del sábado, desacatando un toque de queda que rige en el país por la pandemia de covid-19, según fuentes policiales.
Elementos de la estación policial y la Secretaría de Seguridad indicaron luego de conocerse el hecho, el domingo, que Martínez habría intentado suicidarse ahorcándose en la celda policial, y que había muerto en el hospital al que fue llevada, en La Esperanza.
Pero un informe del Ministerio Público indicó el martes que, según pruebas forenses, Martínez, de 26 años y estudiante de enfermería en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), murió por «asfixia mecánica» y que su caso fue un «homicidio».
En seguimiento a las acciones de documentación hechas sobre el caso, la Oacnudh «considera que los hechos podrían ser constitutivos de una ejecución extrajudicial y que, por tanto, la investigación deberá llevarse a cabo de acuerdo a lo dispuesto en el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas».
La representante de la Oacnudh, Isabel Albaladejo, recordó que «de acuerdo al Protocolo de Minnesota «las investigaciones deben orientarse a identificar no solo a los autores directos sino también a todos los demás responsables de la muerte, incluidos los funcionarios de la cadena de mando que fueron cómplices en ella».
El organismo de las Naciones Unidas instó a las autoridades a desarrollar sin dilación y por todos los medios legales disponibles una investigación pronta, exhaustiva, diligente e imparcial orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los autores de los hechos.
Además, debe haber la reparación de las víctimas y sus familiares.
«Tratándose de una muerte violenta de una mujer que pudo ser cometida por razones de género, la investigación debe permitir establecer o descartar que se trate de un femicidio y conducirse de acuerdo con los criterios de profesionalidad y responsabilidad basada en el conocimiento de las características asociadas a los femicidios», añadió el organismo en un comunicado.
La Oacnudh expresó su «profunda solidaridad hacia la familia de la víctima» y urgió a las autoridades a «adoptar todas las medidas necesarias que garanticen la no repetición de los hechos».
También reconoció los avances en la investigación por parte del Ministerio Público y reafirmó su disponibilidad para brindar asesoría técnica a las autoridades hondureñas sobre el caso.
FAMILIARES DE LA ESTUDIANTE Y DIVERSOS SECTORES EXIGEN JUSTICIA
Los familiares de Martínez dijeron hoy durante el sepelio de la universitaria que debe haber justicia y que los responsables del homicidio deben entregarse a las autoridades.
«La muerte de mi hija no quedará en la impunidad», dijo el padre de la estudiante, Luis Martínez, mientras que la madre, Norma Rodríguez, expresó que «tengan por seguro que se hará justicia para ella, ella no está sola», además de pedirle a los responsables del crimen que se entreguen.
La muerte violenta de la universitaria ha causado mucha conmoción en Honduras y la protesta de diversos sectores, principalmente de mujeres y estudiantes de enfermería en La Esperanza y Tegucigalpa, la capital del país.
En Tegucigalpa manifestantes incendiaron hoy en la plaza central una motocicleta de la Policía Nacional durante una manifestación para condenar la muerte de la estudiante hondureña.
JS
