Tegucigalpa – La nueva ley de financiamiento a las campañas políticas en Honduras, conocida como “ley de política limpia”, ya se encuentra vigente y llega cuando crece la percepción ciudadana del poder del narco en el financiamiento de campañas.
También toma fuerza en el colectivo imaginario de los hondureños que este grupo paralelo de poder comienza a hacer mella en las agendas mediáticas para generar opinión favorable.
Así lo revela la última encuesta de percepción pública del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús, conocido como los jesuitas, presentado recientemente en la capital hondureña en donde se hacen una serie de valoraciones sobre la realidad hondureña y sus perspectivas a futuro.
A la pregunta, ¿Quién cree usted que financia los procesos electorales?: El Gobierno (47.9%), el Crimen organizado (18.4%), los Partidos Políticos (15.9%), la Empresa Privada (10.4%), Otro (7.3%) y un 0.1% no sabe no respondió.
De esta forma, superado solo por el Gobierno, quien es el que paga la parte formal de los procesos electorales como lo indica la ley, el crimen organizado según los consultados es el segundo gran aportante en el financiamiento de las campañas políticas, desplazando por segundo año consecutivo en ese sondeo de opinión al sector privado.
Tras la agenda mediática
Pero el poder del narcotráfico no solo se refleja en cuanto al financiamiento de campañas electorales o su penetración en algunas esferas institucionales o de operadores de justicia, también consideran los consultados, empieza a verse en la incidencia para la opinión pública favorable.
¿Quién cree usted que influye en las noticias de los medios de comunicación?, preguntó el sondeo a los consultados. Gobierno (32.9%), Empresa Privada (24.9%), Partidos Políticos (17.3%), Crimen Organizado (9.4%) y el resto no sabe, no respondió o cree que nadie influye.
Esa percepción ciudadana sobre ese avance del crimen organizado para tratar de incidir en las agendas mediáticas puede tener varios factores, el primero relacionado con las extradiciones y los fuertes golpes al desmantelamiento de carteles que ha iniciado la administración del presidente Hernández, que resalta este hecho entre sus principales logros en el tercer año de gobierno.
El segundo puede estar ligado a la penetración que el crimen organizado, en especial el narcotráfico, tiene de algunas zonas del país donde en ciertas comunidades la gente ha salido a protestarpor los aseguramientos de bienes y las pérdidas de empleo que les daban los barones de la droga que controlaban determinados sectores, fomentando una economía sucia.
No es la primera vez que se da este tipo de manifestaciones o la protesta de pobladores a favor de un determinado edil que ha sido encausado por presuntos ilícitos de criminalidad organizada.
Política limpia, es norma vigente
Pero también hay regiones en el interior del país en donde el narco impone la agenda en los medios, nada sale en contra o determinada información no requiere el interés periodístico del momento porque se puede “ofender” a los señores. Aquí no solo el narcotráfico quiere dominar las agendas mediáticas, también ahora lo intentan hacer los líderes de las maras o pandillas. Ellos también quieren imponer sus versiones en la opinión pública como sucede en algunas regiones de México donde el periodismo renunció a las primicias para blindarse en contra de la penetración del narco o sus amenazas por no poder controlar la información.
Si bien el porcentaje de 9.4% de influencia del crimen organizado en las noticias de los medios de comunicación es considerable, debe ser un indicador que llame la atención porque hace tres años no aparecían en los sondeos.
Estas develaciones se producen en el momento que Honduras se apresta a vivir un intenso año electoral para elegir nuevas autoridades de gobierno o ratificar—por el mecanismo de la reelección presidencial que por primera se ensayará en el país—a las actuales autoridades.
Bajo este paraguas, se aprueba también una ley de financiamiento o política limpia que permitirá detectar la procedencia de los fondos que se usen en la campaña electoral y de los partidos políticos.
Esta ley de política limpia no entrará para estas elecciones primarias de marzo próximo, pero sí para los comicios generales en donde 10 partidos políticos se buscan disputar la presidencia y los otros cargos de elección popular del país.
La ley fue sancionada a fines de enero con la llegadadel secretario general de la OEA, Luís Almagro al país. Salió publicada la primera semana de febrero en el diario oficial La Gaceta, pero entrará en vigencia el 19 de abril, y según los congresistas al retorno a sesiones a fines de marzo empezará a perfilarse los requisitos para quienes serán los responsables de su aplicación que tendrá a su cargo una unidad fiscalizadora responsable de seguir la ruta al dinero de las campañas.
Entre sus novedades, esta ley contempla la suspensión del secreto bancario y tributario si los responsables de su ejecución sospechan de transacciones atípicas, previa orden judicial. También se contemplan otros mecanismos de control y rendición de cuentas que buscan cerrar la discrecionalidad con que han venido operando los institutos políticos del país y los financiadores de campañas.
La ley de política limpia será una prueba para determinar hasta dónde el poder del narco ha penetrado las estructuras políticas en Honduras, si su espíritu se aplica con los fines que fue creada. Será un termómetro para mediar de cara a las elecciones generales y post elecciones si el financiamiento del crimen organizado sigue viento en popa o empezará a ser desarticulado.
De acuerdo a la ley, si se comprueba que un candidato a cargo de elección presidencial fue financiado por el crimen organizado, puede perder su elección sin importar el nivel electivo al cual aspire. Eso señala la ley. De momento, el poder del narco o el de la corrupción tendrá en este mecanismo jurídico, una primera prueba de fuego de cara a la víspera.
