Tegucigalpa (Lilian Bonilla) – Ni el control total de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), ni los más de 12,000 millones de lempiras aprobados para el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP) han logrado frenar la histórica crisis de pérdidas energéticas que arrastra la estatal eléctrica y especialmente detener el enorme endeudamiento de la empresa estatal que alcanzan ya los 100 mil millones de lempiras con los generadores privados y que va en alza.
– Millonarias inversiones, metas incumplidas y una crisis que no cede.
– Solo entre 2022 y junio de 2025, la ENEE acumuló más de 46,000 millones de lempiras en energía no facturada, equivalente a cerca de 40 millones de lempiras diarios que el Estado deja de percibir.
– Las pérdidas continúan estancadas entre 34 % y 36 %. Honduras está entre los países con mayores niveles de pérdidas eléctricas en la región.
– Poner al frente una administración técnica y no política y una fuerte inversión en transmisión y distribución, principales desafíos para el nuevo gobierno en ENEE.
La estatal tiene dos unidades para reducir pérdidas, clave para detener y si es posible reducir el gigantesco endeudamiento, pero ninguna ha sido efectiva en que la empresa pueda reducir pérdidas técnicas y no técnicas que la mantienen un una crisis financiera permanente y con ello golpea las finanzas estatales, ya que obliga al gobierno a emitir bonos internos y en el mercado exterior para hacer frente a los compromisos de la ENEE.
A casi tres años del lanzamiento del plan insignia del saliente gobierno, los resultados se mantienen muy lejos de las metas oficiales y refuerzan las dudas sobre la viabilidad del modelo aplicado para rescatar a la empresa pública.
El PNRP fue creado con la promesa de revertir un problema estructural del sistema eléctrico hondureño: pérdidas técnicas y no técnicas que por décadas han drenado las finanzas de la ENEE. El objetivo era reducir 14 puntos porcentuales entre 2023 y 2026. Sin embargo las cifras muestran un estancamiento que contradice el discurso oficial.
Pérdidas que no bajan
Según boletines oficiales de la ENEE analizados por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), las pérdidas apenas pasaron de 36.05 % en 2022 a 35.83 % en junio de 2025. El plan original establecía que para este año debían ubicarse en 23.89 %, una diferencia de casi 12 puntos porcentuales frente a la realidad.
De acuerdo con la ASJ, la estatal podría cerrar 2025 con pérdidas cercanas al 34.40 %, incluso por encima del 33.36 % registrado en 2022, previo a la implementación formal del programa. Solo entre 2022 y junio de 2025, la ENEE acumuló más de 46,000 millones de lempiras en energía no facturada, equivalente a cerca de 40 millones de lempiras diarios que el Estado deja de percibir.
Discursos encontrados
Desde la administración de la ENEE, el gerente Erick Tejada ha defendido la gestión actual. Proyecta que la deuda flotante cerrará 2025 en unos 7,500 millones de lempiras y sostiene que las pérdidas se han reducido. Asegura que en 2022 la deuda total rondaba los 100 mil millones de lempiras y que la actual administración ha logrado contener su crecimiento tras doce años de expansión “brutal”.
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Sin embargo, el Sindicato de Trabajadores de la ENEE (STENEE) sostiene una versión distinta. Según su presidente, Miguel Aguilar, la deuda con generadores térmicos ya supera los 111 mil millones de lempiras, lo que configura “una crisis financiera sin precedentes”, mientras las pérdidas continúan estancadas entre 34 % y 36 %, manteniendo a Honduras entre los países con mayores niveles de pérdidas eléctricas en la región.
A través de redes sociales, el ministro de Energía, Erick Tejada, ha defendido los avances del PNRP. Afirma que entre 2010 y 2022 las pérdidas crecieron 16.34 %, con un impacto económico de 89,000 millones de lempiras, y que desde septiembre de 2023 la ENEE ha logrado reducirlas en 3.2 puntos porcentuales, pasando de 37.44 % a 34.25 % en abril de 2025, con la meta de cerrar el año con una reducción de cuatro puntos.
Un historial de promesas incumplidas
No obstante, incluso bajo esa proyección, la meta implícita sería cerrar 2025 en torno al 33.64 %, muy por encima del objetivo oficial del PNRP de 23.89 % y del 20.89 % proyectado para 2026. Analistas consideran esas metas prácticamente inalcanzables con la estructura actual de la estatal.
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Las cifras históricas refuerzan el escepticismo. En 2018 las pérdidas se ubicaron en 32.46 %; en 2019 subieron a 33.19 %; en 2020 escalaron hasta 37.76 %. En 2021 bajaron levemente a 33.36 %, pero el avance no se sostuvo. Con la llegada del actual gobierno, el indicador volvió a subir a 36.05 % en 2022, lo que dio paso a la creación del PNRP con la promesa de reducirlas en cuatro puntos solo en 2023. El resultado fue contrario: en 2023 las pérdidas aumentaron a 37.77 %.
En paralelo, el Congreso Nacional aprobó la Ley Especial de Energía, que creó el PNRP como una estructura paralela con autonomía presupuestaria y posteriormente la Unidad Técnica de Control de Distribución (UTCD), en sustitución del fideicomiso administrado por la Empresa Energía Honduras (EEH). Desde entonces, el Gobierno ha destinado más de 16,500 millones de lempiras entre el PNRP y la UTCD, ha contratado 4,507 empleados y ha invertido alrededor de 1,000 millones de lempiras en vehículos y equipos.
Pese a ese volumen de recursos, la ejecución ha sido limitada. Desde su creación, el PNRP ha manejado un presupuesto acumulado de 14,194 millones de lempiras, pero solo ha ejecutado 3,825.4 millones. En 2022 ejecutó el 38 % del presupuesto; en 2023, tras recortes, el 75 %; en 2024 alcanzó el 79 %; y en 2025, hasta octubre, apenas había ejecutado el 37 % del monto ampliado.
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El problema principal de la ENEE es la politización
Para el especialista en energía Kevin Rodríguez, el problema de fondo no es técnico, sino político y administrativo. En entrevista con Proceso Digital sostuvo que mientras la política partidaria continúe interfiriendo en la toma de decisiones de la ENEE, cualquier intento de rescate será limitado y temporal.
A su juicio, la estatal debe gestionarse como una empresa, tomando decisiones con criterios empresariales: contratar energía al menor costo posible, eliminar gastos innecesarios, perseguir el robo de energía y garantizar sostenibilidad financiera.
Rodríguez compara el modelo hondureño con países como Guatemala y El Salvador, donde el sector político no interfiere directamente en la operación eléctrica. En Guatemala, los contratos no pasan por el Congreso Nacional y la principal distribuidora es privada, lo que ha permitido reducir pérdidas y garantizar estabilidad. Mientras la distribución siga siendo estatal en Honduras, advierte, persistirá la lógica de que “lo que es de todos es de nadie”, y las pérdidas no técnicas difícilmente se erradicarán.
El Estado paga la crisis
El especialista también vincula directamente la crisis de la ENEE con el crecimiento de la deuda externa del país. Estima que cerca del 80 % del endeudamiento soberano adquirido entre 2015 y la actualidad está relacionado directa o indirectamente con las pérdidas de la estatal. Actualmente, calcula que la ENEE pierde alrededor de 36 millones de lempiras diarios, una sangría constante que termina trasladándose a las finanzas públicas, en otros términos la crisis de la ENEE, la pagan todos los hondureños con sus impuestos.
En materia de infraestructura, Rodríguez identifica graves cuellos de botella en transmisión y distribución, especialmente entre el sur —donde se concentra parte de la generación— y el norte del país, donde se ubica la mayor demanda. Para corregirlos, estima que se requerirían al menos 500 millones de dólares en transmisión y 600 millones de dólares en distribución, inversiones que la ENEE no está en capacidad de asumir sin la participación del sector privado.
Desde el sindicato, Miguel Aguilar, también consultado sobre la temática por Proceso Digital, reconoció que hay avances puntuales. En generación, señala que la producción estatal se ha mantenido en niveles aceptables, pese a eventos adversos en centrales como Patuca y a los mantenimientos mayores en El Cajón y Cañaveral. En transmisión, destaca la ampliación de subestaciones, mejoras en líneas y fortalecimiento de la capacidad de transformación, lo que ha incrementado la seguridad del sistema eléctrico nacional.
Sin embargo, Aguilar es crítico con la contratación de más de 300 megavatios de potencia diésel bajo esquemas de arrendamiento, una decisión que considera altamente costosa y poco sostenible, al incrementar la dependencia de combustibles fósiles y la fuga de divisas para el país.
El mayor problema, coincide con Rodríguez, está en la distribución. Aguilar sostiene que este es el eslabón más débil de la ENEE, debido a una inversión mínima y a la politización del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas. A su juicio, el PNRP fracasó no por falta de recursos, sino por la ausencia de una estrategia técnica clara y de coordinación efectiva entre las distintas unidades de la empresa.
Las consecuencias se reflejan en constantes quejas por bajo voltaje y deficiencias del servicio en regiones como el Aguán, Olancho, Ocotepeque, sectores de Francisco Morazán y San Pedro Sula. Todo ello ocurre mientras las pérdidas siguen por encima del 34 % y la deuda continúa creciendo, configurando un problema que deberá enfrentar el próximo gobierno.
Nuevo gobierno tiene un gran reto
A casi tres años de su implementación, el PNRP se encuentra atrapado entre promesas incumplidas, cifras contradictorias y resultados que no se reflejan en la realidad del sistema eléctrico. Mientras la ENEE continúe operando bajo una lógica política y no empresarial, la crisis seguirá consumiendo recursos públicos sin resolver sus causas estructurales, coinciden los conocedores.
El próximo gobierno tiene un gran desafío, con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica porque heredan una olla de presión que está hirviendo desde hace décadas sin que varias administraciones incluyendo interventoras encuentren la solución.
Solución que según los especialistas es más política que técnica, tanto Aguilar como Rodríguez advierten que el gobierno de Nasry Asfura debe ser visionario con los funcionarios que pondrá al frente de la administración de la ENEE, porque según palabras del presidente del sindicato, los actuales funcionarios pasaron 3 años en aprendizaje, por lo que quienes lleguen tienen que ser técnicos y tener conocimientos empresariales.
El desafío ya no es únicamente reducir pérdidas, sino definir si el Estado está dispuesto a reformar de fondo el modelo eléctrico, garantizar continuidad más allá de un período de gobierno y permitir un enfoque técnico que haga viable, de una vez por todas, el rescate de la empresa eléctrica y la estabilidad energética del país. LB
