Tegucigalpa – (Especial Proceso Digital) – A más de un año de la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, sigue sin revelarse los resultados de la gestión de esta comitiva integrada por varias instituciones de estatales, mientras los datos revelados tanto por el oficialismo como por la empresa privada, no coinciden y se denuncia que las invasiones más bien aumentaron.
– Con 180 empleados es difícil atender el problema agrario de Honduras, se excusó el director del INA, que agregó atienden las quejas de nueve pueblos indígenas, 27 federaciones campesinas y cuatro confederaciones.
– Para el 17 de julio está agendada una reunión con campesinos y empresa privada para abordar la problemática de las invasiones.
– “Los empresarios creen que nosotros les vamos a poner soldados para cuidarles sus propiedades, no quieren gastar en seguridad”, reprochó el director del INA.
Según datos revelados a Proceso Digital por el asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Olvin Mondragón, de 36 mil 451 manzanas de tierra invadidas que registraba el gobierno al 6 de junio cuando la presidenta Xiomara Castro anunció la creación de dicha comitiva, se pasó a 66 mil 384 la cantidad de manzanas de tierra invadidas.
Sin embargo, el director del Instituto Nacional Agrario (INA), Francisco Funes, quien preside la comisión agraria, respondió que “nadie puede desconocer que han existido paros en la toma de tierra”.
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Además del INA, la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra también está integrada de un fiscal especial, un juez con jurisdicción nacional, un comisionado de policía, un oficial de las Fuerzas Armadas de Honduras, un diputado del Congreso Nacional; el presidente de la Junta Directiva del Instituto de la Propiedad (IP) y el ministro de Desarrollo Económico.
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Cabe recordar que ninguna organización de sociedad civil, de la empresa privada o defensores de derechos humanos forma parte de la comisión creada por el Consejo Nacional de Defensa Seguridad (CNDS) para abordar la crisis agraria.
INA defiende que “ha existido paros en la toma de tierra”
El representante del gobierno, Francisco Funes, defiende que se avanza en las reformas agrarias y que contrario a lo que denuncia la empresa privada sobre el aumento de las invasiones, estas se han frenado, aunque no dio cifras concretas.
Fúnez sentenció que es difícil atender los enormes problemas agrarios con 160 empleados que tiene la institución, pero prometió que resolverá la problemática a favor de ambas partes.
Apuntó que la crítica desde el sector privado es que la comisión no ha dado resultados porque basan toda la crítica en los desalojos, al tiempo que mencionó que la resolución de la Presidenta de la República tiene bloques de acción.
Según su explicación, el primer bloque consiste en parar y contener las tomas de tierra, “por eso se llama seguridad agraria; la segunda, es dar acceso a la tierra a los campesinos para pacificar el campo, o sea castigar la tierra ociosa”.
Reunión con empresa privada
Tras un año y un mes desde que se creó la comisión agraria, Fúnez dijo que ya citaron al sector Ejecutivo y Judicial, así como otros frentes del sector privado que identificó como el Cohep y la Federación Nacional de Agricultura y Ganadería de Honduras (Fenagh), también a organizaciones campesinas.
Todos están convocados para el 17 de julio para continuar abordando la problemática.
Adelantó que en la reunión no sólo abordarán el tema de los desalojos, sino que reformas estructurales a las leyes agrarias que son oportunas para hacerle frente a esta problemática.
Consultado sobre el porqué hasta un año después se convoca a la comisión agraria integrada por el Poder Ejecutivo, respondió que “estamos entre la espada y la pared, 180 personas diarias en el INA no es nada, manejamos nueve pueblos indígenas en materia de territorio, manejamos 27 federaciones campesinas y cuatro confederaciones”.
El funcionario se quejó que el gobierno anterior les dejó una enorme mora agraria, con 1 mil expedientes que apenas han podido tabular 300.
“Estamos avanzando, el conflicto del Aguán lo vamos avanzando, pero cuesta. Lo que estoy rogando es que los sectores privados, públicos y campesinos nos pongamos de acuerdo y no se incline la balanza para un solo lado. Vamos por darle seguridad agraria, pero con reformas a las leyes”, puntualizó.
Voluntad política
El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) destaca la pasividad legislativa durante este año de gestión de la comisión agraria, donde “no ha habido progresos en las discusiones legislativas sobre la Ley de Modernización Agrícola, ni se ha abordado la reforma del Artículo 51 de la misma, por su importancia en las desigualdades relacionadas con la distribución de la tierra”.
Además, enfatiza que no se ha presentado el decreto ejecutivo que rescata el espíritu del Decreto 18-2008, el que es muy importante para atender la mora agraria y proporcionar soluciones a las comunidades campesinas.
CESPAD indica que “aunque se ha instalado una subcomisión técnica entre el Instituto de la Propiedad (IP) y el INA, está no ha presentado resultados de las investigaciones sobre propiedades denunciadas por las organizaciones campesinas”.
Mediante el Observatorio de la Conflictividad Socioterritorial de Honduras, el CESPAD indica que en el periodo comprendido entre el 6 de junio de 2023 y el 6 de junio de 2024, se registraron 30 desalojos: 27 fueron ejecutados de manera violenta y 3 fueron suspendidos.
El monitoreo señala el uso de maquinaria de empresas agroindustriales y la participación de sus empleados en los desalojos, así como el empleo excesivo de la fuerza por parte de las autoridades.
“Los crímenes, los asesinatos y las invasiones persisten en el tema agrario”, dijo a Proceso Digital el director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Carlos Hernández, al agregar que este tema es complejo ya que involucra daño a la integridad física de campesinos y ambientalistas.
Hernández recordó que en la actualidad, Honduras sigue siendo de los países en el mundo con mayor número de ambientalistas asesinados, por lo que estos indicadores dicen que la comisión agraria no está funcionando y que esta crisis requiere acciones decididas.
“Pero todo lo hacen con cálculo político”, apuntó.
Inseguridad jurídica
Para el sector privado, los resultados de este primer año del funcionamiento de la comisión agraria se quedan cortos y recuerdan que el Estado debe garantizar la protección de la propiedad privada.
La directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Paola Díaz, considera que las invasiones de tierra es un tema que sigue estando pendiente para resolver.
“Nosotros como CCIT insistimos en hacer este llamado a las autoridades para que se proceda a realizar todos los procesos que corresponda y evitar que siga siguiendo en nuestro país”.
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Díaz lamenta que en este tema terminan perdiendo todos ya que no se invaden tierras que están ociosas sino que son tierras que están con segmentos productivos, que son importantes para la producción nacional e incluso termina afectando el tema de las exportaciones.
“La imagen del gobierno se ve afectada con el incremento de estas invasiones ya que esa es la insistencia de una débil institucionalidad, lo que ahuyenta las inversiones, tanto las que están instaladas, como las futuras”, recordó el asesor legal del Cohep, Olvin Mondragón.
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Considerando que las estimaciones del Cohep apuntan a que anualmente se dejan de invertir alrededor de 2 mil 400 millones de dólares, el sector privado exige que se respete la propiedad privada para que se fortalezca el estado de derecho.
El encargado de empresas sostenibles del Cohep, Gabriel Molina, abogó para que exista un diálogo verdadero que logre ponerle fin al problema de las invasiones en Honduras.
Cuestionó que nadie vendrá a invertir al país si sabe que le irán a invadir sus terrenos.
Mientras la expresidenta de la iniciativa privada, Juliette Handal, señaló que “algunas son invasiones que a lo mejor se justifican o tienen que ser analizadas, pero otras simple y sencillamente es un irrespeto a la propiedad privada y esto no puede ser porque se aleja la inversión y genera desconfianza e incertidumbre. (VC)
