Tegucigalpa – Dos años y cinco meses han pasado desde que el Congreso Nacional nombró al pleno del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, y desde aquel entonces sus miembros han sido señalados por cometer irregularidades que van desde excesos en el ejercicio de sus funciones hasta otros que ligan con el tráfico de influencias.
– La mayoría de concejales buscaron convertirse en magistrados de la Corte de Justicia, pero no pasaron los filtros de la Junta Nominadora.
En septiembre de 2013 se nombró como concejales a Julio César Barahona, Francisco Quiroz, Teodoro Bonilla y Rolando Argueta, éste último solicitó permiso para ocupar el cargo de director de fiscales del Ministerio Público y en la actualidad es el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Además en aquella oportunidad se nombró como suplentes a Liliam Maldonado y Celino Aguilera.
Pese a que desde el Parlamento hondureño se propuso juicio político para el vicepresidente de la Judicatura, Teodoro Bonilla, este procedimiento fue desestimado por los diputados. Bonilla enfrenta actualmente un juicio por tráfico de influencias y abuso de poder luego que le solicitara a una juez que dejara en libertad a varios de sus familiares acusados por criminalidad organizada, de acuerdo a las acusaciones del Ministerio Público.
Hace unas semanas también se conoció la denuncia contra el concejal Francisco Quiroz, quien se había autonombrado como magistrado de la Corte de Apelaciones en Santa Bárbara para cuando dejara el cargo dentro de tres años.
Posteriormente el mismo Consejo de la Judicatura procedió a anular el nombramiento de Quiroz y lo dejó sin valor ni efecto, aunque para eso tuvo que estallar primero el escándalo.
Sumado a lo anterior se ha insistido que el Consejo de la Judicatura ha despedido injustificadamente a miembros de la carrera judicial. Varias demandas contra el Poder Judicial están acumuladas en lo Contencioso Administrativo.
La semana anterior el presidente del CSJ, Rolando Argueta, nombró una Mesa de Verificación con el propósito de establecer si las actuaciones del Consejo realizadas durante el período comprendido entre el 1 de agosto de 2015 al 11 de febrero de 2016 se realizaron en el marco de la ley.
Asimismo, el presidente del Poder Judicial instruyó que esta actividad debe realizarse para que el 25 de febrero de 2016 se rinda el respectivo informe que contenga los hallazgos y conclusiones.
Desde el propio Congreso Nacional ha resurgido la posibilidad de destituir al pleno de concejales y dar paso a una nueva conformación de este organismo administrador del sistema judicial.
El jefe de bancada del Partido Unificación Democrática (UD), Edwin Pavón, pidió a los actuales miembros del Consejo de la Judicatura que renuncien a sus cargos, antes que los echen, esto en base a las múltiples denuncias por el actuar de ese cuerpo administrativo.
“Ahora con la leche derramada como se dice, lo que aconsejo es que hay que separarlos absolutamente a todos y volverlos a elegir, no le veo tantas vueltas al asunto”, apuntó.
Pavón resaltó que es importante que exista un Consejo de la Judicatura para administrar mejor la justicia. “Este cuerpo judicial bien dirigido con los concejales adecuados es clave porque ha dado resultados en otros países, no puede ser que aquí seamos diferentes en todo”.
Exteriorizó que lo que procede es hacerles un estudio administrativo a los actuales concejales y determinar si se les reprueba la conducta administrativa mediante un juicio político. “Si ellos deciden interponer la renuncia antes sería mucho mejor”, asentó.
Esto golpea la institucionalidad del Poder Judicial
El representante de la Sociedad Civil, Omar Rivera, dijo que todo alto funcionario público está obligado a proceder con decoro el mandato que le otorga la ley.
“Cuando se sospecha que un funcionario público no actúa con honestidad o es mediocre en el desempeño de sus funciones, lo que procede es que las autoridades correspondientes intervengan”, señaló.
Demandó al Ministerio Público a aclarar si estos funcionarios del Consejo de la Judicatura cometieron delitos en el ejercicio de sus cargos. Además el Congreso Nacional está llamado a interpelar a los referidos concejales.
“Esta situación es un poco decepcionante porque hablamos de un cuerpo recién creado. Que varios de sus funcionarios estén involucrados en estos escándalos, golpea la institucionalidad del Poder Judicial y aumenta la falta de credibilidad de los organismos judiciales”, aseveró Rivera.
Aquilató que los concejales denunciados permanecen desconcentrados en vista que están más pendientes de lo que les puede hacer el Ministerio Público o el Congreso Nacional, que en administrar adecuadamente los recursos del Poder Judicial.
Es saludable que se produzca un cambio
En tanto el presidente de la Asociación de Jueces por la Democracia, Mario Díaz, coincidió que bajo las actuales circunstancias en las que se desenvuelve el Consejo de la Judicatura, “es saludable que se produzca una restructuración total en ese cuerpo judicial”.
Destacó que desde que la Judicatura inició sus funciones en 2013 “no han existido beneficios en el Poder Judicial bajo la premisa de la impartición de justicia. Se han dedicado a perseguir jueces y a despedir personal de manera arbitraria, algo que se pagará en el futuro porque existen muchas demandas en los juzgados de lo Contencioso Administrativo”.
El representante de los jueces dijo que en vez de fortalecer la independencia judicial, el Consejo más bien los ha limitado. “Han generado zozobra y desestimulan el trabajo de los jueces”, apuntó.
Continuó que “por otra parte varios concejales sean beneficiado personalmente, imagínese el caso de Francisco Quiroz que se había nombrado para un cargo dentro de tres años que era cuando terminaba su mandato, eso es totalmente arbitrario y antiético”.
Díaz denunció que existen muchas evidencias que establecen los nombramientos de muchos familiares o allegados en el Poder Judicial. “No han actuado en base a las expectativas del pueblo hondureño, es por eso que consideramos que el Congreso Nacional debe tomar acciones bajo todas estas denuncias”, reafirmó.
Es necesario revisar el rol del Consejo
Mientras el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix, calificó las actuaciones de los concejales como nocivas a los intereses del pueblo hondureño.
“Se aumentaron el sueldo de manera ilegal, ganan más que un magistrado; empezaron a hacer nombramientos y remociones sin ninguna justificación, enchambaron a sus familiares y luego vimos que no respetan los fallos de los jueces”, exteriorizó.
Añadió que el Partido Libre ha denunciado las irregularidades del Consejo de la Judicatura e incluso solicitaron juicio político contra Teodoro Bonilla, pero este recurso no fue apoyado en el seno de la Cámara Legislativa.
Pidió revisar cada una de las actuaciones del pleno de la Judicatura. “El día que el concejal Francisco Quiroz presentó su examen como notario ese día aparece en las planillas del Consejo como que cobró viáticos porque andaba fuera de la ciudad. A ese grado de corrupción ha llegado este órgano judicial y es oportuno que revisemos todas sus actuaciones para revertir las mismas e imponer castigos”, solicitó.
Cálix estimó que es necesario nombrar un nuevo pleno del Consejo de la Judicatura. “Lo mejor es revisar la Ley del Consejo, replantear su rol y nombrar nuevos concejales que estén comprometidos con los intereses del país”, concluyó.
Proceso Digital quiso conocer la reacción de varios miembros del Consejo de la Judicatura, pero éstos no quisieron referirse al tema por considerar que existen investigaciones en curso.
