Tegucigalpa – La desinformación se ha convertido en una amenaza creciente para la democracia a nivel global. En Honduras, un hallazgo especialmente preocupante es el uso de recursos públicos y la participación de funcionarios, empleados y becarios del Estado en la creación y difusión de contenido.
– El reconocimiento oficial de estas prácticas evidencia el riesgo de que la propaganda digital se institucionalice, afectando gravemente la transparencia y la democracia, concluyeron expertos.
Así lo revela la investigación “Operación Desinformación”, presentada en Tegucigalpa este martes por el Instituto de la Justicia. A través de un webinar diversos sectores de la sociedad hondureña reflexionaron sobre este tema. El Instituto de la Justicia es un think tank (laboratorio de ideas) del Capítulo de Transparencia Internacional comprometido con el fortalecimiento del Estado de derecho, la transparencia y la justicia en Honduras.
Hallazgos
El estudio de tres tomos fue dado a conocer ante representantes de la academia, sociedad civil, empresa privada y otros sectores, y expone con detalle cómo funcionan las redes de desinformación estatales, sus patrones de propagación en redes sociales y las rutas de acción necesarias para contrarrestar este fenómeno.
Entrevistas a profundidad con empleados y exempleados públicos, becarios y expertos, así como una revisión exhaustiva de planillas oficiales, presupuestos, contratos públicos y comunicaciones enviadas a través de plataformas de mensajería instantánea por parte de ministros y altos funcionarios, dejan en evidencia patrones de ataque desde cuentas reales y falsas que difunden propaganda y manipulan la conversación pública, apoyadas directa o indirectamente por recursos del Estado.
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La investigación señala que en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), bajo la administración del ministro anterior, se instauró un entorno de control y coerción.
Funcionarios y becarios eran instados a compartir mensajes en redes personales e incluso manejar cuentas falsas, bajo la presión implícita de que su empleo o beca dependía de cumplir estas directrices.
Asimismo, la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE habría operado como un centro de creación y difusión de contenido progobierno y de ataque a la oposición.
Con un presupuesto que se ha más que duplicado en los últimos dos años -de 417 millones de lempiras en 2023 a mil 25 millones de lempiras en 2025- la SPE concentra 278 empleados dedicados a campañas digitales, con un gasto mensual de casi 9 millones de lempiras solamente en salarios para el equipo relacionado a comunicación.
El estudio detalla que esta estructura combina páginas falsas que simulan medios independientes, operadores humanos profesionales y el uso experimental de inteligencia artificial para generar contenido propagandístico y desinformativo.
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El Instituto de la Justicia alertó que el uso de fondos públicos y la participación de altos funcionarios en campañas de desinformación representan una grave amenaza para la democracia y la libertad de expresión en Honduras.
La investigación concluye que estas operaciones son planificadas y financiadas desde el Estado, haciendo mal uso de recursos que podrían haber sido invertidos en áreas esenciales como educación y salud.
El uso de grandes cantidades de recursos públicos para propaganda política puede erosionar la transparencia y fomenta el miedo, la autocensura y el descrédito hacia quienes fiscalizan al poder.
Proceso electoral hondureño
Kurt Alan Ver Beeck, director del Instituto de la Justicia, explicó que la idea de este estudio nació hace nueve meses en el contexto electoral hondureño.
Alertó que la desinformación a través de la inteligencia artificial es cada vez más común y eso puede ser decisivo para ganar o perder unas elecciones.
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Para realizar el estudio se planteó inicialmente la pregunta ¿cómo se está utilizando la desinformación para influir de manera indebida en elecciones democráticas en Honduras?, explicó.
También se trazó la cuestionante ¿qué lecciones podemos aprender de ello –y de experiencias en otros países- para mitigar el efecto negativo de la desinformación en la democracia?
Si bien se puede hablar de efectos positivos de la desinformación, para la democracia son todos efectos negativos, enfatizó.
Resumió que el primer tomo del estudio realizado por la doctora Delia Ferreira tiene contexto más global sobre la desinformación y su impacto en la democracia. Entre tanto, el segundo tomo realizado por el periodista Robert Marin trata sobre tropas digitales de desinformación en Honduras. El tercer tomo trata sobre la red digital de desinformación gubernamental realizado por el politólogo Héctor Corrales.
Preocupa polarización previo a elecciones
Por su parte, los periodistas Jennifer Ávila, directora de Contracorriente y Mario Cerna, fundador de Honduras Verifica, fueron los encargados de comentar el estudio y concluyeron que preocupa la polarización que existe en Honduras previo a elecciones.
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Para la periodista Jennifer Ávila es preocupante que la polarización se convierta en violencia. También existen campañas coordinadas para beneficiar a la candidata oficialista. Es preocupante la proliferación de medios digitales que tienen origen en el Gobierno para promover su narrativa.
De su lado, el periodista Mario Cerna destacó que en el ecosistema digital hondureño donde existen nuevas audiencias integrándose con un total de siete millones con acceso a internet, esta polarización es de suma preocupación.
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El hecho que exista un sistemático y estructurado trabajo en el tema de desinformación generado desde la estructura del Gobierno, preocupa porque esto reafirma algunas teorías y se concluye que en general este tema de erosionar la confianza afecta a los periodistas con autocensura en Honduras.
Concluyó que los mensajes de odio se propagan a través de la desinformación, vienen a minar más la confianza de la población. Lo anterior potencia la polarización y la polarización provoca silencio público y el debilitamiento del sistema democrático. (RO)
