Un siniestro de grandes proporciones acabó con la vida de una mujer y 359 reclusos en la cárcel de Comayagua, la noche del miércoles 14 y la madrugada del 15 de febrero, convirtiéndola en una de las mayores tragedias carcelarias en Latinoamérica.
En base a los hallazgos de la IRT, la causa del fuego se cree haber sido una llama abierta (el origen del cual podría incluirse, pero no se limita a, un cigarro, un encendedor, fósforos etc.), aunque la fuente real de la ignición no fue recuperada.
Según una nota de prensa divulgada esta tarde por la embajada estadounidense, “se cree que el fuego habría iniciado en la zona superior de dos literas en la cuarta columna a lo largo del área occidental del módulo seis de la prisión, lo cual encendió los materiales inflamables cercanos”.
Durante el curso de la investigación, la IRT fue capaz de descartar otras causas posibles del fuego, tales como un rayo, causas eléctricas, o el uso de líquido inflamable o combustible.
Agrega la publicación que “la IRT preparará un informe oficial que será remitido por la sede de la ATF a la Embajada de los Estados Unidos en Honduras para luego ser entregado al gobierno de Honduras”.
Si bien la causa del fuego ha sido clasificada como accidental, este trágico suceso ha centrado la atención en las prácticas inadecuadas de seguridad en el sistema penitenciario hondureño, tales como la superpoblación, la presencia de materiales inflamables, la falta de personal en servicio, y la falta de un plan de evacuación viable para los reclusos.
Los Estados Unidos urge a una acción rápida en la elaboración y promulgación de reformas necesarias para garantizar la seguridad, la salud, y los derechos humanos de los prisioneros hondureños con el fin de prevenir tragedias similares en el futuro.
El sistema penitenciario hondureño cuenta con 24 cárceles, las que albergan alrededor de 13 mil reclusos cuando su real capacidad es para 8 mil internos, por lo que hay un hacinamiento que va en detrimento de los derechos humanos de los privados de libertad.
