Tegucigalpa– Este sábado vence la ampliación del estado de excepción, mismo que ha sido cuestionado grandemente por diversos sectores, esto considerándolo inconstitucional y con una baja eficiencia ante los asesinatos de mujeres, jóvenes y alzas a la extorsión.
-La organización Cristosal alertó que un estado de excepción en año electivo podría deslegitimar el proceso electoral.
La medida se ha extendido en 22 ocasiones desde el año 2022, fue aprobada de forma parcial, pero con el paso de la administración Dde la presidenta Xiomara Castro se ha convertido en algo permanente.
El estado de excepción ha sido cuestionado por los diferentes sectores del país, pero defendido por los órganos de seguridad.
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Asimismo, ha sido publicado en el Diario Oficial La Gaceta sin ser ratificado en el Congreso Nacional.
Esta medida nació con el decreto PCM 29-2022, siendo implementada desde el 6 de diciembre de 2022 por un período de 45 días, y limita las garantías y derechos constitucionales de libertad personal, libertad de asociación y reunión, derecho a la circulación, protección contra la detención arbitraria, rendición de caución y, la inviolabilidad del domicilio.
La justificación fue combatir el crimen organizado y la delincuencia común, especialmente la extorsión, época donde este ilícito causaba un grave perjuicio a la ciudadanía hondureña. Pero el mal nunca logró controlarse a tenor de un informe de la ASJ que establece que más de 384 mil familias son víctimas de la extorsión en Honduras.
Ahora han transcurrido más de mil días desde que se empezó a implementar la medida, con 22 ampliaciones, y con altas probabilidades de que siga extendiéndose durante el resto de 2025 en pleno año electoral.
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Muchos analistas, sectores sociales y hasta la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han señalado que ya es momento que se deje de implementar esta medida señalando que los estados de excepción son parciales y no permanentes.
Advirtieron que la vigencia de esta medida pone en riesgo derechos fundamentales cometiendo violaciones como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, allanamientos sin control judicial atribuidas a cuerpos de seguridad.
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Incluso ya hay registro de quejas y denuncias de la ciudadanía de abusos de los cuerpos de seguridad bajo el nombre del estado de excepción parcial.
Solo el Comisionando Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) registra más de 800 quejas contra miembros de los cuerpos de seguridad bajo el estado de excepción.
Las denuncias registradas son que suponen responsables a los cuerpos de seguridad de delitos como tortura, privación ilegal de la libertad, asociación para delinquir, falso testimonio, abuso de autoridad, allanamiento de morada, robo y otros.
Históricamente, Honduras enfrenta una grave situación de violencia que afecta a importantes sectores de la población, son víctimas de la extorsión y delitos conexos cometidos por organizaciones criminales. IR
