Tegucigalpa – Honduras se prepara para las elecciones generales del próximo 30 de noviembre, en las que más de 6.3 millones de ciudadanos están llamados a elegir presidente, diputados, alcaldes y regidores. Al margen de las encuestas, que han perdido credibilidad por su proliferación y falta de transparencia, el foco está puesto en la capacidad del Consejo Nacional Electoral (CNE) de garantizar un proceso confiable, en medio de cuestionamientos sobre la transmisión de resultados, denuncias de desinformación y la presión internacional y nacional por la limpieza de los comicios.
– Con más de 6 millones de votantes, el país tiene su destino en manos de un CNE que no termina de generar certidumbre.
De acuerdo con el cronograma oficial, los hondureños deberán elegir no solo al próximo presidente de la República, sino también a 128 diputados al Congreso Nacional, 20 representantes al Parlamento Centroamericano (Parlacen), 298 alcaldes y más de 2,000 regidores municipales. El resultado marcará el rumbo político del país en un contexto de fuertes demandas sociales, deterioro de la confianza institucional y exigencias de mayor transparencia.
Bajo la lupa
El Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) son los órganos llamados a garantizar la transparencia. Sin embargo, diversas organizaciones de observación nacional e internacional han advertido que persisten desafíos en la tecnología de transmisión de resultados preliminares, así como en la credibilidad del padrón electoral.
A esto se suma la presión ciudadana por evitar cualquier atisbo de manipulación en un país donde los comicios han estado históricamente marcados por la polarización pero que en esta oportunidad, el acento en la confrontación es aún más marcado especialmente por el prolongado estado de excepción que afecta al país y que ya deja desapariciones de personas entre otras violaciones a los derechos humanos imputadas a los cuerpos de seguridad.
A esto se suman los discursos de odio y confrontación entre políticos.
Pero las violencias en Honduras son cada vez más profundas y están marcadas por problemas estructurales que se han acentuado en los últimos años como el creciente desempleo, la escasa inversión, la inseguridad ciudadana y jurídica, la impunidad, una corrupción sin límites, nepotismo, precaria salud, extrema fragilidad climática, narcotráfico y crimen organizado, entre las multicausas que hacen un cóctel cada vez más potente.
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Así, el proceso electoral también afronta el fantasma de la desinformación porque además de los cuestionamientos técnicos, el proceso sobrelleva la amenaza de las campañas de desinformación electoral. Campañas en redes sociales con narrativas de fraude, teorías de manipulación y ataques a los árbitros electorales se han intensificado desde septiembre, generando un ambiente de incertidumbre que podría minar la confianza ciudadana en el conteo final.
Expertos advierten que, sin un combate frontal a estas prácticas, el riesgo de que la legitimidad del proceso quede en entredicho es alto.
Lo que está en juego, más allá de quién resulte ganador, lo que estará en disputa el próximo 30 de noviembre es la fortaleza del sistema democrático hondureño.
Para analistas y observadores, el reto principal es que la jornada se desarrolle con normalidad, que los resultados sean transmitidos con transparencia y que los contendientes acepten los datos oficiales, evitando un escenario de crisis postelectoral que afecte la gobernabilidad y la estabilidad del país.
La presión internacional y expectativas de la comunidad internacional, particularmente la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos, ha reiterado su disposición a acompañar el proceso como observadores.
Para ellos, Honduras tiene una oportunidad crucial de demostrar que puede avanzar hacia comicios creíbles y pacíficos.
En paralelo, sectores empresariales y sociales llaman a que los candidatos centren el debate en propuestas para enfrentar los problemas urgentes del país: seguridad, corrupción, empleo y costo de vida.
Pero la falta de coherencia en los mensajes que emanan de las cabezas del CNE generan más inquietudes que certidumbre entre la ciudadanía.
Los tiempos para el día de las elecciones del 30 de noviembre se acortan y los pendientes requieren coherencia, unidad y esfuerzos legítimos en favor de lograr un proceso verdaderamente democrático y transparente de parte de los consejeros Ana Hall, Marlon Ochoa y Cosette López que deben basar sus esfuerzos en el interés nacional.
Igualmente, la sociedad civil y la comunidad internacional demandan una observación amplia, normada en base a los protocolos internacionales que les permitan la independencia y contribución directa con un proceso limpio y sin cortapisas.
La cita con las urnas del 30 de noviembre no solo definirá al próximo gobierno, sino que pondrá a prueba la capacidad de Honduras para organizar unas elecciones íntegras y confiables.
La transparencia del proceso será la clave para que los resultados se traduzcan en estabilidad política y en un nuevo pacto de confianza con la ciudadanía. (PD).
