Tegucigalpa – Odir Fernández, jefe de la Unidad de Investigaciones y Seguimiento de Casos del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), dice tener conocimiento que hay algunas órdenes de extradición que no han sido atendidas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Refirió que como órgano anticorrupción jamás contribuirían para que la justicia no alcance a los detractores de la patria, lo anterior para referirse a las posibles acciones del CNA que podrían entorpecer los procesos judiciales de la justicia de Estados Unidos en Honduras.
Condenó el hecho que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pretende otorgar sobreseimientos a casos grandes de corrupción, esto ante el temor de ser removidas por medio de un juicio político “quieren dejar instalada la impunidad en Honduras”, externó.
En ese sentido, el representante de la sociedad civil hondureña, añadió “somos de la idea que se debe exigir justicia sin limitar las eventuales extradiciones que puedan darse”. Esto por las órdenes de extradición que están en proceso en el país centroamericano.
Y es que el auto acordado entre Honduras y Estados Unidos, para el tema de las extradiciones, expresa que una vez que el imputado enfrente cargos judiciales en la nación, la solicitud de extradición hacia Norteamérica no procede.
Sin embargo, Fernández, es del criterio que independientemente de las acusaciones que pueda tener un hondureño, una vez que este haya sido pedido en extradición “el Estado de Honduras, está obligado a que la misma proceda”.
El investigador, reveló sin dar mayores detalles que CNA, tiene conocimiento que existen otras órdenes de extradición en la Corte Suprema, por lo que “jamán limitarían, que se evite justicia contra los corruptos que tienen al país sumergido en la pobreza y miseria”.
Asimismo agregó en declaraciones a Radio América que la corrupción y la impunidad, seguirá ocurriendo en Honduras, mientras se tengan las mismas autoridades en la Fiscalía General de la República y mientras no se cambie la Corte Suprema de Justicia.
Unos 27 nacionales enfrentaron proceso de extradición en Honduras desde que se ratificó la reforma al artículo 102 de la Constitución de la República en enero de 2012, procedimiento que permitió la entrega de hondureños por narcotráfico, lavado de activos y terrorismo.
El primero en ser extraditado, tras la reforma constitucional fue Carlos Arnaldo “El Negro” Lobo en mayo de 2014, las últimas tres que se ejecutaron en Honduras, ocurrieron el año anterior y fueron: Martín Alfonzo Díaz, Fredy Donaldo Mármol y Michael Dixon Rivers. JP
