«Resistiremos los atropellos del caudillo», dijo a Efe Alberto Federico Ravell, poseedor de un 10% de las acciones de la emisora, de la que fue su director hasta hace pocas semanas y desde donde destacó por su posición contraria al Gobierno de Hugo Chávez.
La emisora ya había remarcado, en un comunicado redactado casi inmediatamente después de que Chávez hiciera pública el martes su intención de que el Estado pase a controlar casi el 50% de la emisora, que su línea editorial «ni se expropia ni se interviene».
El presidente sumó el 28,5% accionarial que, según dijo, tiene el banquero Nelson Mezerhane, dueño de un banco recientemente intervenido por el Estado por falta de liquidez, al 20% de Luis Nuñez, accionista recientemente fallecido, porcentaje que «está en el aire», de acuerdo con sus palabras.
Sin embargo, para Ravell, Chávez «se equivocó en su baile de cifras», porque «como máximo» puede hacerse de un 25% correspondiente a la participación de Mezerhane.
Mezerhane está prófugo de la justicia venezolana, al igual que el presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, este último imputado en una causa judicial por usura y asociación para delinquir, a causa del presunto ocultamiento de unos vehículos para su posterior venta a precios «inflados».
Ambos se encuentran en Estados Unidos y Chávez ha pedido públicamente al Gobierno de Barack Obama que extradite al banquero, porque a su juicio es «un ladrón» que «se robó la plata de los ahorristas».
Precisamente el gobernante espera hacerse de las propiedades de Mezerhane, entre ellas su participación en Globovisión, para recuperar parte de los 1.600 millones de dólares que calculó como «el aproximado de los ahorros» de los 600.000 clientes del banco intervenido.
Ese monto ha empezado a ser repuesto por la banca estatal a los clientes del banco intervenido.
Chávez también confía en que pase al Estado el 20% de las acciones que estaban en poder del accionista fallecido, alegando que los derechos de herencia no existen en los contratos de concesión del espectro de las ondas de televisión.
Según el gobernante, con ese traspaso de acciones «nadie podrá decir» que su Gobierno «está expropiando».
Peo Ravell descartó que el Ejecutivo, «si actúa legalmente», pueda hacerse del 10% de las acciones en su poder, del 20% que atribuyó a la hija y heredera de Luis Núñez y del 45% de Zuloaga.
Además, agregó Ravell, «ni siquiera en el supuesto negado» de que Chávez actuara «con legalidad», podría llegar a incidir en el directorio de la emisora «como para meterse en la redacción».
No obstante, «todo puede ocurrir» en un país que Chávez ha tornado «autocrático, en el que no existe división de poderes y donde se violan las leyes de manera constante», añadió Ravell.
También dijo no comprender cómo el presidente venezolano quiere «convertirse en accionista de un canal al que ha calificado en repetidas ocasiones de golpista».
Tildó asimismo de «pura fantasía» que Mario Silva y Alberto Noria, mordaces comunicadores afines a Chávez del canal estatal VTV, puedan pasar a formar parte de la directiva de Globovisión, tal y como propuso el mandatario.
Ravell atribuyó la «nueva arremetida» contra Globovisión como «un trapo rojo» de Chávez en un intento por «ocultar» los diferentes problemas del país, especialmente «la que se le viene encima mañana, cuando Colombia presente ante la Organización de Estados Americanos (OEA) las pruebas de que líderes guerrilleros colombianos se encuentran en Venezuela», manifestó.
Ravell también destacó que tras hablar con los trabajadores de Globovisión los ha encontrado «con más ganas de trabajar, más duro y salir a la calle a cubrir sus noticias».
