Tegucigalpa (Especial Proceso Digital ) – La administración de Xiomara Castro intensificó la tarea de varios ministros y altos cargos de tener dos o más funciones en la administración pública, lindando así entre la ética y la legalidad.
-Funcionarios “todólogos” ponen en riesgo eficacia y eficiencia en las instituciones.
Ministerios, empresas, institutos y agencias estatales, son, en muchos casos, un puesto más en las funciones de un hombre o una mujer que ostentan dos y hasta tres sombreros lo que, hace que analistas cuestionan sobre la eficiencia, transparencia y el desempeño ético en la gestión estatal.
Activistas anticorrupción y especialistas en administración pública, destacan que esta situación no solo genera dudas sobre la capacidad de los funcionarios para cumplir con ambas responsabilidades, sino también sobre el uso eficiente de los recursos del Estado.
No solo es cuestión de tiempo, ni de remuneración o los conflictos éticos el aceptar tareas que no se pueden cumplir, sino también las implicaciones que trae para la sociedad, porque de forma general los ministros ni siquiera pueden con su cartera, menos con dos y más, aún si se trata de instituciones altamente demandantes como son, por ejemplo, las secretarías de Salud y Energía.
Una promesa de cambio incumplida
Aunque el gobierno de Xiomara Castro prometió ser diferente, las prácticas administrativas cuestionables de gobiernos anteriores se han mantenido. La vigencia del Código de Ética del Funcionario Público parece haber quedado en el olvido, cada gobierno promete nombrar funcionarios competentes con las capacidades técnicas que requiere cada puesto, sin embargo, luego persiste la prevalencia de la militancia política.
El gobierno de la refundación pregonaba que sería diferente, pero además de caracterizarse por el nepotismo, también se caracteriza por la dualidad de sus funcionarios y el nombramiento de juntas interventoras, hechos extendidos en el actual mandato de la presidenta Castro.
Uno de los casos más destacados es el de Héctor Zelaya, tanto por nepotismo al ser hijo de la mandataria, como por duplicidad de funciones, ya que es secretario privado de la Presidenta Castro y presidente de la comisión encargada de la construcción del tren interoceánico.
Otro caso es el del secretario de Energía, Erik Tejada, quien también desde febrero de 2022, funge como gerente provisional de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Pese a que su nombramiento en la ENEE fue anunciado como temporal, Tejada continúa desempeñándose en ambos roles.
El presidente de Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Marcio Sierra, quien también asumió un segundo rol como titular de la Dirección de Gestión por Resultados (Diger).
Igualmente, el comisionado Sierra tiene a su cargo el equipo que maneja el regreso de Honduras a la Cuenta del Milenio, el cual ha sido aplazado en los tres años de la actual administración.
Y uno de los más cuestionados en los últimos días es justamente el caso de la ministra de Salud, Carla Paredes, quien tiene a su cargo una de las instituciones más demandantes y conflictivas, sin embargo, la presidenta Castro la nombró titular de la comisión interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social, otra institución que requiere tiempo completo y ni aun así los anteriores directores han logrado enderezar la institución.
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Otro ejemplo, es el de Amable de Jesús Hernández, alcalde de San José de Colinas, Santa Bárbara, y director interino del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp). Hernández justificó la duplicidad señalando que la corporación municipal le otorgó un permiso, sin embargo, según análisis políticos este tipo de casos son considerados por la población como un engaño pues estos personajes políticos son electos para un puesto y luego asumen otro en el Ejecutivo.
Esta concentración de funciones plantea cuestionamientos sobre la capacidad de los funcionarios para cumplir adecuadamente con sus responsabilidades.
Rotación de «comodines» y falta de planificación
La práctica de asignar múltiples cargos no se limita a los casos mencionados. Otros funcionarios, como Rixi Moncada, Marlon Ochoa, Octavio Pineda y Christian Duarte han sido movidos de un puesto a otro, siendo designados como «comodines» dentro del aparato estatal. Moncada, por ejemplo, ha ocupado roles en Finanzas, Defensa, además de negociadora en la comisión para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. (CICIH).
La duplicidad de cargos en la administración pública es una práctica que requiere regulación inmediata. El gobierno debe establecer mecanismos claros de evaluación y planificación, así como promover reformas legislativas que pongan fin a estas irregularidades. Solo así se garantizará un servicio público eficiente, ético y en beneficio de la población hondureña, señalan actores de la sociedad civil.
«Un problema de eficiencia y posibles conflictos legales»
La especialista en Finanzas de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Liliam Rivera, criticó la práctica de asignar doble función a ministros en el gobierno, señalando que esta situación genera ineficiencia en la gestión pública y puede derivar en conflictos legales.
Rivera destacó que el desempeño eficiente de los cargos queda comprometido cuando una persona asume múltiples responsabilidades. “Con dos o más funciones, los ministros no pueden desempeñar eficientemente los roles para los que son nombrados, y al final esto repercute en deficiencias que sufre directamente la población”, aseguró.
En el ámbito de la salud, Rivera mencionó que la participación del ministro en la junta directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) plantea un conflicto evidente. “El ministro de Salud tiene una responsabilidad dentro de la junta directiva del Seguro Social, lo que lo convierte en juez y parte. Esto no solo genera un conflicto de intereses, sino que también podría derivar en irresponsabilidad al intentar manejar ambas funciones”, explicó.
La experta también expuso un caso similar en el sector energético, donde el ministro de Energía tiene un rol directo en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). “Ahí hay un conflicto evidente porque, por un lado, la Secretaría de Energía hace transferencias presupuestarias a la ENEE para temas de inversión y subsidios, y por otro lado, el mismo ministro, en su rol dentro de la ENEE, está recibiendo esas transferencias. Esto es un tema delicado en cuanto a la administración de recursos y podría desencadenar problemas legales más adelante”, advirtió.
Rivera hizo un llamado a reflexionar sobre estas prácticas y sus implicaciones. Según su análisis, esta duplicidad de roles no solo afecta la eficiencia gubernamental, sino que podría comprometer la transparencia y generar riesgos en el manejo de recursos públicos. “Es necesario revisar estas situaciones para evitar que las decisiones administrativas terminen afectando tanto a la población como a la legalidad misma de las gestiones.
Una práctica recurrente, pero inconcebible e inaceptable
El analista político Olban Valladares se pronunció sobre esta práctica del gobierno de nombrar a funcionarios en doble función, calificándola como una señal de inestabilidad gubernamental y de una alarmante falta de personal capacitado dentro del equipo de trabajo de la administración de Xiomara Castro.
Valladares, en entrevista con Proceso Digital, reconoció que este tipo de medidas no son nuevas en Honduras. “Allá por los años 50 tuvimos un jefe de Estado que también era ministro de Hacienda y Crédito Público. Esto ha sido una práctica común, pero lo único que refleja es, en primer lugar, es una escasez de gente capaz dentro de los cuadros del gobierno. No es posible que se haga uso de las mismas personas en diferentes puestos, especialmente en cargos que requieran dedicación absoluta”, zanjó.
Valladares cuestionó si esta decisión responde a una falta de personal idóneo o una carencia de confianza de la presidente en su equipo. En el caso específico de la ministra Carla Paredes expresó “Es absurdo, el IHSS y el ministerio de Salud enfrentan crisis severas, y no es concebible que una sola persona pueda asumir ambas responsabilidades con eficiencia. Esto es descuidar uno de los dos roles, si no ambos”, afirmó.
Finalmente, Valladares insistió en la necesidad de regular este tipo de prácticas para evitar que se sigan tomando decisiones que, en su opinión, caen en el campo de lo absurdo. “No se trata solo de si es ético, moral o legal; la pregunta es si es funcional. Esto debería ser regulado, porque no podemos seguir permitiendo situaciones tan inconcebibles en el manejo del Estado”, concluyó.
En los mismos términos se pronunció el sociólogo Pablo Carías, quien expresó su preocupación ante la creciente práctica del gobierno de Xiomara Castro de asignar doble y hasta triple función a los ministros, calificándola como un reflejo de la carencia de personal calificado y de confianza en su propia administración.
«Es una mala costumbre, tanto del gobierno actual como de los anteriores, asignar múltiples responsabilidades a una sola persona. Esto da la impresión de que no se cuenta con los cuadros profesionales necesarios para repartir las funciones del Estado, dijo a Proceso Digital.
El sociólogo destacó que esta práctica no solo es ineficiente, sino que también sobrecarga a los funcionarios, convirtiéndolos en una suerte de «todólogos». «El dicho popular es claro: ‘El que mucho abarca, poco aprieta’. Ninguna persona, por más carismática o capaz que sea, está preparada para cumplir varias funciones simultáneamente, especialmente cuando estas exigen dedicación exclusiva», afirmó.
El sociólogo citó el caso particular del ministro de Energía, quien simultáneamente ejerce como gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). “Por el amor de Dios, ¿acaso no hay especialistas para ocupar esos cargos? Esta irresponsabilidad demuestra una falta de planificación y una gestión ética cuestionable”, enfatizó.
El sociólogo concluyó que estas decisiones reflejan un problema más profundo en la administración pública: “O no hay personal de confianza con la experiencia y formación necesarias, o los funcionarios se han convertido en una especie de ‘arréglalo todo’. Es una práctica dañina que no solo afecta la funcionalidad del Estado, sino que también tiene implicaciones éticas y morales. No se trata de si reciben pago o no, sino de si realmente pueden cumplir con las funciones asignadas.
En conclusión, los especialistas apuntan que la situación planteada de los “dobles sombreros” en la administración pública, genera serias dudas sobre la efectividad de la administración actual para garantizar la transparencia y el buen uso de los recursos públicos, temas que continúan siendo motivo de preocupación entre diversos sectores de la sociedad hondureña. LB
