La dirigencia sindical ha adelantado que el presidente Manuel Zelaya podría conceder dicha petición a fin de otorgarles un beneficio para celebrar el Primero de Mayo, fecha en que se celebra el Día Internacional del Trabajador, y con ello castigar a los grupos empresariales a los cuales adversa el gobierno.
El otorgamiento del décimo quinto salario sería el complemento para el gobierno, luego de poner en vigencia este año un incremento al salario mínimo de 5,500 lempiras para los trabajadores del sector urbano y 4,505 para los del sector rural y que dejo más de 25,000 trabajadores desempleados en una primera medición hecha por el sector privado, ya que las empresas no pudieron soportar la carga abultada en sus planillas salariales.
Entregar las llaves
Dirigentes del sector de las micros, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) señalaron desde ya su oposición a la concesión del décimo quinto salario y adelantaron que sería entregar las llaves de sus empresas al gobierno.
El sector dijo que fue el más castigado con el aumento al salario mínimo, ya que para ellos representó incrementos superiores al 200 por ciento, mientras que para las grandes empresas apenas fue del 62 por ciento, y pagar otro salario suplementario significaría la ruina para sus emprendimientos. Indicaron que la famosa oferta del gobierno de otorgar líneas de crédito de 1,000-2,000 millones de lempiras para las Mipymes no ha resultado hasta la fecha, ya que apenas se concedieron préstamos menores al cuarto millón de lempiras a unas cuantas empresas pequeñas.Según analistas financieros, el décimo quinto salario sería un castigo para los trabajadores que sean despedidos de sus puestos, mientras los que lo reciban sentirían el impacto del aumento generalizado de precios de bienes y servicios
Además de castigar a los trabajadores, ya que otra ronda de despidos estaría a la vuelta de la esquina de parte de las empresas que no logran soportar los incrementos de costos salariales, también se afecta a los consumidores, ya que los precios de los bienes y servicios sufren alzas a fin de equilibrar los incrementos de gastos, como ya ocurrió en el primer trimestre con el salario mínimo.
Otro afectado directo sería el pueblo en general y el gobierno en particular, ya que los incrementos se traducen en mayor gasto público, en especial en la masa salarial, ya que los primeros beneficiados son la maquinaria burocrática del Estado.
Actualmente el mismo gobierno no puede definir su presupuesto de ingresos y egresos en parte porque la secretaría de Finanzas está viendo como impacta el incremento del salario mínimo en los gastos salariales.
Instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y el Ministerio de Educación están lidiando para hacer frente al nuevo salario mínimo. La universidad pública tiene demandas de más de 600 millones de lempiras de sus trabajadores que reclaman se ajuste techo salarial.
Alternativas
Ante la amenaza del gobierno y del sector sindical, ha surgido una propuesta de salvaguardar los empleos del sector formal y de esa forma apoyar a las familias hondureñas que en estos momentos de crisis lo que buscan es la seguridad del ingreso del jefe de hogar.
Según detalles de un estudio al que Proceso Digital tuvo acceso, para ello se plantea que se impulse el modelo de pensiones a fin que los trabajadores tengan estabilidad presente y seguridad futura. Esta propuesta se conoce como modelo de Seguridad Social y Prosperidad Económica y para a cual se impulsaría los regímenes de previsión social, que ya operan en países como El Salvador, Chile y otros con un nivel de éxito.Hay incertidumbre en sector privado en cuanto a que el gobierno aplique dicha medida, con lo cual agregaría otra pesada carga a las planillas salariales de las empresas y del mismo Estado
El régimen de pensiones privadas, que sería complemento de los actuales regímenes como el Seguro Social y otros existentes a nivel público y privado, sería la alternativa ideal para los trabajadores, según expertos del sector.
El mismo se formaría con aportes del trabajador en un porcentaje de su salario y las empresas aportarían otro porcentaje, las cuales se colocarían en una cuenta individual que redituaría intereses para el empleado y gozaría de los beneficios al final de su vida laboral.
Actualmente las pensiones que paga el Seguro Social y otros entes como las previsiones de los empleados públicos, maestros, militares y otros, son limitadas y sus beneficiarios se quejan que no están acorde con sus necesidades.
La propuesta destaca que se apruebe una ley del Sistema de Protección Laboral Generación de Riqueza y dentro de la misma se daría lugar a la formación del Régimen de Previsión Solidaria.
Para ello se crearía Régimen de Aportes Complementarios (RAC) para lo cual las empresas aportarían un 8.3 por ciento del salario ordinario, de los cuales el 5.5 por ciento del salario para constituir la Subcuenta Individual de Reserva, un 1 por ciento para comprar un seguro de Invalidez y muerte, otro 1.3 por ciento para la cuenta subespecial de retiro y un 0.5 por ciento para el pago de comisiones por gestión administrativa.
Además de proteger los actuales empleos a los hogares en estos tiempos de crisis, de ofrecer seguridad al futuro a las familias, la propuesta asegura también que se fomente el ahorro familiar y nacional, ya que ello permitiría constituir grandes fondos con los cuales se pueden financiar grandes proyectos nacionales a largo plazo y tasas competitivas, generando con ello los recursos que permitan el desarrollo hondureño.
