San Pedro Sula – Fiscales del Ministerio Público en San Pedro Sula, quienes son pagados con fondos de la Tasa de Seguridad, denunciaron este jueves que tienen cuatro meses sin recibir sueldo, una situación que es recurrente.
– El portavoz del MP, Yuri Mora, dijo que a las personas que no se les ha pagado son las que reciben su salario mediante la Tasa de Seguridad, sin embargo se está procediendo a honrar esos compromisos
– Se trata de 90 millones de lempiras anuales que son utilizados para el pago de 200 personas que forman parte de una planilla complementaria de la Fiscalía.
El presidente de la Asociación de Fiscales en esta ciudad, abogado Alejandro Sevilla, refirió que esta situación se viene presentando desde hace cinco años con un grupo de fiscales que fueron contratados mediante fondos de la Tasa de Seguridad.
Añadió que se estima que los afectados son un promedio de 30 fiscales, pero posteriormente, se han venido contratando nuevas generaciones de fiscales dentro del Ministerio Público, pero con fondos de la Tasa de Seguridad.
Precisó que la contratación más grande que se hizo ocurrió en 2015 cuando se contrató a 158 fiscales en un solo día, de los cuales se estima que entre 40 y 60 profesionales del derecho fueron asignados a esta ciudad, aparte de los 30 que son pagados con fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional.
“Lo que queremos es que esos fondos se destinen para resolver otras cuestiones dentro del Ministerio Público y que a los compañeros los agreguen; no es posible que le estén pagando el salario a los compañeros a través de la Tasa de Seguridad cuando la finalidad de esa tasa es suplir otras necesidades que no están comprendidas dentro del presupuesto de la institución”, arguyó Sevilla.
Añadió que cuando se va a contratar a un fiscal, la dirección de Recursos Humanos debe presentar un estudio sobre el impacto económico al Fiscal General o a la autoridad que corresponda y a partir de ese momento se toma una decisión si puede el Ministerio Público absorber o no esos gastos.
Asimismo, indicó que se les paga hasta con 10 días de retraso y los afectados no pueden hacerles frente a sus compromisos como el pago de las tarjetas de crédito.
Aseveró que no han considerado un paro de labores porque no desean faltarle a la sociedad y estar de brazos caídos no permitiría el acceso a la justicia a la ciudadanía.
