La Federación denunció que la administración del actual gobernante, Roberto Micheletti, haya emitido un decreto que «permite cierres, restricciones y censura de los medios favorables al presidente legítimo».
Así, indicó que respalda las demandas de sus afiliados en la región y las de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC), que exigen el cese de todas las agresiones contra los medios que intentan «informar libremente de la crisis o de las actividades de Manuel Zelaya», derrocado a finales de junio pasado por un golpe de Estado.
La FIP también destacó la petición de garantías de la relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), que ha constatado «un nuevo empeoramiento de la libertad de información y de los periodistas» desde que Zelaya regresó a Honduras y se refugió en la embajada de Brasil hace más de una semana.
Según la relatoría de la OEA, Canal 36 y Radio Globo ya habían sufrido antes bloqueos, así como cortes del suministro eléctrico y de los medios técnicos de transmisión.
«El dedo acusador de Roberto Micheletti les ha señalado acusándoles de ‘terrorismo mediático’, simplemente porque informaron del regreso de Zelaya», concluyó la FIP.
Mientras, indicó que otros medios como Radio Progreso, del departamento del Yoro, han decidido interrumpir su actividad «ante las amenazas de los militares», y subrayó que su director, el sacerdote Ismael Moreno, ha sido amenazado de muerte.
Por otra parte, lamentó que periodistas de Reuters y Associated Press fueran obligados a salir de la zona durante la dispersión de manifestantes que mostraban su apoyo a Zelaya en las inmediaciones de la embajada de Brasil.
También la FIP denunció el caso de la periodista de Radio Libertad Agustina Flores, que fue «golpeada salvajemente y detenida».
