Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – La larga espera parece haber llegado a su final cuando el Congreso Nacional tiene en su agenda para este martes derogar la Ley de Secretos Oficiales, después de una prolongada espera en la antesala del Congreso Nacional.
La Ley de Secretos es considerada una de las normativas lesivas al derecho a la información pública, la investigación de casos y un limitante más a la libertad de expresión. Desde su entrada en vigor, más de una veintena de organizaciones gubernamentales y descentralizadas han declarado secreta mucha información de interés público.
La misma indica que para efectos de la normativa se declaran secretos o clasificados los “asuntos, actos, contratos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y/o la defensa nacional”.
La ley clasifica la información en reservada, confidencial, secreta y ultrasecreta con períodos de 5, 10, 15 y 25 años. Todo este entramado favoreció la opacidad y la sospecha y drenó seriamente las libertades, especialmente la de expresión y el derecho a la información.
Hay ambiente para aprobar por unanimidad
Al menos tres diputados son los que han introducido el tema a la Cámara Legislativa en la búsqueda de aniquilar la normativa. Y de acuerdo con lo expresado por diputados líderes de las diferentes bancadas que componen el pleno, la derogación de la Ley de Secretos, prevén, se aprobará por unanimidad.
En sus análisis, lideres comprometidos con la lucha en favor de la transparencia consideran que para desclasificar o reservar información deberá ser el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y no otra instancia, la que valide o no la reservada que pueda tener un archivo e igualmente consideran que la misma debe abarcar todo el periodo de vigencia de la normativa.
Durante el anterior Congreso, el gobierno envió dos propuestas de reforma a la Ley de Secretos, el primero en enero de 2018, donde las modificaciones a la ley original eran mínimas, y fue engavetada. La segunda, fue enviada en los primeros meses de 2019, y el Legislativo la envió a comisión de dictamen, tras presiones de la comunidad internacional y de organizaciones civiles.
Pero esos esfuerzos de sociedad civil, cooperantes y organizaciones que luchan contra la corrupción quedaron estancados. Nunca fue posible ni la mínima reforma.
Las controversias en torno a la Ley de Secretos Oficiales denotan que en nombre de la seguridad nacional e interna todo puede entrar como reservado, confidencial, secreto y ultrasecreto en tanto no exista un límite que defina qué se entiende por seguridad nacional y por defensa nacional, según lo establecido por parámetros internacionales al respecto en materia doctrinaria.
El Ministerio Público se ha pronunciado reiteradamente en torno a la Ley de Secretos y la ha calificado como un valladar para desmantelar redes corruptas. Esa opinión ha sido esgrimida por fiscales de la institución que luchan contra el crimen en diversas formas.
Igualmente, la desaparecida Misión de Apoyo de Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), en su momento lo hizo a la par lo han externado la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) cuyos personeros han reiterado en diferentes oportunidades que la secretividad ha sido el mecanismo que más han encontrado al momento de efectuar investigaciones de rastreo a presuntos ilícitos.
Aprobada hace exactamente ocho años, la Ley de Secretos Oficiales operó siempre sin reglamentación, y durante todo el tiempo fue invocada por más de una veintena de instituciones públicas para negar acceso a la información pública.
Se volvió así, la Ley de Secretos Oficiales en un verdadero cerrojo para eludir dar información en lo concerniente al manejo de los recursos públicos especialmente en las dependencias estatales más renuentes y opacas.
El deterioro en el acceso a la información
Asimismo, la normativa lesionó el accionar del Instituto de Acceso a la Información Pública al quitarle la potestad legal de ser el ente que define qué es clasificado como reservado y qué debe ser público.
La comisionada del IAIP Ivonne Ardón recordó que la derogación de la Ley de Secretos fue solicitada por el IAIP desde 2014, cuando la normativa fue aprobada.
Ardón valoró que al eliminar la ley “se quitará un cerrojo potente a los archivos públicos”.
Pese a tantas peticiones, rememoró la comisionada del IAIP, el decreto continuó y lo más preocupante es la categorización que se dio a esa información que de acuerdo con la ley puede estar clasificada hasta 25 años. Además, que solamente se podrá desclasificar a petición del fiscal general de la República, ni siquiera a requerimiento del IAIP, desglosó al tiempo de reflexionar que frente a esa temporalidad lo más agudo es que los delitos prescriben.
Para Ardón, saber que la ley está a horas de ser derogada, “representa una bocanada de aire fresco” para fortalecer la transparencia, apostilló en diálogo con Proceso Digital y agregó que abre las puertas a la participación de la ciudadanía.
Ley general de archivos
La comisionada Ivonne Ardón ha dicho que también ocurre en que son muchos los gobiernos locales que han destruido información financiera que impedirá contar con registros claros para que las cuentas públicas puedan ser transparentes en sus localidades por lo que instó al Legislativo a aprobar la Ley General de Archivos, misma que ya está en la Secretaría del Congreso ya que fue el IAIP quien la presentó en 2015.
La comisionada Ardón instó a los nuevos alcaldes a denunciar los casos en los cuales hayan encontrado destruidos los archivos y registros de documentación.
Cambios democráticos
Ya presentada la discusión para derogar la Ley en la actual Cámara Legislativa, la herramienta estratégica dejará de ser un escudo de protección para corruptos y permitirá mayor acción a los entes que luchan en favor de la transparencia en Honduras, siempre y cuando la voluntad de impulsar los cambios democráticos prime ante cualquiera otra barrera. (PD)
