Tegucigalpa – La investigación a la exministra de Salud, Edna Yolani Batres, así como acusaciones contra servidores públicos y evasores del fisco e inspecciones en centros de vacunación contra el COVID-19, son partes de las acciones que este jueves realiza el Ministerio Público mediante la Operación Omega V.
– Se libra un segundo requerimiento fiscal en contra del exdirector del INA, Henry Francisco Acosta Cuestas, acusado por el delito de prevaricato administrativo.
En ese sentido, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y fraude, el Ministerio Público, a través de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), realizan inspección en la Secretaría de Salud, donde se indaga la presunta compra sobrevalorada de un sistema de informática, realizada en 2014, esto como parte de la Operación Omega V que se desarrolla en todo el territorio nacional.
Como se apuntó, este caso involucra a la exministra Edna Yolani Batres y al administrador de Regulación Sanitaria, Benelio Alvarado Membreño, durante la administración de ambos funcionarios se adjudicó la compra a una empresa fachada por un monto de nueve millones de lempiras, apunta el comunicado emitido por el Ministerio Público.
Refiere que la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) y la ATIC presentaron un segundo requerimiento fiscal en contra del exdirector del Instituto Nacional Agrario (INA), Henry Francisco Acosta Cuestas, acusado por el delito de prevaricato administrativo, tras otorgar de forma arbitraria otro título definitivo de propiedad en un terreno que se encuentra dentro del Parque Nacional Jeanette Kawas.
Asimismo, la Fetccop inició proceso penal en contra de un oficial de aforo de la Aduana de Puerto Cortés, identificado como Obed Fernando Arzú Sambulá, acusado por el delito de violación de los deberes de los funcionarios.
En cuanto a supuesta corrupción de operadores de justicia y policías, la Fiscalía Especial de Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ) presentó requerimiento fiscal en contra del presidente del Colegio de Abogados de Honduras, capítulo Comayagua, por los delitos de estafa y abuso de autoridad.
Además, también se acusó a dos policías en Olanchito, Yoro, por el delito de cohecho, luego que, en un patrullaje de rutina en agosto de 2017, le encontraron un arma de fuego a un ciudadano y para no llevarlo detenido, le exigieron una fuerte suma de dinero.
En otras acciones, fiscales de la FEES-SJ, presentaron en San Pedro Sula un caso en contra del policía, Jairo Benjamín Cantarero, por el delito de violación a los deberes de los funcionarios y la presentación de un antejuicio a una juez de letras que arbitrariamente impidió que se presentara un requerimiento fiscal.
Por su parte, la Fiscalía Especial Contra Delitos Tributarios y Conexos, interpuso acusación en contra de los representantes legales de tres empresas del rubro de los mariscos que habrían defraudado al erario público por un monto de nueve millones 273 mil 037 lempiras.
Mientras tanto, en acciones antinarcóticos, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) coordina con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), la ATIC y la Policía Nacional, la ejecución en varias partes del país de inspecciones de campo orientadas controlar y prevenir el desvío de precursores químicos, para la elaboración de drogas sintéticas.
Respecto a las jornadas de vacunación contra el COVID-19, la Fiscalía Especial del Consumidor y Adulto Mayor, da continuidad a inspecciones y levantamiento de actas en centros de inoculación, donde preliminarmente en algunos puntos se ha constatado que no se están atendiendo de forma adecuada a los adultos mayores, debido a que no hay sillas y lo retirado que quedan los centros.
En la Operación Omega V, las fiscalías especiales, regionales, locales, unidades especializadas y módulos operativos del Ministerio Público, dirigen en todo el país una gran cantidad de acciones frontales para la reprensión y prevención del delito, protección a grupos vulnerables y en contra de flagelos de criminalidad organizada, delincuencia común y corrupción, puntualiza el comunicado de la Fiscalía General.(OM)
