Tegucigalpa – Luego de comparecer en audiencia inicial, un juez con jurisdicción nacional decretó auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra Wilmer Pagoada y Luis Alejandro Castro, ambos sospechosos de participar en el asesinato del “Fiscal de Oro”, hecho ocurrido en abril de 2013.
– En 60 días los imputados deberán comparecer en audiencia preliminar.
El juez decidió enviar a los imputados a la cárcel de Ilama, Santa Bárbara, mejor conocida como El Pozo.
A solicitud del #MP en este momento los supuestos asesinos del Fiscal de Oro Orlan Arturo Chávez ya están siendo trasladados a «El Pozo» pic.twitter.com/L6ijWllrUe
— Ministerio Público (@MP_Honduras) 17 de febrero de 2017
Esta semana el MP ejecutó la Operación Dignidad para capturar a supuestos vinculados en el asesinato del Chávez. Entre los mencionados en el crimen está el extraditado comisario de policía Mario Mejía Vargas; el abogado penalista Wilmer Samuel Álvarez Paguada; y Luis Alejandro Castro Núñez (49), quien está privado de libertad en el Centro Penal de San Pedro Sula.
Carlos Ordóñez, abogado de uno de los acusados, declaró que se opusieron a la solicitud de la Fiscalía de enviar a los procesados a El Pozo, sin embargo el juez determinó no escuchar los alegatos de la defensa.
“Ellos no han cumplido todos los requisitos que establece la Ley del Instituto Penitenciario, en torno a quienes califican para ir a cárceles de máxima seguridad”, lamentó Ordoñez.
Mencionó que la prueba científica aportada por la Fiscalía vincula a ambos imputados con el registro telefónico del malogrado fiscal asesinado hace cuatro años.
“Los recorridos que hicieron los números de teléfono ese día no están 100 por ciento acreditados de que pertenezcan a los acusados”, indicó Ordoñez.
¿Podrán los operadores de justicia evitar la impunidad en las muertes de dirigentes indígenas en Honduras?
— Proceso Digital (@ProcesoDigital) 17 de febrero de 2017
El 18 de abril de 2013, a inmediaciones del Estadio Nacional de Tegucigalpa se produjo el asesinato del fiscal Chávez, quien no contaba con seguridad personal, pese a lo delicado de sus funciones al frente del Ministerio Público.
