Tegucigalpa – De acuerdo con estadísticas de la No Gubernamental Casa Alianza Honduras, entre enero y julio de 2025, se han registrado 90 asesinatos de menores de edad, de ellos 11 eran estudiantes.
Cabe señalar que recientemente la sociedad hondureña se estremeció con el asesinato de dos estudiantes en un percance en el que un tercero resultó herido.
A continuación Proceso Digital reproduce el pronunciamiento de Casa Alianza sobre este suceso:
Entre enero y julio de 2025, se han registrado 1 mil 269 homicidios de ciudadanos hondureños.
De estos, 90 corresponden a niñas, niños y adolescentes. Entre las víctimas se encontraban al menos 11 estudiantes, incluyendo dos niñas.
Estas cifras reflejan una alarmante realidad: la violencia continúa arrebatando vidas jóvenes y vulnerables en nuestro país, a pesar de la vigencia del estado de excepción, que ha demostrado ser una medida ineficaz para garantizar la seguridad de la población y proteger el derecho a la vida.
Casa Alianza de Honduras rechaza categóricamente el asesinato de dos estudiantes en la colonia La Pradera de San Pedro Sula, identificados como Bryan Josué Núñez Pineda y Luis Eduardo Cardona Miranda. Expresamos además nuestra profunda preocupación por un tercer estudiante que resultó gravemente herido y actualmente lucha por su vida.
Desde Casa Alianza, alzamos la voz para exigir el respeto y la garantía del derecho a la vida, consagrado en los artículos 65-66 de la Constitución de la República de Honduras y en tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado hondureño, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La vida de las niñas, niños y adolescentes no puede seguir siendo una estadística más. La juventud hondureña merece vivir en paz, con oportunidades y libres de violencia. Exigimos al Estado hondureño, en particular a las autoridades de seguridad, justicia y protección de la niñez, que investiguen de forma inmediata y transparente estos crímenes, sancionen a los responsables y adopten medidas urgentes y eficaces para prevenir nuevos hechos violentos.
Proteger la vida de los estudiantes no es solo un deber legal; es una obligación moral. El uso continuo del estado de excepción, lejos de resolver el problema, ha evidenciado sus limitaciones y ha fracasado en garantizar una seguridad real y duradera para la niñez y juventud hondureña. Urge un enfoque integral, humano y preventivo de la violencia.
¡Basta ya de muerte y silencio!
