Tegucigalpa – Más de 100 días han pasado desde que se aprobó la Ley de Transporte Terrestre de Honduras, normativa que contiene novedosas herramientas de seguridad para contrarrestar el delito de extorsión que genera un homicidio cada tres días en este rubro. Solo este miércoles tres empleados del ramo fueron asesinados en igual número de hechos violentos.
– Cuadros desgarradores forman parte de las escenas que se repiten casi a diario en todo el país por la muerte violenta de personas vinculadas a este servicio público.
El pasado 16 de diciembre, la Cámara Legislativa aprobó en su totalidad la nueva Ley de Transporte Terrestre, que contiene 103 artículos y que tiene como objetivo determinar la estructuración administrativa y funcional de los organismos competentes para su aplicación, sin embargo este instrumento jurídico no ha sido publicado en La Gaceta.
Este miércoles se registraron casi en forma simultánea los asesinatos de tres conductores de unidades de transporte en Tegucigalpa, Choloma y salida hacia Olancho.
En los tres eventos violentos el móvil más fuerte es la negativa a pagar extorsiones, de acuerdo a las propias versiones oficiales.
Asimismo, esta misma semana un conductor fue ultimado en la Gran Terminal de Buses de San Pedro Sula. Lo que llama la atención es que este establecimiento permanece atestado de personas e incluso hay seguridad de la Policía Militar del Orden Público.
Y así se cuentan los crímenes contra empleados del ramo casi a diario en Honduras, sin que verdaderamente existan respuestas por parte de las autoridades competentes.
Para el caso en la última quincena de marzo varios empresarios del transporte público han sido ejecutados en el norte del país. Algunos incluso no se salvaron a la “lluvia de balas” pese a conducirse a bordo de carros blindados.
Poco puede hacer la Dirección de Transporte
El titular de la Dirección General de Transporte (DGT), Yovanny Dubón, remarcó que a él únicamente le queda lamentar cada deceso violento en el rubro, en vista que la oficina que él dirige no tiene facultades de ofrecer seguridad a las personas, sean estos usuarios o empleados.
Relató que se desplazó a San Pedro Sula para abordar con empresarios del rubro las últimas muertes que involucran a empleados de este sector. “No concibo que una persona puede ser asesinada por no pagar una extorsión”, señaló.
Citó que en muchos de los crímenes se alega que son originados por la extorsión y añadió que existen entes especializados para investigar este tipo de delitos.
“Como Dirección General de Transporte no tenemos gente armada, no tenemos oficina de investigación, lastimosamente es gente que está ligada al transporte”, arguyó.
Dubón criticó a los empresarios que amenazan con paralizar el rubro cada vez que se produce un crimen y alegó que la recién aprobada Ley de Transporte castiga estos extremos. “Lamentamos que ellos se paralicen porque no justificamos que lo hagan”.
El funcionario desmarcó que la DGT no garantiza la seguridad de los pasajeros, ni de los empleados del Transporte; “nosotros somos responsables de la seguridad que cada unidad debe prestar, esto refiere que esté en buenas condiciones para prestar el servicio, le corresponde al Ministerio de Seguridad brindar seguridad a las personas”.
No hayamos a quien pedirle protección
El dirigente del transporte, Jorge Lanza, lamentó estar saliendo a la palestra cada vez que asesinan a un empleado de este servicio público. “Aquí no hallamos a quien pedirle protección. Se hace muy poco para bajar estos delitos, por lo que aprovecho para hacerle un llamado al ministro de Seguridad (Julián Pacheco Tinoco) para que ponga en práctica mejores elementos, que logren derrotar este flagelo que nos deja muchas bajas”, indicó.
Mencionó que los constantes crímenes que azotan al transporte “nos tiene alarmados y nos pone en ‘jaque’ para no trabajar, todo esto daña al usuario. El gobierno debe tomar en serio esta problemática y dejar de poner paños, ya no queremos más remiendos”.
Lanza recordó que empresarios del transporte han sido asesinados en los últimos años y casi en su totalidad no se han logrado resolver los crímenes.
En lo que va del año 36 personas vinculadas al transporte público han sido ejecutadas, con el denominador común que se desconoce quién planificó y ejecutó los crímenes.
Apuntó que cuando se mata a un empleado del rubro, éste generalmente deja una familia sin el sustento diario, además de problemas sociales como la desintegración familiar.
La nueva ley
Entre los principales objetivos de la nueva Ley de Transporte, que no se publica en La Gaceta, figura que los usuarios gocen de mejores condiciones de calidad, seguridad, comodidad, eficiencia y economía, establecidas bajo el principio de equidad en cuanto a la inversión realizada por los prestadores del mismo y en consonancia con los tratados internacionales de que Honduras forma parte.
Para tal fin, se crea el Instituto Nacional del Transporte Terrestre (INTT), que nace como el órgano rector del sistema de transporte terrestre en Honduras, con independencia financiera y administrativa.
Igualmente se crea la figura de fiscales especiales para investigar delitos cometidos dentro de los autobuses. Otra bondad es que las unidades estarán dotadas de GPS para identificar las que están en operación. Habrá botones de pánico para alertar de algún acto delictivo, así como la instalación en los buses de cámaras de seguridad.
También se indica que el sistema del Bus de Trasporte Rápido (BTR), conocido como Trans 450, se regulará por esta normativa.
Asimismo, se establece para la adquisición del servicio la tarjeta prepago e instrumentos tecnológicos se sigan los mecanismos de transparencia.
Se ordena que para lograr la cobertura de los pilotos y los operarios del servicio, se destine un uno por ciento del recaudo por la tarjeta prepago para crear un Fondo de Promoción Social y Auxilio Recíproco para el pago de la afiliación al sistema de protección social.
La ley entrará en vigencia 20 días después de su publicación en el diario oficial La Gaceta.
