Tegucigalpa – ¿Qué elecciones tendremos?, se preguntan los hondureños ante los últimos alborotos y zipizapes que surgen del Consejo Nacional Electoral (CNE), donde las interpretaciones jurídicas están a flor de piel, pues da la impresión de que se quiere llevar un proceso primario e interno con dos leyes paralelas: la vigente y la que aún no termina de ser aprobada en el Congreso Nacional.
La incapacidad médica de la consejera presidenta del CNE, la liberal Ana Paola Hall, y su ausencia, avivaron las divergencias internas en ese novel organismo que fue creado para generar certeza y confianza en el actual proceso electoral, pero hasta ahora los pronósticos son inciertos.
El ente rector de las elecciones ha sacado, de entrada, sus divergencias político-partidarias en una abierta politización, sin precedentes en la reciente historia de los entes responsables de conducir y manejar las elecciones.
Esas divisiones mantienen el organismo bajo posturas extremas en donde entra en juego la interpretación de la ley, aunque ello no sea su competencia.
De cara al proceso electoral primario, la única certeza que existe es que llegaron las maletas electorales, que las Fuerzas Armadas se han puesto a la disposición del CNE, como establece la ley, y que las bodegas del Instituto Hondureño de Formación Profesional (Infop), empiezan a albergar todo el material logístico para el proceso.
Pero los temas de fondo siguen generando incertidumbre a lo interno del proceso. Uno de estos asuntos se relaciona con la propuesta de Libertad y Refundación (Libre) de efectuar una descentralización en el conteo de votos a nivel municipal y departamental; es decir que cada territorio sea autónomo en ese manejo de urnas y no esperar a que venga a la bodega central de Infop y al centro de cómputo general.
Libre estima que su propuesta “descentraliza” y “transparenta” procesos, pero acepta que ello no está contemplado en la ley electoral vigente a la cual están convocados los partidos políticos que van a primarias y acusan al Partido Nacional de oponerse a esta forma de “democratización”.
En tanto, el representante del Partido Nacional en el CNE, sostiene que ellos no temen a ese tipo de propuestas, pero que no se puede ir más allá de lo que establece la ley, pues estarían entrando en responsabilidad civil e incluso penal.
Por encima de la Constitución
Y cita el artículo 321 de la Constitución de la República que establece que: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”.
Mientras, la representante liberal que preside ahora el ente electoral, pero ante su ausencia, el pleno de consejeros integrado con la incorporación de un suplente, como manda la ley, votó en contra de la propuesta de Libre, y la representante de ese partido—que tenía la presidencia interina por ley—al ver que perdía la votación, suspendió abruptamente la sesión y demandó la reincorporación inmediata de la liberal para zanjar ese tema, no sin antes, descalificar al consejero suplente de la Democracia Cristiana que había sido incorporado al pleno.
El domingo 21 de febrero, la representante liberal, Ana Paola Hall, se reincorporó a la sesión de pleno y en sus primeras expresiones lamentó ese “ring político” en que se ha convertido el CNE, al reprocharles que han querido hacer del organismo un “saco de boxeo” y “piñata”.
Reiteró que habrá comicios primarios e internos, “llueve, truene o relampaguee” y que se han visto abocados a liderar un proceso en donde el presupuesto llegó tarde, la pandemia del COVID-19 mantiene a la nación en una emergencia permanente y no se puede dejar de lado los impactos hechos por los meteoros Eta y Iota. En ese contexto, se va a elecciones, dijo Hall.
La presidenta consejera en torno a la trifulca por la descentralización en el conteo de votos, llevó una propuesta intermedia: que podría ser OPTATIVO para cada partido político el conteo con base en actas municipales y departamentales, como referencial ilustrativo y de cotejo al proceso centralizado de escrutinio de todas las actas de las Mesas Electorales Receptoras (MER) a cargo del CNE. Esa fue su propuesta, colocada en la mesa, “abierta al diálogo y en búsqueda de consensos”, dijo la consejera, para luego suspender la sesión; es decir, no hubo votación al respecto.
Elecciones, ¿con dos leyes?
Las elecciones primarias e internas están convocadas bajo la actual ley electoral y de las organizaciones políticas en donde no están contemplados dos aspectos: la descentralización que quiere Libre, y tampoco la entrega de credenciales con nombre, identidad y domicilio de quienes van a integrar las mesas electorales el día de los comicios. Esas dos figuras son parte de los debates y discusiones que se espera entren en la aprobación de la nueva ley electoral, en suspenso en el Congreso.
Movimientos internos de los partidos Liberal y de Libre han cuestionado tanto la descentralización como las credenciales con nombre , lo que consideran al margen de la ley, abogan por respeto a la legalidad y argumentan en el caso de las credenciales y el nombre de sus representantes, que más que un posible juego de tráfico de credenciales, lo que está en riesgo es que la pandemia del coronavirus no garantiza que sus representantes en mesas estén inmunizados el día de la elección, y que tienen evidencias que algunas líderes de corrientes partidarias empiezan a coaccionar a sus militantes para que acepten ir a mesas electorales.
Las denuncias más fuertes de ese tipo de “presión invisible” provienen de las corrientes internas de Libertad y Refundación que lideran Wilfredo Méndez, Carlos Eduardo Reina y Nelson Ávila; en el Partido Liberal, el movimiento Recuperar Honduras, y en el Partido Nacional, aunque sus dos movimientos dicen que no tiene problema en cumplir este requisito que no está en ley, en la práctica no han cumplido esta propuesta y a todos el CNE extendió un plazo para llenar algo que no está legalmente contemplado.
Los analistas dicen que tanto la descentralización de votos como las credenciales con nombres y apellidos, son parte de los avances hacia los cuales debe apostar el país en democracia, pero que, en la actual coyuntura de polarización y politización abierta, no hay garantías de confianza, credibilidad y certidumbre.
Asimismo, señalan que, con la medida se busca generar un precedente, al margen de la ley, si avanza la propuesta, pues podría invocarse para las generales de noviembre próximo, haya o no nueva ley electoral. Pero advierten los riesgos que enfrenta el CNE al querer jugar en dos aguas paralelas: impulsar un proceso primario con dos leyes, la vigente y la que aún está inconclusa.
Ese juego puede resultar peligroso, advierten, mientras el presidente del Congreso Nacional y uno de los aspirantes nacionalistas, Mauricio Oliva, ha salido al paso al recordar a los consejeros del CNE que estos procesos primarios son elecciones internas de los partidos, que ellos no pueden ir más allá de lo legislado, que quien legisla y hace leyes es el parlamento. Y que no es potestad de los consejeros atribuirse funciones de las que no se les han concedido.
Pero algunos ex representantes nacionalistas en órganos electorales son del criterio, al igual que Libre, que lo que no está en ley, no es prohibido, y que una salida elegante en este entuerto y trifulca, que todo puede ser optativo, es decir, dejar a los partidos que decidan al respecto y que el CNE no puede ni excluir ni sancionar corrientes internas por no cumplir lo que no manda la ley.
