Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – A medida que se acercan las elecciones generales del 30 de noviembre próximo, las presiones sobre los entes de control del proceso electoral suben otra escala caracterizada por la amenaza de la judicialización proveniente de fuerzas internas y externas empecinadas en sembrar la incertidumbre y la deslegitimación de los comicios como estrategia de miedo y desencanto. La nueva batalla ahora se centra en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), donde dos de sus magistrados han sido denunciados por abuso de autoridad ante el Ministerio Público.
La acción obedece a una decisión tomada por mayoría en sesión de pleno del TJE en donde se ordena al Consejo Nacional Electoral suspender la impresión de papeletas en el nivel electivo de diputados en el departamento de Olancho, en tanto ellos no conozcan y resuelvan un recurso de amparo interpuesto por el diputado liberal Jorge Cálix, quien luego de participar como precandidato presidencial en los comicios primarios del 9 de marzo, ahora intenta correr por una diputación por ese departamento, tras la renuncia interpuesta por uno de los candidatos electos para ceder su puesto a Cálix. El candidato que cedió su casilla a Cálix, es el actual parlamentario liberal Samuel García.
El Central Ejecutivo del Partido Liberal propuso al CNE incorporar a Jorge Cálix en la nómina de diputados por Olancho, pero el CNE en una resolución rechazó esa designación porque éste no puede acreditar con fundamento el requisito de vecindad del municipio, es decir, haber residido al menos en los últimos 5 años en ese departamento. Cálix presentó una constancia de vecindad del municipio de Esquipulas del Norte y la municipalidad emitió una constancia en donde señala que Cálix posee un bien inmueble pero no señala que haya residido ahí en los últimos cinco años, sostiene en su resolución de denegatoria el CNE.
El caso de Jorge Cálix inicia así una nueva batalla y sus apoderados legales interpusieron un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado ante el TJE, y éste emitió una resolución ordenando el cese de la impresión de la papeleta por el departamento de Olancho, en tanto ellos conocen y resuelven sobre el caso, una vez que el CNE les remita el expediente. La decisión del TJE fue una medida cautelar a favor de Cálix, pero no una resolución sobre el fondo del caso.
No obstante, esa determinación fue rechazada por uno de los magistrados que integran el TJE, el magistrado Mario Morazán, quien acusó a sus compañeros ante el Ministerio Público por abuso de autoridad por la resolución emitida, de la cual él fue parte por estar en la sesión de pleno, la cual abandonó abruptamente al recibir una llamada. Según trascendió a los medios.
El TJE aprobó la resolución por mayoría y ha mostrado el listado de asistencia a la reunión de pleno en el cual consta la firma del magistrado Morazán, quien ahora justifica que su firma fue solo para solicitar el almuerzo. Morazán es un exfiscal de carrera que ahora desdice su actuación: el abandono de la sesión—que según sus compañeros incurrió en delito conforme a su reglamento interno–, la llamada recibida y la firma que aparece como parte de una sesión de pleno, no de una solicitud de almuerzo.
Las amenazas de Luis Redondo
Hoy dos magistrados del TJE—Mirian Barahona y Mario Urrutia—han sido denunciados ante el Ministerio Público por delitos de abuso de autoridad, prevaricato, usurpación de funciones y tráfico de influencias. Todo por una resolución que según el TJE fue tomada por mayoría y en base a ley.
La amenaza sobre este otro ente rector que conocerá los casos que lleguen de irregularidades cometidas posterior a las elecciones, instala una nueva etapa de incertidumbre al proceso electoral, donde las presiones no solo son internas, también externas.
Una de esas presiones externas las ha protagonizado el presidente del Congreso Nacional, Luís Redondo, que exhortó al fiscal general, Johel Zelaya, a tomar cartas sobre el asunto. El MP debe actuar frente a “las ilegalidades” del TJE, dijo Redondo, tras recalcar que es tiempo de frenar el crimen organizado y los grupos de poder. Luís Redondo dijo que el MP debe actuar de “inmediato” ante la flagrancia que ocurre en el TJE.
La acción de Redondo fue rechazada por los magistrados Barahona y Urrutia del TJE al recordarle que debe respetar la independencia de poderes, no contaminar el proceso electoral y respetar las decisiones tomadas en base a la ley.
“A mí ni usted ni nadie me va a amedrentar. Defenderé mi independencia judicial y la libertad de decisión como magistrada que usted nos aprobó con la LOPE. La injerencia de poderes en órganos jurisdiccionales no es buena para la inversión extranjera, menos para la nacional”, posteó en sus redes sociales la magistrada Mirian Barahona.
En tanto el magistrado Urrutia denunció las acciones intimidatorias de Redondo y no descartó denunciarlo ante el Ministerio Público. Si la actuación de los magistrados del TJE es incorrecta, ya la ley establece que pueden ser sometidos a un juicio público, pero no estar usando la ley y las instituciones, en este caso el Ministerio Público, como mecanismo de chantaje para intimidar y sembrar incertidumbre sobre el proceso electoral.
El Tribunal de Justicia Electoral emitió un comunicado rechazando la injerencia del presidente del Congreso, recordándole que ellos son una instancia que tiene rango constitucional y se debe respetar la independencia de poderes.
En los mismos términos se expresó el exfiscal general del Estado y exministro de Transparencia, Edmundo Orellana, al manifestarque el presidente del Congreso Nacional no solo estaba violentando la independencia de poderes, sino atentando contra la institucionalidad, la democracia y el Estado de Derecho. Redondo no tardó en responder a Orellana a quien cuestionó porque cuando fue fiscal general no metió preso a nadie ligado a la corrupción.
En los comicios del 9 de marzo y posterior a ellos, el CNE fue el principal foco de tensión luego de que las maletas electorales en la capital fueron objeto de un largo paseo para evitar la votación, pero la gente esperó largas horas para ejercer el sufragio y salvar la democracia, según los analistas. Los pormenores de lo que pasó ese día sigue estando en deuda por parte del Ministerio Público que redirigió la investigación a los contratos otorgados al transporte y la captura de un par de funcionarios del CNE que no están relacionados con el paseo de las maletas electorales.
El MP y la judicialización del proceso electoral
El Ministerio Público de voz del fiscal general, Johel Zelaya, amenazo incluso con librar requerimientos contra dos consejeras del CNE, luego de una denuncia interpuesta en su contra por su compañero de pleno, Marlon Ochoa. Los ataques internos y externos hacia el CNE fueron intensos en los meses posteriores a los comicios, hasta que las cúpulas partidarias llegaron a acuerdos mínimos para garantizar las elecciones.
Una de las consejeras, Ana Paola Hall, dijo que estaba dispuesta a ofrendar su vida por la democracia, pero días después interpuso su renuncia irrevocable, que el Congreso Nacional no aceptó, ella sigue en el cargo y asumió ahora la presidencia del CNE para llevar a cabo las elecciones generales. Hall ya cambió su discurso de amenazas y atropello, y ahora dice que habrá elecciones justas, transparentes y confiables porque ella tiene la experiencia para ello.
Las consejeras del CNE también fueron sometidas a las amenazas del presidente del Congreso Nacional, Luís Redondo, de juzgamiento penal, las Fuerzas Armadas que les pidieron retractarse de escritos y declaraciones donde cuestionaban el rol de los militares en la custodia de las maletas electorales por el extravío de las mismas por varias horas en la capital, además de mensajes de intimidación y campañas de odio en redes sociales por personeros del poder ejecutivo.
Pero la incertidumbre no ha desaparecido del CNE, el cronograma electoral va retrasado y el reloj no corre a su favor, se deben tomar decisiones trascendentales sobre el proceso. Por primera vez las elecciones de Honduras serán auditadas y la empresa que ganó la licitación ha emitido una carta de preocupación porque, pese a lo establecido en los términos de referencia, las autoridades del CNE no le han proporcionado toda la información y acceso para hacer su trabajo de auditoría. Ello está relacionado con el sistema de Transmisión Preliminar de Resultados Electorales (TREPS), la biometría y la verificación de los resultados.
Las autoridades del CNE se han llamado al silencio, mientras crece la incertidumbre por el tema del acceso a la conectividad de miles de centros de votación. El CNE debe resolver también una inusual petición del coordinador del partido Libertad y Refundación (Libre), el expresidente y asesor presidencial, Manuel Zelaya, quien ha solicitado acceso a todos los datos del CNE, incluso la información encriptada y de seguridad nacional.
La petición de Zelaya es considerada como la instalación de un sistema paralelo electoral que quita las funciones propias del CNE y abre la discrecionalidad para que desde el oficialismo y el partido en el poder se manipulen los datos electorales, advierten los analistas, al señalar que lo solicitado por Libre contraviene la ley electoral, amerita reforma constitucional que debe ser aprobada por el Congreso. El pleno del CNE no ha emitido resolución frente a lo solicitado por el coordinador de Libre. Los asesores de Libre sostienen que esa petición lo único que busca es hacer “más transparente” el proceso.
Todo este agite político se produce a semanas de los comicios generales donde la incertidumbre se mantiene sobre el proceso como parte de una estrategia—gestada desde fuera y desde adentro—para ahondar el déficit de confianza hacia los entes rectores de conducir el proceso: el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral.
Se suma a estos dos organismos, la Unidad de Política Limpia responsable de fiscalizar el origen de los fondos que se usan en las campañas políticas. El Congreso Nacional no les ha aprobado, al igual que el TJE, una ampliación presupuestaria para poder hacer mejor su trabajo.
Previo a las elecciones, una misión exploratoria de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del Instituto Nacional Demócrata (NDI), junto a otras organizaciones y sectores políticos estadounidenses, advirtieron que las elecciones generales en Honduras estaban marcadas por la incertidumbre y un creciente clima de presión e intimidaciones que amenaza con entorpecer el proceso democrático en el país.
“Las autoridades electorales deben tener la seguridad necesaria para ejercer sus funciones y expresar sus opiniones sin temor a intimidación o excesiva intervención judicial”, expresó la misión electoral de la OEA.
En tanto la misión que encabezó la delegación del NDI, advirtió de los riesgos democráticos y pidió a las fuerzas políticas y los poderes constituidos del país a generar confianza en las elecciones y evitar los discursos de fraudes anticipados que buscan sembrar el desencanto y la credibilidad en los comicios.
Ambas misiones en sus informes solicitaron garantizar que todas las candidaturas inscritas puedan hacer campaña en igualdad de condiciones, sin riesgos de judicialización o interferencias políticas.
Pero estas peticiones no parecen haber calado entre las instituciones y poderes del Estado responsables de otorgar garantías de confianza y certidumbre en las elecciones: el MP sigue su escalada de judicialización de la política, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) acelera cierre de sentencias de corrupción para beneficiar aspiraciones políticas, el Congreso Nacional sigue amenazando e irrespetando la independencia de poderes, y el nuevo conflicto electoral saltó del CNE al ahora Tribunal de Justicia Electoral. Todo ello a escasas semanas de que el electorado decida quién va a gobernar Honduras para los próximos 4 años. (PD).
