Tegucigalpa – Vestido de presidiario y haciendo a un lado el señorío con que se pavoneaba por los países centroamericanos cuando era el presidente de El Salvador, así luce ahora en un centro penal de mediana seguridad el empresario Antonio Saca, junto a seis de sus ex colaboradores más cercanos acusados por el desvío de 246 millones de dólares.
La imagen del expresidente Saca con el uniforme del penal de La Mariona, una hacinada cárcel de reos comunes ha dado la vuelta al mundo, indicando que en ese país centroamericano los delitos de cuello blanco empiezan a tocar a quienes se creían intocables: ex presidentes, ex fiscales y empresarios.
Saca enfrenta proceso judicial y sus bienes han sido embargados al igual que sus cuentas bancarias.
También están en la mira por otros delitos el exfiscal del Estado, Luis Martínez, quien también ha sido capturado, mientras se busca al millonario empresario Enrique Rais, que en el pasado prestó su flota de aviones y helicópteros para trasladar a presidentes centroamericanos y otras altas personalidades del mundo de los negocios.
Y en Nicaragua, donde se encuentra exiliado, el expresidente salvadoreño Mauricio Funes, ve de reojo como debe responder a acusaciones de presuntos ilícitos por las que salió huyendo del país para no ir a parar a la cárcel, alegando que es objeto de persecución política.
La lucha contra la corrupción se intensifica en ese país centroamericano en donde la institucionalidad se ha fortalecido en dos actores claves: la Fiscalía General de la República y la Sala Constitucional del Poder Judicial.
En medio de la inseguridad y la cruenta violencia que vive ese país a causa de la guerra contra las maras o pandillas, en temas de lucha anticorrupción los salvadoreños quieren construir su propia historia.
Guatemala y los aprietos del presidente
Sigue dando de qué hablar en este tipo de iniciativas Guatemala, donde la sociedad vio con asombro como el hijo y el hermano del presidente de la República, Jimmy Morales, han sido ligados a un proceso judicial por presuntos ilícitos y bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
Samuel Morales, hermano del presidente Jimmy Morales, y el joven José Manuel Morales, hijo del gobernante guatemalteco, son acusados de haber emitido facturas falsas por eventos que nunca se realizaron en el 2013 con el objetivo de recibir fondos del Estado.
El presidente Jimmy Morales, ha salido al paso de estos hechos, indicando que, si bien atraviesa por una situación difícil en su condición de hermano y padre, respectivamente, de los imputados en el hecho, confía en que se aplique la ley. La administración de Morales, según los analistas guatemaltecos, entró a una etapa de fragilidad que evidencia que Guatemala sigue transitando en su lucha a favor de la democracia.
Lucha que inició en el 2015 hasta que salieron forzadamente del poder al expresidente Otto Pérez y la exvice presidenta, Roxana Baldetti, ambos sindicados en sonados casos de corrupción que fueron desmantelados por la Fiscalía General y la CICIG, continúa aún en el país de la eterna primavera. El hijo y el hermano del presidente Morales precisamente están pagando por polvos de ese viejo lodo.
A ellos se les vincula en negocios que desde el Registro de la Propiedad hizo Anabella de León, uno de los cuadros de Otto Pérez y el desaparecido Partido Patriota que llevó a Otto Pérez al poder y por medio del cual gestaron una serie de ilícitos para saquear al Estado. De León se inventaba eventos y aducía competencia para adjudicar contratos y así fue como cayeron en sus redes en calidad de cómplices el hermano y el hijo del presidente Jimmy Morales, de acuerdo a las versiones que provienen de ese país.
La lucha contra la corrupción en la administración del presidente Morales pone así en un enorme desafío al gobernante al salir salpicada su familia, misma que guarda prisión en una cárcel en donde habitan delincuentes de toda calaña, incluyendo mafiosos y pandilleros según los relatos de la prensa.
Honduras también cobra impulso
En tanto en Honduras, la lucha contra la corrupción también se dinamiza, a un nivel no tan intenso como el de El Salvador y Guatemala, pero sí relevante en cuanto a indicar que el país entró a una ruta sin retorno.
Así los primeros juicios por el desfalco en el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) iniciaron con fuerza este año al llevar al banquillo de los acusados al ex director de esa dependencia, Mario Zelaya, que, según la víspera, enfrentará varios juicios por ese ilícito en el 2017.
Los primeros juicios en que ha participado directamente Mario Zelaya en su condición de imputado, llevaron a ser condenado en uno de esos procesos, mientras enfrenta otro de coimas y lavado de activos que ha descolocado a la defensa de los imputados ante las declaraciones de una investigadora del estado de Louisiana, Estados Unidos, que reveló cómo desde transacciones atípicas hechas por los acusados se configuró el lavado de dinero. Este hecho complica la defensa de los imputados.
En Honduras instituciones como la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) han comenzado con pie firme el 2017: jueces anticorrupción, la creación de una unidad fiscal especial en casos contra la corrupción en la cual existen expectativas de acuerdo a lo declarado por el fiscal general hondureño Oscar Fernando Chinchilla y en la que la MACCIH podrá trabajar e identificar con independencia nuevos casos, son señales claras que el tema anticorrupción también será movido en el presente año.
Al firma un acuerdo de cooperación bilateral con la MACCIH, el fiscal Chinchilla reafirmó el propósito de ese ente al expresar que “es importante combatir la corrupción de quienes dilapidan y se apropian de los fondos del pueblo, privándolo de escuelas, carreteras y hospitales, pero también hay que combatir esa franja oscura, opaca y difusa en la que han convergido funcionarios, crimen organizado y sectores de la sociedad, empresa privada, que se han ligado no sólo con estructuras corruptas sino del narcotráfico las que enquistadas en el Estado han generado en América Latina, violencia, desempleo y pobreza”.
El país está dando pasos contundentes en esta materia y de acuerdo al vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, habrá sorpresas este año y acciones ante los tribunales que confían terminen con condenas a quienes han estado en ilícitos dilapidando las arcas del Estado.
Con sus propias dinámicas, los países del Triángulo Norte que conforman Guatemala, El Salvador y Honduras, tejen sus propias historias y realidades conscientes que detrás de sus ejecutorias, existe una demanda ciudadana que clama por límite a los abusos de poder, límites al latrocinio y castigo a quienes delinquen para romper la impunidad y desmantelar las redes que por décadas han actuado en la opacidad.
