San Salvador – El Salvador un es ejemplo de retrocesos en materia de derechos humanos a la vez que un espacio cívico de «obstruido» a «represivo, la segunda peor categoría posible y la primera vez que este país centroamericano recibe esta calificación, advirtió este martes el organismo de derechos humanos CIVICUS Monitor en un comunicado de prensa.
El organismo explicó que, según el informe Poder Ciudadano Bajo Ataque 2025, la situación de las libertades cívicas en El Salvador ha empeorado en 2025, al incluir al país entre los quince países a nivel global cuya calificación descendió este año.
Está situación, advirtió, lo coloca al nivel de Colombia, Guatemala, Haití, Honduras, México y Perú.
Señaló que en las Américas, también Estados Unidos y Argentina registraron un descenso, aunque «el país centroamericano se sitúa un escalón por debajo».
CIVICUS Monitor apuntó que «esta degradación es un nuevo punto de inflexión tras años de erosión de las libertades cívicas y del desmantelamiento del Estado de derecho».
Además, señala que «desde su primer mandato en 2019, el presidente Nayib Bukele ha gobernado bajo un estado de excepción permanente que suspende las garantías constitucionales y concentra un poder sin precedentes en el Ejecutivo, en medio de una implacable ofensiva contra grupos del crimen organizado que también ha servido para perseguir a las voces disidentes».
«El Salvador es un ejemplo alarmante del retroceso de derechos en la región, y de cómo el régimen de excepción y la seguridad militarizada vulneran las libertades cívicas”, señala Ana María Palacios Briceño, investigadora para las Américas de CIVICUS Monitor, de acuerdo con el comunicado.
El Salvador se suma a otros 14 países a nivel global donde las condiciones empeoraron, incluyendo Alemania, Burundi, Francia, Georgia, Liberia, Madagascar y Sudán. En la región, destacan Venezuela, Cuba y Nicaragua, situadas en la categoría de espacio cívico cerrado.
Caso Ruth López
El organismo recordó que, en 2025, la represión en El Salvador «se profundizó mediante la persecución sistemática de activistas y periodistas, con casos alarmantes de detención y criminalización, incluida la reconocida abogada de derechos humanos Ruth López».
«La prisión política contra activistas notables refleja la gravedad de los ataques a las libertades cívicas y el deterioro de las instituciones democráticas, reflejo del control cada vez más autoritario del poder por parte de Nayib Bukele», señaló.
Ley de Agentes Extranjeros
Para CIVICUS Monitor la nueva Ley de Agentes Extranjeros «asfixia a las organizaciones de la sociedad civil al imponer un impuesto del 30 % sobre la financiación internacional, además de severas sanciones administrativas y penales».
En paralelo, sostuvo que la aprobación exprés de la reelección presidencial indefinida elimina el último límite legal al poder de Bukele, «consolidando una deriva autoritaria que restringe cada vez más el espacio cívico y democrático del país».
En este clima de hostigamiento, la reconocida organización Cristosal (junto con otras organizaciones) se vio obligada a cerrar tras años de acoso, vigilancia y amenazas judiciales, lamentó. JS
