Decreto para consulta popular es inconstitucional y constitutivo de delito: Ministerio Público

En un pronunciamiento, el fiscal general, Luís Rubí, y fiscal adjunto, Roy Urtecho, señalaron que quienes promuevan la medida se exponen a ser objeto de una investigación penal y de requerimiento fiscal.

Establecen, además, que los únicos autorizados para convocar a consultas populares son los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

«La Constitución ni la Ley Electoral conceden al presidente la facultad de practicar ninguna acción de consulta electoral, pues esta solo puede efectuarse en el marco de la ley del Tribunal Supremo Electoral (TSE)», dicta el comunicado.

Las autoridades del MP señalaron que el decreto ejecutivo emitido el 23 de marzo en Consejo de Secretarios de Estado para practicar una consulta popular a fin de instalar una cuarta urna en las elecciones de noviembre de 2009, quebranta y desconoce preceptos constitucionales en consonancia con el artículo 3 de la Constitución de la República.

Ese artículo reza textualmente que “la forma de gobierno es republicana, democrática y representativa. Se ejerce por tres poderes; Legislativo, Ejecutivo y Judicial, complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación. La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es obligatoria. La infracción de esta norma constituye delito de traición a la Patria”

Los fiscales agregan que ni la Constitución de la República, ni la Ley Electoral de las Organizaciones Políticas conceden al Presidente de la República las facultades de practicar ninguna acción de consulta electoral, pues ésta solamente puede efectuarse en el marco de la Ley, por el Tribunal Supremo Electoral para todo lo relacionado con los procedimientos electorales de conformidad con el artículo 5 y 51 de la misma Carta Magna.

En ese sentido, los actos administrativos realizados por el Poder Ejecutivo, según el MP, pueden llevar a la nación a una confrontación social que conducen no solamente a la inestabilidad política social y económica, si no de provocar una reacción popular en defensa del orden constitucional para lo cual algunos ciudadanos invocaran su deber de cumplir y defender y velar porque se cumpla la Constitución y las Leyes, tal como lo consagra el artículo 40 numeral uno de la Ley Primaria.

Las autoridades fiscales advirtieron que todos los funcionarios y empleados públicos que participen en actos o acciones orientadas a ejecutar la consulta para reformar o derogar la Constitución serán objeto de la respectiva investigación penal y en su caso a la presentación del Requerimiento fiscal a fin de que la autoridad judicial competente les imponga el castigo previamente establecido en la Ley Penal.

Fiscalía inicia investigaciones

El portavoz del Ministerio Público, Melvin Duarte, amplió que el comunicado leído por el fiscal general y el fiscal general adjunto advierte a la ciudadanía las implicaciones de la consulta y sobre todo previene a los funcionarios públicos que el llamado a la consulta popular por parte del Ejecutivo es constitutivo de delito

“Desde el momento mismo que se está planteando esta comunicación a la ciudadanía al pueblo hondureño y a todos los funcionarios y empleados públicos ya se está enviando el mensaje que la investigación pertinente ha comenzado en esta institución y va a continuar hasta donde el análisis de los especialistas en el tema le conducen”, dijo.

Dijo que la figura delictiva que aplica en este caso será determinada por la fiscalía que hará las investigaciones.

«La Constitución ni la Ley Electoral conceden al presidente la facultad de practicar ninguna acción de consulta electoral, pues esta solo puede efectuarse en el marco de la ley del Tribunal Supremo Electoral (TSE)», dicta el comunicado.

A pesar de las airadas opiniones en contra de diversos sectores sociales a un proceso que lleve a una reforma constitucional, dijo que “la consulta popular va y nadie la detiene”.