Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – La batalla por la defensa del espacio cívico sigue teniendo signos de preocupación en Honduras ante el avance en restricción de derechos relacionados con la libertad de expresión y opinión, la libertad de asociación, de reunión y el derecho a la protesta, advierten informes regionales y nacionales al exponer con datos y hechos las agresiones e intimidaciones en contra de los actores que conforman la última frontera de la democracia: el espacio cívico.
El espacio cívico integrado por el derecho de libre asociación, reunión y protesta, y la libertad de expresión y opinión, viene siendo objeto de un tiempo a acá de intensos ataques y discriminaciones con el propósito de mermar su derecho a exigir una ciudadanía informada, transparencia en las acciones gubernamentales, rendición de cuentas, acceso a la información, derecho a la protesta sin discriminación ni criminalización.
Defender la vida en territorios hostiles es parte de los retos que enfrentan los defensores de derechos humanos, el medio ambiente y los territorios señala la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos, al presentar su último informe denominado “Datos que duelen, redes que nos salvan”, que recoge una mirada de casi una década de cómo el espacio cívico se ha ido restringiendo en la región, donde Honduras no es la excepción.
¿Quiénes les agreden?, pregunta el informe, al destacar que los principales agresores a las mujeres defensoras de los derechos humanos es el Estado: policías, autoridades municipales, departamentales, fuerzas militares, entre otras. El acceso a la justicia sigue siendo un talón de Aquiles para los gobiernos, y en el caso de Honduras, el 19.2% de las agresiones registradas y documentadas ha sido contra las defensoras de los derechos humanos, enfatiza el informe que analiza el período 2012-2023. Y muchas de ellas contaban con medidas de protección.
Otros sectores que agreden a las defensoras de derechos humanos son actores desconocidos, el crimen organizado, grupos fundamentalistas y anti-derechos. La mayoría de las agresiones responden a hechos de violencia y solo Honduras registra un 58% de los casos y denuncias sobre agresiones, evidenciando que estos hechos no son casuales, ni aislados, responden a una estrategia continua que tiende a escalar en la gravedad del tipo de agresión para desgastar a las defensoras humanitarias para no seguir con sus prácticas de defensa, advierte el informe.
Las agresiones van orientadas a erosionar la credibilidad, fomentar el discurso de odio, agresiones físicas, verbales, afectar el derecho al prestigio, a la vida familiar y privada; campañas de desprestigio, tortura, tratos crueles e inhumanos, entre otros mecanismos, forman parte de los abusos y atropellos que son objeto las activistas de derechos humanos.
A nivel de organizaciones advierten las limitaciones que están siendo objeto al limitarles el derecho de libertad de asociación, reunión y libertad de expresión. En Honduras, un reciente informe del Observatorio de la Democracia de la Red por la Defensa de la Democracia (RDD), advierte sobre la situación del espacio cívico en cuanto a amenazas, agresiones, limitación al acceso a la información, y la libertad de expresión y opinión, entre otros aspectos.
Crímenes y agresiones en ascenso
De acuerdo con el Observatorio de la Democracia de la RDD, según el Front Line Defenders, en Honduras los crímenes contra los defensores de derechos humanos pasaron de 11 en el 2021, 17 en 2022 y 19 en el 2023. Destacaron en este año del 2024, el asesinato del líder ecologista y defensor de los territorios, Juan López, ocurrido el 14 de septiembre en la localidad de Tocoa, en Colón.
Asimismo, destaca que los periodistas y defensores de los derechos humanos son las principales víctimas de las agresiones frente al espacio cívico, seguido de los actores que se dedican al activismo anticorrupción y la defensa del estado de derecho. La libertad de expresión en Honduras sigue su ruta en picada, advierte el Observatorio de la Democracia.
En el 2021, las agresiones hacia los periodistas y defensores de los derechos humanos fueron 302, en el 2022 se registraron 242 para elevarse en el 2023 a 453, señala el Observatorio de la Democracia.
En tanto, en los meses de enero a octubre de 2024, los ataques desde el poder a los integrantes del espacio cívico fueron escenificados por al menos 13 servidores públicos, entre ministros, diputados, diplomáticos, vicealcaldes, asesores en comunicación y asesores presidenciales, revela el informe para destacar entre algunos de estos personajes al titular de la Secretaría de Planificación Estratégica, el canciller y un vicecanciller de la República, el ministro de Sedesol, el ministro del Ambiente, entre otros.
Otro elemento que destaca el Observatorio de la Democracia en torno a las amenazas hacia el espacio cívico, son las llamadas cuentas alternativas al poder en donde se consignan suplantación de medios, y perfiles de cuentas falsas, en las cuales se erogaron más de 800 mil lempiras en gastos de pauta publicitaria en Facebook e Instagram. ¿Quién financia estas cuentas? Se pregunta el informe del Observatorio de la Democracia de la RDD.
El top de las 10 instituciones morosas
En cuanto al acceso a la información pública revela el top de las 10 instituciones públicas que tienen mayor mora por resistirse a dar información de interés público a la ciudadanía. Estas instituciones son: Banco Central de Honduras, la Secretaría de la Niñez y Adolescencia, Conatel, la Casa Presidencial, la Secretaría de Planificación Estratégica; el Instituto de Conservación Forestal, la ENEE, el Instituto Nacional Agrario, la Secretaría de Educación y el Congreso Nacional.
En materia del derecho de reunión y a la protesta, destacan dos acciones procedentes desde la autoridad: un comunicado de la Secretaría de Seguridad anunciando que no permitirán tomas ni protestas y que harán uso de los desalojos, además de llevar ante el Ministerio Público a los líderes de las protestas para su criminalización. El otro elemento, es la aprobación en el Congreso de un subsidio a los transportistas con la condición de que no pueden hacer protestas ni tomas en las calles.
En la lucha contra la corrupción, el Observatorio de la Democracia destaca que la comunidad anticorrupción se enfrenta a un gobierno que no ha cumplido con su principal promesa de campaña como es la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
La Corte Suprema de Justicia lejos de derogar uno de los obstáculos contra la lucha anticorrupción como era el decreto de amnistía política o pacto de impunidad 2.0, decidió que éste era constitucional, mientras las reformas a la Ley de Política Limpia para fiscalizar la procedencia del dinero que ingresa a las campañas políticas siguen estando pendiente.
La batalla por la defensa del espacio cívico como última frontera de la democracia parece que deberá librarse desde diversos ámbitos, en medio los defensores humanitarios, del ambiente, territorio, mujeres, periodistas y activistas claves, como víctimas de ataques para intimidar y neutralizar, como parte de una estrategia en donde parece caminar hacia una muerte “en oscuridad”, advierten los informes de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos y del Observatorio de la Democracia en Honduras de la RDD. (PD)
