Tegucigalpa– Es cierto que históricamente el Poder Judicial no ha estado al margen de la política vernácula y la repartición de magistrados entre los partidos políticos ha sido una práctica constante, pero con el trabajo de la Junta Nominadora, surgió la esperanza de que la situación cambiaría, pero el desencanto ha vuelto una vez que la nómina llegó al Congreso Nacional.
Hoy los distintos sectores nacionales y observadores internacionales claman porque los diputados respeten el trabajo de la JN, que no se salgan de la nómina y que vayan más allá de intereses particulares y partidarios, pero se ha visto que el interés de los parlamentarios no ha ido más allá de números.
El peligro, recuerdan los analistas, es que la dependencia del Poder Judicial del poder político de un partido en el poder, se vuelve absoluto y pone en riesgo la democracia, sobre todo cuando la realidad muestra el creciente deterioro de este modelo en la región.
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Si el Poder Judicial en vez de dedicarse a impartir justicia se inclina o es obligado a procesar conflictos políticos, desaparece el estado de derecho, añaden.
El cardenal Óscar Andrés Rodríguez reflexionó este domingo sobre la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y señaló que no puede seguir siendo lo mismo del pasado y que los hondureños tienen derecho a la justicia.
Recientemente monseñor Ángel Garachana, recordó que la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tiene que ser pensada en términos de país y eligiendo a los candidatos más idóneos que tengan ética, Monseñor remarcó que el pueblo desea una CSJ objetiva transparente sin parcialismos sin estar controlada por el Poder Ejecutivo.
En los últimos días el diálogo se ha intensificado y ya el martes podría haber convocatoria y encontrarse consenso para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dijo el vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino.
El consenso entre partidos es normal y se respetará la nómina de la Junta Nominadora, aseguró el parlamentario.
En CN nomina parte de cero
Claramente diputados han expresado su posición en cuanto a que una vez que la nómina llegó al Congreso Nacional, los postulantes que figuran en ella parte de cero y no se toma en cuenta los datos que fueron analizados por la Junta Nominadora, de modo que quienes salieron bien evaluados deberán conformarse con el porcentaje, si no cuentan con la venia política.
El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), que realizó una veeduría permanente en el trabajo de la JN, sacó datos interesantes sobre quienes lograron pasar a la nómina de los 45, y destacó la buena labor.
Otras organizaciones también han hecho sus apuestas por candidatos que consideran idóneos, pero la mayoría de estos no han sido tomados en cuenta porque al final en el Legislativo solo cuenta el criterio político, lamentó Jimena García, de la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia.
Como es de todos sabido la Junta Nominadora envió la nómina de 23 mujeres y 22 hombres al Congreso, de acuerdo con los porcentajes obtenidos por las y los postulantes en el llenado de la Matriz de Evaluación Técnica, y aunque algunas voces remarcan que siempre tuvo que haber algún interés político porque se logran colar algunos de los postulantes más cuestionados, en términos generales la JN hizo un buen ensayo de lo que puede ser una buena técnica para elección de altos puestos públicos.
El analista Raúl Pineda Alvarado, quien también fue postulante fue consultado por Proceso Digital y es del criterio que, en la JN, también se “actuó políticamente a nombrar los 4 principales candidatos que eran de interés de Libre”.
Los más tachados
Otras voces de distintos sectores ya están cuestionando que en la lista propuesta por libre no figuren quienes según nota fueron de los más destacados lo que demuestra que solo hay interés político.
Los datos de CESPAD, indican que de los 45 juristas que conforman la nómina, 23 fueron tachados y/o denunciados, un dato que equivale a un 51.11 % de los auto-postulantes.
Se complementa en la investigación de CESPAD, que, en la presentación de impugnaciones por parte de la ciudadanía, Anny Belinda Ochoa y Daniel Arturo Sibrián, encabezaron el listado de tachas y denuncias. Ochoa recibió 12 y Sibrián 8.
“Sin embargo, pese al número, aún forman parte de la lista de candidatos que presentó la Junta Nominadora al Congreso Nacional”, citó Centro de Estudio para la Democracia. Y de igual forma están incluidos en la lista que propuso Libre.
Mujeres con mayor experiencia judicial
De acuerdo con el análisis de las hojas de vida de los candidatos, 32 de los 45 profesionales del derecho tienen estudios superiores y de postgrados. De ese total, 7 cuentan con doctorados: 3 mujeres y 4 hombres, adiciona CESPAD.
En cuanto a la experiencia judicial otro criterio importante para la calificación de las y los autopostulados fue su experiencia laboral, especialmente dentro del sistema de justicia nacional.
Según la base de datos del proceso de veeduría del CESPAD, 32 de 45 candidatos cuentan con experiencia laboral ejercida en la Corte Suprema de Justicia o dentro del Ministerio Público (MP), distribuida de la siguiente manera: 20 en la CSJ, 6 en el MP y 6 en ambas instituciones.
No obstante, la sociedad civil desde ya lamenta que al final no cuenta la mayor experiencia ni la mayor nota sino solo los números consensuados con intereses partidarios, no obstante no se pierde la esperanza que quienes queden al final sean de la lista enviada por la JN, y que al llegar a la CSJ, demuestren que mantendrán firme la balanza de la diosa Temis, y defrauden al pueblo al inclinarla para el lado que les indique el Poder Judicial, Legislativo y otros capitales.
Otros sectores también recuerdan que para que se concrete la CICIH en el país, dependerá también de transparencia la elección de los magistrados.
Es oportuno recordar que en un reciente análisis la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), enfatizó que “antes de la instalación de la CICIH, el Estado de Honduras debe andar un camino previo, el de garantizar una Corte de Suprema Justicia independiente, capaz de sacudirse los señalamientos del pasado, depurar el poder judicial de las redes ilícitas que lo han cooptado y de liderar, de forma eficiente y oportuna, un proceso de reformas”. LB
