Tegucigalpa (Especial Proceso Digital /Por Lilian Bonilla) – En Honduras, la lucha contra el narcotráfico, la corrupción y el delito en general es una tarea urgente y desafiante que involucra no sólo a las autoridades encargadas de combatir estos flagelos, sino también a expertos y defensores de los derechos humanos que levantan preocupaciones sobre prácticas corruptas y manipulación de pruebas dentro del sistema judicial.
– La implantación y ocultamiento de pruebas va más allá de casos aislados y es más común de lo que parece.
– Expertos recomiendan fortalecer instancias de investigación como la DLCN y la ATIC del MP y autodepuración.
Casos reales de implantación y ocultación de pruebas, han sido evidentes en el país, y aunque parezcan casos aislados los expertos aseguran que estos casos de corrupción y abuso de autoridad son más comunes de lo que uno pensaría.
Para muestra, en las últimas horas el Ministerio Público informó esta semana de la captura de cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) por el secuestro de víctimas.
De igual forma ha sonado con fuerza en las últimas el caso de ocho oficiales activos de la Policía Nacional, asignados a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), acusados de varios delitos. En este caso ya se dictó prisión preventiva para los acusados de asaltar y plantar pruebas contra un ciudadano.
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Alertas sobre la manipulación de pruebas
Cualquier ciudadano común y corriente podría ser víctima del ego maligno de algún agente o fiscal de alguna dirección que quiera levantar el perfil, fabricando casos.
Esta consulta de que si son casos aislados se la planteó Proceso Digital al abogado penalista Marlon Duarte, quien contestó que “son más comunes de lo que uno pensaría”.
El togado recordó que se han hecho públicas graves acusaciones sobre la manipulación de pruebas y la corrupción dentro de varias dependencias del Ministerio Público, destacando casos de ocultamiento y fabricación de evidencia que afectan gravemente el debido proceso y la justicia.
Duarte expuso que la Fiscalía, especialmente en casos relacionados con corrupción, tiene la tendencia a ocultar pruebas o seleccionar convenientemente los medios de prueba que presentan en los requerimientos fiscales, dejando a la otra parte indefensa y violando disposiciones legales.
«Es una conducta desleal que está tipificada en el Código Penal como implantación de medios de prueba y también como ocultación de pruebas», señaló Duarte, haciendo referencia al Artículo 93 del Código Procesal Penal, que establece claramente la obligación del fiscal de presentar todos los medios de prueba, incluso aquellos que exoneran de responsabilidad al imputado.
Entre los ejemplos citados por Duarte se encuentran casos de implantación de pruebas que se dan casi a diario, donde se fabrican evidencias como armas o drogas para incriminar a personas inocentes. También mencionó la práctica de detenciones para levantar perfiles de instituciones, donde se fabrican actas de decomiso por ejemplo de dinero sin pruebas reales.
Ante estas irregularidades, Duarte propone una serie de reformas legales, incluyendo la tecnificación de los allanamientos mediante el uso de cámaras en los cascos de los agentes, y la obligatoriedad de la presencia de dichas cámaras para realizar cualquier inspección o acta de allanamiento.
Además, una reforma del Código Procesal Penal, para garantizar que todas las investigaciones y actos de entrega controlados de dinero se realicen bajo control y transparencia.
Asimismo, advierte a la ciudadanía a estar alertas en casos en los que podrían ser víctimas de estos abusos, ya que al final sería su palabra en contra de autoridades, que en realidad son unos pocos servidores malos que empañan la labor de sus instituciones, donde la mayoría son buenos.
Por último, Duarte enfatiza la importancia de contar con fiscales comprometidos con el principio de objetividad y proponer un proceso de autodepuración dentro de la fiscalía para detectar y corregir prácticas corruptas.
En tanto, el médico forense Denis Castro es del criterio que hace mucho tiempo debió haberse estructurado una sola entidad con diferentes tipos de funciones en materia de investigación.
“Se debe trabajar con una sola central de información y de manejo de datos para crear una policía correcta en el apartado de la investigación criminal”, apuntó.
El experto en peritajes forenses puso de ejemplo a Costa Rica, donde el Poder Judicial desde hace 75 años maneja el organismo de investigación judicial que efectúa las diligencias para asuntos de país.
“Es una de las organizaciones mejor estructuradas con mayor experiencia en toda América, pero Honduras siempre da pasos de ciego en cuestiones de seguridad investigativa por falta de experiencia y conocimiento en el campo de las personas nombradas en los últimos años en altos cargos”, describió.
Castro Bobadilla es del criterio que la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico debe ser replanteada con objetivos precisos y políticas de la actual gestión del MP.
“Tiene que tener una forma de profesionalización. No lo que ha venido ocurriendo en Honduras tradicionalmente con miras de una mejoría para que el fiscal tenga instrumentos básicos en control de evidencias para efecto de ser presentados en los estrados judiciales”, manifestó.
Remarcó que un MP sin una buena investigación criminal se convierte en un elefante blanco en cualquier país.
Caviló que si de él dependiera “crearía una súper estructura de investigación criminal, evitaría esas confrontaciones entre las instituciones que no abonan en nada. Si queremos trabajar en una buena orquesta tiene que haber una buena dirección”.
Puntualizó que en el país se han creado muchas estructuras dispersas de investigación para finalmente no hacer nada, se debe centralizar las acciones bajo la estructura de una buena organización que esté al servicio del Sistema Judicial Nacional y no de las partes interesadas.
Ciudadanos en indefensión
Para el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, existe mucha preocupación sobre la implantación de pruebas en casos manejados por fiscalías del MP.
Para el caso, dijo conocer casos específicos y citó tres casos casualmente de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP), de tres jóvenes residentes en San Pedro Sula, dos de los cuales fueron absueltos de responsabilidad, mientras que uno fue condenado por el tribunal anti extorsión basado en pruebas supuestamente implantadas.
Estos casos y otros de los cuales han conocido en el Codeh, han planteado serias inquietudes sobre el debido proceso y el respeto a los derechos humanos, añadió.
Maldonado hizo hincapié en la gravedad de la implantación de pruebas, ya que subrayó la situación de completa indefensión en la que quedan los ciudadanos cuando se les imputan pruebas implantadas, destacando la disparidad de poder entre la autoridad y el ciudadano común. En casos de delitos como la extorsión o narcotráfico, donde la estigmatización y la presión pública son intensas, la situación se vuelve aún más preocupante.
Para el defensor de DDHH, el fiscal del Ministerio Público, Johel Zelaya, tiene un gran compromiso con el país y el estado de derecho en corregir todas esas malas prácticas.
En ese sentido, Maldonado destacó la necesidad de una depuración en el Ministerio Público, pero que sea verdadera y transparente internamente, debido a la presencia de fiscales que no cumplen adecuadamente su deber de garantizar los derechos y las garantías de los acusados.
Puntualizó con un llamado a una revisión exhaustiva de estos procedimientos y a un compromiso firme con el respeto a los derechos humanos y el debido proceso. Es crucial, según él, que el sistema legal garantice la justicia y la imparcialidad para todos los ciudadanos, independientemente de su situación socioeconómica o de su pertenencia a grupos marginados.
Fortalecimiento de DLCN es urgente en voz de expertos
Las sociólogas Mirna Flores y Julieta Castellanos destacan la importancia de fortalecer la DLCN mediante la creación de unidades especiales coordinadas entre sí. Suazo subraya la necesidad de mantener una lucha continua y profesionalizada contra el narcotráfico, mientras que Castellanos advierte sobre la posibilidad de un debilitamiento en la investigación criminal si se lleva a cabo una fusión con la ATIC.
«Creo que deben ser unidades especiales las que tomen el narcotráfico, pero conectadas fundamentalmente y coordinadas entre sí», expresó, al tiempo que anotó que «la DLCN, debe ser un brazo importante en esta lucha que debe continuar. Es necesario profesionalizar estas entidades y garantizar la depuración para eliminar los focos de corrupción que han existido en el pasado», subrayó Flores.
Al mismo tiempo, señaló la preocupación por la desestructuración que sufren estas entidades cada vez que cambia el gobierno, enfatizando la importancia de mantener una continuidad en las políticas y acciones contra el narcotráfico.
Por otro lado, la también socióloga Julieta Castellanos, añadió a la discusión, recordando episodios lamentables relacionados con la lucha contra el narcotráfico. «Hay que recordar la muerte de Orlan Chávez, conocido como el ‘fiscal de oro’, y otros casos preocupantes», mencionó Castellanos.
Además, expresó su preocupación por las recientes acusaciones de abusos policiales durante el estado de excepción, lo que podría llevar a una situación de vulnerabilidad para la población.
Castellanos planteó interrogantes sobre la posible fusión de la DLCN con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), resaltando la importancia de definir claramente los objetivos de dicha fusión. «Depende del objetivo que se busque, cada entidad tiene su cartera de delitos que perseguir», comentó.
En cuanto a los posibles resultados de esta reestructuración, Castellanos advirtió sobre la posibilidad de un debilitamiento en la investigación criminal, lo cual consideró como un retroceso lamentable dada la situación actual del país en términos de inseguridad y violencia.
En conclusión, tanto Flores como Castellanos coinciden en la necesidad de fortalecer la lucha contra el narcotráfico, garantizando la continuidad, la profesionalización y la depuración de las entidades encargadas, mientras se evitan retrocesos que puedan debilitar los esfuerzos por mejorar la seguridad y la justicia en el país.
Fortalecer instancias de investigación
Para el director de Justicia y Seguridad de ASJ, Nelson Castañeda, la fusión de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), básicamente sería enfocar la primera en fortalecer la lucha contra un delito que genera un grave conflicto social y un severo impacto en el país y afecta gravemente a la sociedad.
«Fortalecer la parte investigativa mediante una agencia técnica ya establecida podría ser una solución efectiva, siempre y cuando se justifique claramente su necesidad y se garantice su eficacia», adicionó.
Castañeda enfatizó la importancia de que en caso de una fusión el proceso de transición sea transparente y limpio, evitando cualquier interpretación errónea o politización del mismo. Al consultarle si sería peligroso desaparecer la DLCN sin un reemplazo adecuado, contestó que lo que en realidad se espera es que, en lugar de desaparecerla, se fortalezcan este tipo de instancias investigativas.
Seguidamente, el director de Justicia y Seguridad de ASJ, en conversación con Proceso Digital, expresó su preocupación por el creciente fenómeno del narcotráfico en Honduras, que ahora incluye no sólo el tránsito, sino también la producción de drogas en el país. «Esto genera una mayor exigencia para fortalecer las unidades investigativas y obtener resultados contundentes», subrayó Castañeda.
Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de incrementar las capturas, decomisos e incautaciones para evitar que el crimen organizado continúe expandiéndose y afectando severamente la economía, la paz y la seguridad de los ciudadanos.
«Es evidente que el narcotráfico está impactando de manera significativa en nuestro país, cooptando territorios y volviendo invivible la situación para muchos ciudadanos», es crucial actuar con determinación y eficacia para controlar esta amenaza y proteger a la sociedad hondureña, concluyó Castañeda.
Los expertos concluyen que las recurrentes acusaciones y quejas de la población en casos que incluso se han comprobado, arrojan luz sobre serias deficiencias en el sistema judicial, poniendo de manifiesto la necesidad urgente de medidas para garantizar la transparencia, la justicia y el respeto al debido proceso. LB
