Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – El mes de agosto fue para el gobierno de la presidenta Castro decisivo para despejar dudas en torno al rumbo que tendrá la lucha contra la corrupción y el papel que jugará y seguirá jugando la narcopolítica en esta nación centroamericana. Fue el mes que puso un sello a la instalación de la CICIH y a los procesos de extradición de hondureños a Estados Unidos por razones de narcotráfico.
En una “acción de soberanía” la presidenta Xiomara Castro decidió poner fin al tratado de extradición con los Estados Unidos, donde gracias a esa herramienta más de un veintena de capos hondureños han sido juzgados en tribunales de la nación del norte por narcotráfico, entre ellos un expresidente condenado a 45 años, un hermano de ese expresidente con cadena perpetua, un hijo de otro expresidente, políticos, y líderes de importantes carteles que operaron a sus anchas por el país durante más de dos décadas sembrando miedo y terror, pero negociando con las elites políticas del país.
La extradición y posterior condena del expresidente Juan Orlando Hernández, alias JOH, fue el más duro golpe contras las elites políticas, pero también para Honduras, al develarse como una nación fue secuestrada por las mafias del narcotráfico y la institucionalidad gubernamental y estatal puestas al servicio del crimen. El gobierno de la presidenta Castro llegó al poder, justo por el discurso en contra de las mafias del crimen, en contra de lo que llamó una narcodictadura encabezada por JOH.
Pero ese discurso cobró un giro de 180 grados cuando anunció que daba por terminado el tratado de extradición con Estados Unidos, aduciendo injerencias de la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, por expresiones en torno a la reunión que sostuvieron con el jefe militar de Venezuela, Vladimir Padrino López, el entonces ministro de Defensa hondureño, Manuel Zelaya Rosales y el actual jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Roosevelt Hernández.
La embajadora dijo estar sorprendida y preocupada de la reunión dado los antecedentes de Padrino, considerado por uno de los líderes del cartel de narcotráfico de Los Soles, en Venezuela, y sobre quien Washington ha puesto precio a su cabeza, junto a Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, todos ellos señalados de ser capos de ese importante cartel delictivo con nexos trasnacionales, según informes de medios especializados y de importantes dependencias de Estados Unidos.
Vía libre para financiar campañas
Esa preocupación de la embajadora Dogu bastó para que el gobierno de Castro se adelantara y declarada por suspendido el tratado de extradición con Estados Unidos, argumentando que el entonces ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas se encontraban “bajo ataque” y que la extradición sería utilizada con “fines políticos” ante la “injerencia” de Washington en asuntos internos hondureños. La población reaccionó en contra de la decisión sin terminar de entender las causas reales de la decisión hasta que apareció un video en el cual el cuñado de la gobernante, el actual secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, aparecía negociando sobornos con un grupo de la mafia de la droga hondureña.
La asociación del porqué el gobierno de Castro daba por concluido el tratado de extradición con Estados Unidos, fue inmediata: por protección a su entorno familiar. Y aunque las estrategias del oficialismo han sido negar ese extremo y calificar como “ético y valiente” el hecho de que Carlos Zelaya anunciara que renunciaba a su cargo de diputado y secretario del Congreso Nacional para ser investigado, la decisión del gobierno de la primera mujer presidenta de Honduras sigue sin tener el aval popular. En los sondeos de opinión pública la población cree que hay más o viene algo más.
En el imaginario popular lo que más ha impactado de ese video es cómo Carlos Zelaya— cuya renuncia ya fue aceptada en el parlamento pero su salida aún no ha sido aceptada en Libre porque no ha habido una asamblea—dice a los capos que del total de fondos que recaude para la causa electoral, la mitad es “para el comandante” y el resto repartido en tres departamentos estratégicos: Olancho, Colón y Santa Bárbara, territorios donde opera con fuerza la narcoactividad y la inseguridad según reportes oficiales e internacionales.
El narcovideo que sacudió al gobierno del partido Libertad y Refundación (Libre), revela en 34 minutos esas negociaciones entre los capos hondureños y las elites políticas, deja claro desde cuándo operan con los sobornos: 2005 el punto de partida según sus testimonios. De ahí para acá el financiamiento del narco en las campañas políticas se volvió una “tradición” que obliga a leer como esos nexos se tejieron desde lo local, lo regional hasta llegar a copar y cooptar gran parte de la institucionalidad del país.
El narcovideo -como bien apunta el analista estadounidense de la Fundación Seatle, Eric Olson— es apenas la punta del iceberg, y no representa ni soluciones fáciles ni rápidas para Honduras, un país que no podrá por sí solo sacudirse ese cáncer del narcotráfico y la narcopolítica. De ahí que la decisión del gobierno de Castro de dar por concluida la extradición genere más dudas que certezas, ante la debilidad de los argumentos y el pretexto que se encuentra en marcha “un golpe de estado”.
El expresidente Manuel Zelaya, en sus declaraciones, dijo que, en estos momentos, la extradición “en manos del enemigo” se constituye en una injerencia en el proceso electoral que se avecina en marzo de 2025 con elecciones primarias y en noviembre de ese mismo año cuando se produzcan las elecciones generales. Zelaya dijo que ese “enemigo” no es los Estados Unidos, pero en la práctica es el país con quien más han estado confrontado por posiciones político-ideológicas y es con ese país con quien decidieron eliminar el tratado de extradición.
Los conocedores de la política y del tema del narcotráfico, de cara al proceso electoral dan otra lectura a esa decisión de frenar las extradiciones a Estados Unidos: dar carta blanca al financiamiento de las campañas políticas procedentes del dinero ilícito de la narcoactividad, en vista que los órganos responsables de frenar el dinero sucio para las campañas políticas carecen de presupuesto y de recursos humanos. Los capos de la droga podrán seguir financiando campañas, sin temor a ser descubiertos, menos a ser extraditados.
Adiós a la CICIH
Pero esa decisión del gobierno de la presidenta Castro tiene otra repercusión directa: alejar la instalación en el país de una Comisión de Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), pues el mensaje de suspender la extradición frena toda lucha contra la impunidad y vuelve más floreciente el negocio de la corrupción.
La presidenta Castro anunció que a fines de septiembre viajará a la asamblea anual de las Naciones Unidas y espera ahí retomar con el secretario general, Antonio Guterres, el tema de la CICIH expresó el canciller Reina. Pero esas negociaciones, si se producen, van precedidas de otro entorno distinto al de hace un año atrás: el gobierno ha acusado a la ONU de atrasar la instalación del mecanismo anticorrupción por su burocracia, el Congreso Nacional no ha podido derogar las leyes torales necesarias, el país ya entró en campaña política electoral en donde las Naciones Unidas evitará quedar atrapada en medio de fuerzas políticas antagónicas.
Igualmente, la Corte Suprema tiene en punto de una sesión abierta la declaratoria o no de nulidad de la ley de amnistía, conocida como “pacto de impunidad”, creada a inicio de este gobierno y en la que se cobijan ex funcionarios, funcionarios y personajes con casos abiertos por corrupción y otros delitos de orden privado. Mientras las cartas de libertad siguen emitiéndose como baraja, estratégicamente el pleno de magistrados se reunirá para conocer el tema, hasta que la gira de Castro y su cita en las Naciones Unidas haya concluido. La agenda judicial ha sido fijada para el ocho de octubre entrante.
El país sube, además, en su escalada de polarización y las denuncias y amenazas de cierre en contra del espacio cívico son crecientes. Los luchadores del medio ambiente y defensa del territorio siguen llevando la peor parte, dentro ello el reciente asesinato del líder popular y ambientalista, Juan López, quien gozaba de medidas de protección de la CIDH que el Estado nunca le otorgó.
Los vientos para la instalación de la CICIH no son tan favorables, como en el 2022, y al tercer año de mandato de la presidenta Castro, el discurso político se tragó la promesa y todo apunta que, si llega la CICIH, esta sería posterior a los comicios del próximo año, pues es muy probable que sea nuevamente el centro de la campaña política electoral como oferta política de los presidenciables.
En tanto, instancias civiles como ASJ y el Consejo Nacional Anticorrupción siguen denunciando prácticas de nepotismo en el actual gobierno, identificando lo que denominan “el familión” allegado al círculo de la familia presidencial repartido entre grupos claves y estratégicos de su entorno más intimo.
La lucha contra la corrupción se vuelve cuesta arriba y el discurso de “campeones” contra la corrupción que posicionó Libre y el gobierno de Castro, se ha revertido, pues al denunciar el tratado de la extradición también dio el finiquito para que llegue al país la CICIH, advierten los analistas. Y como dirían sus diputados estrategas: Xiomara Castro jugó con balón adelantado al dar un jaque mate, a dos hechos que incomodan: la extradición y la CICIH. PD
