Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – Desde compra de helicópteros, medicamentos, granos básicos, contratación de servicios para atender zonas afectadas por lluvias o para construir cárceles de máxima seguridad en zonas protegidas, las compras directas han sido la marca del gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
Y los resultados no han sido los deseados al tenor que se llegó a lo insólito de tener que suspender cirugías en el Materno Infantil y en el Hospital Escuela, porque no hay el elemental material médico como es el algodón, lo que llevó al bochorno de que el principal centro de asistencia hospitalaria solicitará préstamos de algodón para reiniciar las operaciones.
Igualmente son rutinarias las quejas de los pacientes del sistema hospitalario público y del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que no encuentran todos los medicamentos que les recetan los médicos, así como los exámenes de imágenes y otros que deben realizarse.
Transparencia
Durante la campaña presidencial de Libre, Xiomara Castro prometió transparencia y que las compras directas serían eliminadas, ya que entonces las señalaba como fuente de corrupción.
Y aunque desde el inicio de su mandato la presidenta Castro eliminó una serie de leyes que afectan la transparencia y el acceso a la información, con el tiempo se fueron haciendo común la aprobación de decretos de emergencia que llevan aparejados la autorización de compras sin licitación.
Simultáneamente se solicitaba reserva de información de las compras directas, lo que provoca opacidad y falta de transparencia a fin de que el público no tenga acceso a la pesquisa de las adquisiciones gubernamentales.
Autorizaciones
Recientemente, Copeco, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT); el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS); la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS); y, la Secretaría Agricultura y Ganadería (SAG), fueron autorizadas para realizar las compras y contrataciones necesarias para atender la emergencia causada por las lluvias que dejó la Tormenta Tropical Sara.
En el caso de Copeco, los fondos fueron empleados para comprar kits de higiene y limpieza; raciones de alimento y láminas de zinc para dar a las familias que fueron afectadas por las lluvias.
Estas mismas secretarías recibieron el visto bueno para compras directas en el primer año de gobierno, según consta en PCM-16-2022, publicado en el diario oficial La Gaceta número 36,036, del 10 de junio del 2022.
Como en el pasado, los cuestionamientos a las compras directas no se han hecho esperar. La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, señaló que el impacto de la corrupción es más devastador que las lluvias; “por eso -urge- como dicen ustedes, que cada compra directa sea supervisada por entes independientes. No es solo una cuestión de legalidad, sino de ética y humanidad”, enfatizó.
Para la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, “todo lo que es compra directa consideramos que no es recomendable porque todo se debería llevar a cotización y al final nosotros los que hemos sido fieles a defender el tema de anticorrupción y estas compras directas pueden dar a que pueda existir esta corrupción”, dijo.
En esa línea se pronunció el oficial de Política Económica de COHEP, Alejandro Kaffati, quien dijo a Proceso Digital que deben abrirse las puertas a la sociedad civil para que sean veedores en estos procesos de adquisición, aunque observó que estos deben ser sin sesgos.
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Desde el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) recomendaron que los fondos destinados para emergencia sean eficientes.
“Si no se atienden las recomendaciones y se sigue haciendo lo mismo, todos los años vamos a tener el mismo resultado y al final el país estará en un círculo vicioso”, apuntó Mario Palma, economista del Fosdeh.
Primeras compras directas
La primera autorización para realizar compras directas llegó recién iniciado el gobierno, cuando por medio del PCM 16-2022, la presidenta Castro decretó un estado de emergencia en el sector salud, y dio luz verde a la compra de medicamentos. Y es que, en Honduras, los decretos de emergencia han venido acompañados con este agregado de compras directas.
Al declarar el estado de emergencia sanitaria durante el 2022, se autorizó “la contratación directa de los medicamentos e insumos vitales y para asegurar que los establecimientos de salud que proveen servicios faciliten el acceso a diagnóstico y tratamientos para la población que lo requiere”, cita el Diario Oficial La Gaceta de 2 de mayo de 2022, bajo el número 35,912.
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Para el siguiente año, la emergencia se extendió, mediante el PCM 04-2023, para que la Secretaría de Salud (Sesal) pudiera seguir con compras directas de medicamentos, las que con el tiempo no solo fueron cuestionadas por sectores sociales, sino que también hay una denuncia ante el Ministerio Público.
A finales de octubre pasado, la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), presentó ante el Ministerio Público (MP) una denuncia por compras irregulares de medicamentos por parte del gobierno de Honduras.
“Hemos detectado irregularidades en las compras directas realizadas por la Secretaría de Salud con costos elevados en los medicamentos”, expuso la asesora legal de la ONG, Alejandra Fuentes.
Los decretos de emergencia de las FFAA
El viernes 25 de octubre fue publicado el acuerdo ejecutivo 190-2024 en el diario oficial La Gaceta número 36,672 donde se conoció que la ministra de Defensa, Rixi Moncada, quien es además precandidata presidencial del oficialista Libertad y Refundación (Libre) tiene vía libre para compras directas.
Entre otras acciones, dicho decreto autoriza a Moncada a contratar y comprar lo necesario para construir dos cárceles de máxima seguridad, una en las Islas del Cisne y la otra en un lugar no especificado, entre Olancho y Gracias a Dios.
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Previamente, el gobierno había dado luz verde a la Secretaría de Defensa a realizar compras y contrataciones directas para la repotenciación de aeronaves de la Fuerza Aérea y la compra de dos helicópteros por un valor de 589 millones de lempiras que estarán llegando próximamente al país.
También, en junio del segundo año de gobierno, Castro autorizó dos decretos de emergencia para compras directas para la construcción de la megacárcel en las Islas del Cisne y la finalización del penal de Naco.
Otra dependencia de las Fuerzas Armadas autorizada para hacer compras directas es la Policía Militar del Orden Público (PMOP), que mediante decreto ejecutivo PCM 18-2024 le da luz verde para comprar y adquirir directamente los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de los centros penales, cuyo control está bajo su mando desde julio de 2023.
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Manejo de datos y granos básicos
En el listado de decretos de emergencia también figuran autorizaciones para adquirir por la vía de la contratación directa, los servicios de cortafuegos, computadores, servidores, gestores documentales entre otros por un valor estimado de 20 millones de lempiras.
Según el diario oficial La Gaceta en su edición 36,673, se declaró estado de emergencia en el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), dando esta autoridad al comisionado presidente Rafael Barahona.
Las contrataciones directas también llegan a proyectos que han sido declarados en secretividad, como el ferrocarril interoceánico.
El PCM 08-2024 autoriza al presidente de la Comisión Nacional del Ferrocarril (Confi), Héctor Zelaya Castro, hijo de la presidenta Xiomara Castro, a suscribir los contratos conforme a las facultades que le confiere el artículo 5 de este decreto ejecutivo, mediante el procedimiento de contratación directa.
El Poder Ejecutivo también dio a la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) la potestad de realizar la compra directa de granos básicos, según consta en el decreto PCM 31-2023, aprobado el pasado 27 de junio en Consejo de Ministros.
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Para los agro productores, el problema que se ha dado siempre con las importaciones es que los productores con su cosecha interna quedan desprotegidos y a merced de los coyotes.
“Al tener estos productos de importación bajan el precio de la producción nacional y se afecta directamente a productores en vez de incentivarlos”, reprochó el presidente de la Asociación de Productores Agrícolas de Honduras, Pablo Pavón, sumándose así a las voces que rechazan las compras directas en el país. PD
