Tegucigalpa – Luego que fracasara en la Cámara Legislativa la elección del pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que fungirá para el periodo 2023-2030, los llamados “Padres de la Patria” han entrado en un periodo de reflexión y negociación en la búsqueda de consensos políticos.
– Se prevé que habrá nueva convocatoria para tratar de elegir el pleno de magistrados el miércoles de la próxima semana.
En el día después del fracasado inicio del proceso para elegir a los 15 altos jueces de la República, las fuerzas políticas han comenzado una profunda meditación con intensos cabildeos para llegar a acuerdos que permitan instalar un nuevo Supremo.
Actores políticos han coincidido que no existe prisa para lograr la selección de los magistrados y se limitan a recordar lo ocurrido en el proceso de 2016 que demoró 19 días para lograr llevar al abogado Rolando Argueta a dirigir los destinos del Poder Judicial en los últimos 7 años.
El impasse persiste en la cantidad de magistrados que tendrá el Partido Libertad y Refundación (Libre), ya que el Partido Nacional ha dejado claro que no apoyará un Corte Suprema con mayoría oficialista por los peligros que representa para la democracia ante las pretensiones de una Asamblea Nacional Constituyente y otros aspectos legales que incluyen a la sociedad y la familia.
Libre reclama siete altos jueces, mientras el Partido Nacional cinco y el Partido Liberal tres, pero los cachurecos alertan que no permitirán “un gallo tapado” que le permita al oficialismo tener mayoría simple en las votaciones del Supremo.
Diversos sectores de la sociedad, analistas políticas, actores de la elección de magistrados y observadores internacionales concuerdan en la elección de una CSJ independiente alejada de los caprichos partidarios y los fallos amañados.
A las seis fuerzas políticas representadas en la Cámara le espera un largo fin de semana para seguir con los cabildeos, aunque muchos aseguran que la negociación es cosa de los principales tres partidos del país.
CNA reclama los dejen ejercer veeduría
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció la negativa del Congreso a una veeduría «in situ”, y reclama a ese poder del Estado que los dejen ser parte de la observación.
La directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, expresó que justo cuanto el Congreso Nacional se apresta a la elección de los magistrados de la Corte Suprema, algunos diputados se niegan a la veeduría ciudadana.
Seguidamente manifestó que “nada bueno se puede esperar de quienes convenientemente confunden lo correcto con lo corrupto, y que también a conveniencia se sacuden las leyes como perros mojados, para impedir que el Consejo Nacional Anticorrupción ejerza su función veedora”.
¿Por qué cierran sus puertas, a que le temen?, increpó Castellanos.
En su mensaje resaltó que la veeduría ciudadana puede salvar el proceso de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que reviste gran importancia porque son quienes tomarán las riendas del Poder Judicial, los próximos siete años de justicia o impunidad.
De igual forma reprendió que ellos (CN) desvirtúan la transparencia y pareciera que armar su propia casa de justicia selectiva y en esa pretensión la vigilancia estorba en un Congreso del pueblo que solo es de nombre, pero no de ley como su junta directiva.
Si nueva CSJ no garantiza independencia no vendrá CICIH
Si la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) no garantiza independencia judicial, no llegará a Honduras una misión internacional anticorrupción, dijo el abogado peruano Juan Jiménez Mayor.
El diplomático peruano encabeza la Misión Internacional de Observación (MIO) para monitorear la elección de los nuevos magistrados al Poder Judicial.
“Si no existe una Corte Suprema (de Justicia) que garantice independencia, difícilmente va a venir una misión internacional a apoyar al país”, insistió el sudamericano.
El peruano, que ya tiene la experiencia de cómo funciona la política en Honduras al ser vocero de la desaparecida Misión de Apoyo Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), señaló que en los últimos días ha observado negociaciones entre los partidos políticos en cuanto a la distribución de números en la CSJ.
Consideró que lo ideal es que las cuotas en la CSJ sean designadas en función de los méritos de los postulantes o justificar el porqué no se elegiría a las personas que tienen la mejor calificación.
“Desafortunadamente en el caso de Honduras, estamos en un país que ha tenido por muchas décadas una injerencia política dentro de la justicia y se ha venido distorsionando, y ha venido generando impunidad”, declaró.
El delegado de la MIO lamentó que la responsabilidad de funcionarios que tienen el control del poder de órganos políticos como la CSJ, Ministerio Público o Tribunal Superior de Cuentas (TSC) no han respondido a sus mandatos constitucionales y legales.
Adicionó que estos funcionarios han respondido a directrices políticas mencionando expedientes archivados porque incluye a funcionarios que han cometido actos de corrupción.
El exvocero de la MACCIH expresó que la expectativa del MIO es que el trabajo de la Junta Nominadora pueda ser respetado por los diputados.
Estamos viendo un sistema de cuotas, no hay que ser ingenuo que tiene muchas directrices políticas, y estos políticos van a elegir en función de sus intereses, manifestó.
Enfatizó que las cuotas deben responder a tendencias con aspectos conservadores y liberales que puedan expresarse en la CSJ y no a directrices políticas.
Voto público evita salirse de línea partidaria
El director de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, consideró que la votación en público evitará que un diputado se aparte de la línea partidaria.
Celebró que los congresistas decidan votar de manera pública para la elección de los nuevos 15 magistrados y consideró que esta medida fuerza a que se mantenga la unidad partidaria.
“Evita que durante el proceso algunos se salgan de la línea partidaria motivado por intereses monetarios”, explicó.
El dirigente de sociedad civil expresó que se debe demandar que los diputados tengan mucha capacidad de consenso para lograr esa lista de 15 magistrados.
Se requiere mucha sabiduría, paciencia y esto tiene que ver con democracia, dijo Hernández.
Definió que la CSJ es el último bastión para defender el Estado de derecho, la democracia, el acceso a la justicia y combatir la impunidad.
La suerte está echada: Marvin Ponce
El exasesor presidencial, Marvin Ponce, manifestó que ya existe un consenso en la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la que el oficialismo tendrá siete magistrados, incluida la presidencia.
Dijo que el Partido Nacional se conformará con cinco magistrados mientras que el Partido Liberal tendría a tres.
“Según lo que yo percibo ya hay un consenso, el consenso camina porque Libre va a tener siete magistrados, de los cuales, le cederá uno al presidente Luis Redondo para que seleccione al que cree que sea conveniente”, caviló Ponce.
Sobre la nómina que presentó Libre anoche en el Congreso Nacional, Ponce respondió que fue un formalismo con la información que no había un consenso.
Aunque señaló que en esa nómina que se presentó el día anterior quedó evidenciado en quien recaerá la presidencia de la CSJ.
Ponce aseguró que la presidenta de la CSJ será Rebecca Lizette Raquel Obando argumentando que el primero de la lista es quien se propone como titular del Poder Judicial.
“Cuando se presenta la lista de candidatos, el número uno es el que se propone como futuro presidente de la Corte Suprema de Justicia y así ha ocurrido en los últimos siete años”, aseveró.
Mencionó que Rebecca Lizette Raquel es una profesional que no es tan conocida públicamente y la única información que se maneja es que es pariente del esposo de una de las hijas del expresidente Manuel Zelaya Rosales.
Para el exasesor sería terrible que no fueran electas Ana Pineda y Aida Estela Romero -quienes sacaron buenos resultados en las evaluaciones de la Junta Nominadora- por no tener un padrino político. PD
