Recientemente ha circulado el borrador de un Memorándum de Entendimiento a ser suscrito entre el gobierno de Honduras y la Secretaría de las Naciones Unidas para el establecimiento de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la impunidad en Honduras, CICIH. Las bases de ese importante documento incluyen lo siguiente. “Los Participantes (el Gobierno de Honduras y la Secretaría de las Naciones Unidas) entienden que la Fase 1 comprenderá el envío de un equipo de expertos a Honduras, encargados de: (i) realizar un diagnóstico de los instrumentos , instituciones y capacidades nacionales existentes para la lucha contra la impunidad y la corrupción; (ii) brindar asistencia técnica en relación a las reformas legales necesarias para el establecimiento y buen funcionamiento de un mecanismo internacional contra la impunidad y la corrupción; y (iii) establecer un diálogo con el Ministerio Público y otras instituciones ligadas a los esfuerzos de lucha contra la impunidad y la corrupción, brindando asistencia técnica si se determinara necesario; (iv) Apoyo técnico, según corresponda, a la futura implementación una vez aprobado el marco normativo que se encuentra bajo consideración del Congreso para el proceso de selección de la Corte Suprema de Justicia.”
Continúa luego el documento diciendo que “El Gobierno reconoce que la implementación de las conclusiones del equipo de expertos que será enviado durante la Fase 1, que podrán incluir –mas podrán no estar limitadas a— la necesidad de abrogar, derogar, reformar y aprobar ciertas leyes y determinados textos reglamentarios, constituirá un requisito para que las Naciones Unidas prosigan con su involucramiento.” En otras palabras, para que se constituya la Comisión se deberá previamente cumplir con lo identificado y requerido en la Fase 1.
Enseguida agrega que “Los Participantes reconocen que sería necesaria la adopción de todas las reformas que permitan al futuro mecanismo internacional de lucha contra la impunidad y la corrupción realizar investigaciones de forma independiente así como constituirse como acusador privado. Asimismo, sería necesario, inter alia, la reforma del marco normativo que regula el delito de enriquecimiento ilícito, incluyendo la abrogación del Decreto 116-19; el levantamiento del secreto concerniente a la situación de fideicomisos; y reformas de normativas que mejoren los instrumentos de investigación y procesamiento del Ministerio Público, incluyendo la aprobación de los instrumentos necesarios para el establecimiento de la figura de colaboración eficaz.” En otras palabras, se trata de un mecanismo que realizará investigaciones independientes y que podrá constituirse como investigador privado. Así mismo, se deberá aprobar los instrumentos necesarios para establecer la figura de colaboración eficaz. Si en efecto esto se da, se contará con una poderosa Comisión.
Luego reitera que “Los Participantes entienden que cualquier acuerdo bilateral que estableciera un mecanismo internacional imparcial e independiente sería concluido únicamente después de que el Gobierno haya cumplido con su compromiso de implementar las conclusiones del grupo de expertos de la Fase 1 para el funcionamiento efectivo del mecanismo internacional.” Es decir, no habrá Comisión sino se implementa previamente las conclusiones del grupo de expertos que participaron en la Fase 1.
El documento luego pide que el Gobierno establezca “un diálogo con los Estados Miembros de Naciones Unidas para obtener el apoyo de un órgano intergubernamental de las Naciones Unidas a su solicitud de asistencia de las Naciones Unidas para el establecimiento de una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, y una solicitud de cooperación de dicho órgano intergubernamental a la Secretaría de las Naciones Unidas.” Es decir se deberá buscar un grupo de países que apoyen esta Comisión y que contribuyan a su financiamiento.
Finalmente el documento establece que “La duración de este memorándum de entendimiento será de seis meses prorrogables, salvo que los Participantes alcancen un entendimiento por escrito en contrario.” Es claro que la Secretaría de las Naciones Unidas prefiere comenzar con una colaboración de corto plazo, dejando la opción de ampliarla, dependiendo de lo que ocurra. Supongo que eso es un reflejo de la experiencia acumulada en otros países.
Estamos pues frente a una iniciativa que podría servir para que en nuestro país se dé una verdadera y eficaz lucha contra la corrupción. Si se lograra satisfacer lo requerido en la Fase I y se procediera a crear la CICIH, se contaría con un ente mucho más poderoso que la MACCIH. Esto es así porque se habría eliminado los potenciales obstáculos en la Fase I y se habría constituido una Comisión independiente con capacidad para investigar y para demandar en los Tribunales. En efecto, esto marcaría un antes y un después en la lucha contra la corrupción. Si el Gobierno firma el Memorándum de Entendimiento tal y como le ha sido propuesto por la misión de la ONU, estaría confirmando su compromiso con la lucha contra la corrupción. Esa posición sería digna de encomio y merecería nuestro reconocimiento.
Si, por el contrario, el Gobierno busca diluir el Memorándum y restarle poder y atribuciones a la CICIH, entonces nos hará pensar que no está realmente comprometido con la lucha contra la corrupción. Ya luego veremos la postura que asumirá el Gobierno. Mientras tanto, quienes estamos comprometidos con una lucha a fondo contra la corrupción debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para que se firme el Memorándum de Entendimiento tal y como lo ha propuesto la misión de la ONU. Comencemos por alzar nuestras voces pidiendo la pronta suscripción del Memorándum. De nosotros depende el éxito de esta iniciativa. ¡Digámosle que sí a nuestra Patria!
