Las elecciones en Honduras no son un terreno de verdades absolutas, más bien son un espacio donde conviven la esperanza y la desconfianza. Como ciudadano reflexivo, y conocedor del modelo electoral, lo que corresponde no es repetir frases de confianza vacía ni instalar miedos sin fundamento, sino construir un checklist de monitoreo electoral. Un radar de alerta hecho de preguntas grises, donde no todo es blanco y negro, pero donde lo que está en juego es la credibilidad misma del proceso.
Se nos dice que el sistema de transmisión de resultados ya está adjudicado, pero la pregunta es inevitable: ¿qué nivel de experiencia real tiene la empresa contratada y qué garantías puede ofrecer más allá de la firma de un contrato? ¿Hasta qué punto la unanimidad en el Consejo Electoral refleja confianza técnica y no solo un pacto político momentáneo? En este tipo de procesos, el papel aguanta todo, pero la transparencia necesita pruebas y confianza pública.
También se nos asegura que la logística está resuelta, pero el dato inquietante sigue ahí: cerca de 1,700 centros de votación aún no tienen asegurada la conectividad a internet ni la energía eléctrica necesarias para transmitir resultados. ¿Qué pasa si ese proceso de contratación se retrasa más? ¿Hay un plan alternativo que evite que el 13% del censo electoral quede en la sombra el día de la elección? Aquí no caben respuestas fáciles, porque basta un pequeño desajuste para que se erosione la confianza nacional en los resultados.
La capacidad funcional del Consejo Nacional Electoral es otro de los puntos que se dan por sentado. Se habla de recuperación institucional, pero la duda persiste: ¿es una recuperación real o un colorete institucional? Las tensiones internas no han desaparecido, y la independencia de criterio de cada consejero sigue siendo un terreno frágil. La pregunta es si esas fisuras podrán contenerse en el momento de mayor presión política, cuando el país entero espere resultados rápidos y claros.
La abstención es otro factor que no puede minimizarse. Si el ausentismo electoral supera el 50%, ¿no se abrirá un debate sobre la legitimidad misma del proceso, aunque se lleve a cabo conforme al calendario? La democracia no solo se mide por realizar elecciones, sino también por la confianza de los ciudadanos en acudir a votar, convencidos de que su sufragio cuenta y vale.
Y está el tema de las instituciones complementarias: el Tribunal de Justicia Electoral y la Unidad de Política Limpia existen en el marco legal, pero con presupuestos incompletos y autonomía debilitada. ¿No puede esa precariedad convertirse en un vacío práctico que afecte la credibilidad del proceso, aunque en teoría no existan vacíos institucionales? Las reglas vigentes son un requisito, pero la capacidad real de ejercerlas es la verdadera garantía.
Un checklist de monitoreo electoral no busca sembrar miedo ni afirmar verdades definitivas. Es, más bien, un instrumento ciudadano para no dejarse llevar por los extremos de la ingenuidad ni de la paranoia. La pregunta de fondo es si estamos construyendo elecciones confiables o si seguimos resolviendo en papel lo que el día de la elección podría convertirse en un cuello de botella.
En ese sentido, el 30 de noviembre habrá elecciones, pero lo esencial no es confirmar la fecha, sino preguntarnos por su calidad y legitimidad. Lo que está en juego no es si se instalan las urnas, sino si los hondureños saldremos de ellas con la convicción de que se respetó nuestra voluntad.
