Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – Oficialmente las campañas políticas arrancan el 1 de septiembre, pero la práctica indica que éstas iniciaron mucho antes, han sido permanentes desde que se conocieron las primeras intenciones de los aspirantes a candidatos presidenciales. El país ha estado lleno de eventos y actos políticos que inundan a los hondureños en los medios de comunicación, las redes sociales, grupos de chats y otras plataformas digitales utilizadas por los políticos para saturar de discursos vacíos al electorado.
Las canciones pegajosas, las pancartas, los memes, las infografías, las transmisiones televisadas, las inauguraciones de obras sociales, las concentraciones, los discursos, son parte de ese colorido que recuerda a los electores que el país se prepara para elegir un nuevo gobierno el 30 de noviembre próximo. Todo ello antes del pitazo oficial que autoriza la llegada del bazar de la política.
La Ley electoral en su artículo 222 establece que la propaganda electoral solo puede ser utilizada dentro de los 90 días calendario anteriores a la celebración de las elecciones generales. Eso dice la ley, pero en el país la dinámica casi siempre ha sido otra: el irrespeto a las normas jurídicas.
La campaña cada vez más intensa y polarizada se centra en la descalificación de los contendores, la violencia política y los discursos de odio. No abordan a fondo su plan de gobierno, condicionan los debates presidenciales o sencillamente los rechazan por considerar que el elector no está a la altura de sus capacidades para conocer su plan de trabajo, su propuesta de país y la visión que se tiene del arte de gobernar.
Y bajo esa estrategia de entretenimiento, las campañas políticas alejan el foco sobre un aspecto toral que importa al elector: quién financia las campañas, de dónde sale el dinero y si están dispuestos a rendir cuentas. Las preguntas hasta ahí no llegan y cuando se hacen, las respuestas son incómodas.
Honduras aprobó una Ley de Política Limpia para transparentar el uso de los fondos en las campañas políticas a fin de evitar el ingreso de dinero sucio procedente de las redes de corrupción, el crimen organizado y el abuso de los fondos públicos para fines proselitistas. Esta Ley es regulada por una Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de la Ley de Política Limpia. Su creación fue aplaudida y recibida con mucha expectativa en la sociedad pues se tendría una noción de cómo se financian las campañas políticas electorales.
Pero la historia ha sido otra. La Unidad de la Política Limpia apenas puede aproximarse a ese pantanoso tema del financiamiento de las campañas políticas, pues le quitaron importantes funciones para evitar que se llegue al fondo del origen de los recursos. Su trabajo, limitado, no obstante, ha permitido tener una aproximación de cómo se manejan las campañas. El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha puesto límites a los techos de financiamiento de campañas políticas para los tres cargos de elección popular: Presidencia de la República, diputados y alcaldes.
Esos techos van desde más de 500 millones de lempiras para la campaña presidencial hasta un mínimo de 100 mil lempiras, y entre 1 y 4 millones para diputados y algunas alcaldías. Pero, en la franja intermedia de ese rango se aprobaron techos de hasta 44 y 71 millones de lempiras para alcaldías como San Pedro Sula, en el norte, y Tegucigalpa, la capital, respectivamente. De dónde sale ese dinero, sigue siendo una de las grandes incógnitas para la Unidad de Política Limpia, pues no todos los aspirantes rinden cuentas y los técnicos de la Unidad no tienen todas las herramientas para llegar al fondo del asunto. Solo tienen aproximaciones y en sus intentos se ha establecido que no todos los aspirantes quieren rendir cuentas.
Millonarias sanciones sin ejecutar
Un informe del Observatorio de la Democracia de la Red por la Defensa de la Democracia (RDD) revela que, en los comicios generales de 2021, fueron sancionados 1,748 aspirantes políticos por incumplir la Ley de Política Limpia. Esa sanción representó para el Estado un monto de 105 millones de lempiras en multas, pero este dinero nunca ingresó a las arcas públicas porque la Unidad de Política Limpia no tiene esa potestad y los entes que sí la tienen, sencillamente no lo hicieron.
En las elecciones primarias del 2025, la Unidad de Política Limpia registró que 1,704 aspirantes políticos no presentaron sus informes financieros, se les impuso una multa por el orden de 145 millones de lempiras, pero se desconoce si los mismos llegarán a ser cobrados y a ingresar a las arcas públicas. Muchos de estos aspirantes sancionados, van por cargos de reelección entre diputaciones y alcaldías. El Congreso Nacional ha venido prorrogando los plazos para que estos aspirantes rindan cuentas en un afán por favorecer sus acciones de impunidad.
En las elecciones primarias algunos aspirantes mostraron problemas para abrir sus cuentas financieras para que se registraron ahí los fondos de campaña por estar morosos en la banca o por haber sido designados por Estados Unidos en la Lista Engel de corruptos, pues ello pone en algunas limitaciones a la banca en vista que pueden ser sujeto a sanciones. Se dieron opciones legales para que estas personas de la Lista Engel pudieran, por medio de apoderados legales o personas designadas, canalizar el dinero que ingresaba a sus campañas.
Sin embargo, antes del pitazo inicial para dar rienda suelta a las campañas políticas, y antes de que abran sus nuevas cuentas bancarias para los informes que deben presentar a la Unidad de Política Limpia, los aspirantes presidenciales ya comenzaron con su proselitismo y con ello el financiamiento de las campañas.
Los candidatos del tripartidismo político, Nasry Asfura del Partido Nacional, Salvador Nasralla, del Partido Liberal, y Rixi Moncada, del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre), en los meses de mayo a agosto del 2025, han realizado en conjunto 56 eventos proselitistas con una erogación aproximada de un poco más de 7.9 millones de lempiras. Así lo reveló el Observatorio de la Democracia con base a información proporcionada por la Unidad de Política Limpia en cuanto a costos sobre uso de salones, elaboración de banderines, alquiler de sillas, afiches, banners, sonido, transporte, alimentación, camisetas, montaje de los eventos. Son montos bastante discrecionales, y sobre los cuales no han rendido cuentas.
Un elemento que se suma a estos gastos de campaña es el uso de fondos públicos, destaca la utilización de los medios públicos estatales para favorecer la candidata del oficialismo, Rixi Moncada, pues es la primera vez que los medios de comunicación del Estado se han volcado en abiertas campañas proselitistas, cuando los fines que fueron creados son distintos al proselitismo político partidario.
La otra opacidad: los medios públicos
El Observatorio de la Democracia advierte que el artículo 229 de la Ley Electoral prohíbe el uso de medios de comunicación del Estado con fines de propaganda electoral. No obstante, desde el estatal Canal 8 se registran más de 50 transmisiones televisivas de los actos de campaña política de la aspirante a la presidencia de Libre, Rixi Moncada. Asimismo, más de 187 publicaciones de esas actividades en la estatal Radio Nacional de Honduras.
Todo ello genera un desequilibrio en cuanto a la equidad y acceso a esos medios que deberían tener los otros aspirantes políticos, pero en términos de recursos, es evidente el uso del dinero de los hondureños para promover la candidata del oficialismo. El Consejo Nacional Electoral ha conocido una denuncia al respecto interpuesta por el abogado Leonel Núñez, y sus autoridades para abordar ese tema.
De acuerdo a Cespad, en un informe de 2021, se hace necesario “mejorar los mecanismos de prohibición de fondos y recursos públicos en campaña electoral. La utilización de recursos financieros y bienes estatales por el partido de gobierno aumenta la desigualdad en una de las áreas de la competencia electoral: el acceso a publicidad en vallas y en medios de comunicación. Se deben establecer controles efectivos para evitar que los partidos de gobierno utilicen los recursos estatales, así como la misma figura de la autoridad para proyectar propaganda partidista”. Ello amerita una reforma.
El tema del financiamiento de las campañas políticas reviste de mayor importancia en este proceso en vista que en los juicios de los capos del narcotráfico hondureño en cortes de Estados Unidos, los mafiosos han declarado el uso de fondos ilícitos para financiar las campañas políticas en Honduras con dinero procedente de los cárteles locales e internacionales, entre ellos el cártel mexicano de Sinaloa.
A su vez, han salido a luz pública videos en los cuales altos personajes de la política hondureña, ligados al oficialismo y a la oposición política, muestran encuentros con capos de la droga hondureña para abordar el tema de los sobornos para las campañas políticas. La penetración del crimen organizado en la política hondureña y de las redes de corrupción se ha evidenciado y de ahí la importancia de una mayor fiscalización a la procedencia del dinero que se utiliza en las campañas políticas electorales.
A criterio de la Red por la Defensa de la Democracia, la Unidad de Política Limpia amerita reformas en la Ley de Política Limpia para dotarla de capacidad coercitiva para obligar a los políticos a que presenten sus informes financieros y dar seguimiento a las sanciones que imponen, pues de nada sirve cuantificar los montos por las violaciones en que han incurrido los aspirantes políticos, si nadie les va a cobrar y ese dinero no entra al erario.
Otra de las reformas que debería contemplar la Ley de Política Limpia es la posibilidad de inhabilitar a aquellos aspirantes políticos que no rinden cuentas, que evaden la ley y que son proclives a la opacidad.
Asimismo, la Unidad de Política Limpia debe ser independiente y autónoma y no adscrita al CNE como está actualmente, pues limita sus potestades de acción, entre ellas las presupuestarias. Debe tener mayores facultades en su labor de inteligencia financiera, pues se ha registrado limitaciones de colaboración y acceso por parte de dependencias como el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas, señala en un informe el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad).
Son las reformas que amerita la Ley de Política Limpia en pleno proceso electoral para una mayor fiscalización del dinero que ingresa a las campañas políticas, pero son las reformas que no se impulsan en el Congreso Nacional, último que se encuentra en la picota pública por la discrecionalidad con que hace uso de los fondos públicos para obras proselitistas a través del Fondo Departamental 2.0 y las llamadas subvenciones a los congresistas. Hay de acuerdo a la Asociación por una Sociedad más Justa, más de 800 millones de lempiras de los cuales se desconoce la forma de ejecución y en qué se han gastado porque las cuentas del legislativo no cuadran, abren dudas a la opacidad. (PD).
