Tegucigalpa – Un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) realizado a través del Proyecto ProDefensoras Honduras reveló que, ante el cambio climático, las mujeres se han vuelto más vulnerables y expuestas a violaciones a sus derechos, lo que profundiza su exclusión en procesos económicos, sociales, políticos y de construcción de paz.
– De las casi 3.2 millones de personas con necesidades humanitarias en Honduras, el 60 % son mujeres, en su mayoría de las zonas rurales y pertenecientes a grupos étnicos que enfrentan mayor pobreza, así como limitaciones de acceso a los servicios básicos y de salud.
Brenda Zuniga, coordinadora del Proyecto “ProDefensoras Honduras” explicó que, algunos indicadores del informe evidencian la violencia estructural, entendida como el contexto de desigualdad y precariedad que afecta a las mujeres en Honduras, lo cual limita su acceso a oportunidades y a la garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
El informe revela que, durante el 2022, la crisis de seguridad alimentaria, la violencia por la presencia y accionar de grupos de narcotráfico, maras y pandillas, el cambio climático y desastres (inundaciones y sequías) han hecho que, actualmente, existan cerca de 3.2 millones de personas con necesidades humanitarias en el país.
De ese total, el 60 % son mujeres, en su mayoría de las zonas rurales y pertenecientes a grupos étnicos que enfrentan mayor pobreza, así como limitaciones de acceso a los servicios básicos y de salud.
“Ante el cambio climático, las mujeres se han vuelto desproporcionadamente más vulnerables y expuestas a violaciones a sus derechos, lo cual contribuye a profundizar la estructural marginación y exclusión de ellas en procesos económicos, sociales, políticos y de construcción de paz”.
Situación que se agrava por la baja titulación de tierras para las mujeres, las dificultades que tienen para acceder a los créditos agrícolas, en comparación con los hombres, aunado a ello, los cambios en los patrones de lluvia y los extensos períodos de sequía.
El documento destaca que, las mujeres están perdiendo el control tradicional sobre sus cultivos y fuentes hídricas, llevándolas a desplazarse en precarias condiciones y aumentando su exposición a la trata y al abuso sexual.
Por su alta dependencia de los recursos forestales para su sustento y su aguda vulnerabilidad a los shocks climáticos, las mujeres defensoras de los derechos humanos han estado impulsando las luchas para proteger estos recursos, aumentando los hechos violentos contra ellas, en los últimos años, en un esfuerzo por acallar sus voces y su participación en la vida pública.
Entre el 2020 y 2021, de acuerdo con la Red Nacional de Defensoras, hubo un incremento del 35% en las agresiones, siendo el 45% en zonas rurales y vinculadas a la defensa de recursos naturales.
En Honduras, la capacidad de resiliencia de las mujeres rurales frente a los choques climáticos se ha visto obstaculizada aún más por las normas de género y las prácticas discriminatorias, que han llevado a que ellas tengan un acceso desigual a la tierra y a la asistencia técnica agropecuaria.
Los altos niveles de violencia doméstica y sexual que ellas experimentan en periodos de precariedad económica, durante y después de los fenómenos meteorológicos extremos, han creado un círculo vicioso negativo de seguridad climática que socava sus capacidades de adaptación, restringe sus opciones de medios de vida y reduce ya de por sí su baja capacidad de incidencia.
Tasa de analfabetismo alta
Las mujeres, en Honduras, representan el 53.3 % de los 9.5 millones de habitantes con que cuenta el país, sin embargo, son mayormente excluidas y discriminadas.
Sus tasas de analfabetismo son más altas, especialmente en las zonas rurales, y tienen más dificultades para acceder a educación terciaria y programas de formación técnica y profesional.
Esto incide en una mayor inequidad en el acceso al mercado laboral haciendo que, aproximadamente, el 76 % de ellas trabaje en el sector informal, lo que se traduce en falta de seguridad social, protección laboral y disfrute de beneficios básicos, establece el informe.
Añade que, el 37.2 % de los hogares en Honduras tienen jefatura femenina, donde son las proveedoras principales, sin dejar de lado el trabajo de cuidados no remunerados, el cual, a pesar de su contribución a la economía del país y al bienestar individual y social no es visible, ni reconocido.
El proyecto ProDefensoras Honduras es financiado por el Fondo para la Consolidación de la Paz de Naciones Unidas y es implementado por Conadeh, ONU Mujeres, Trocaire y ACNUR.
También participan, por parte de la sociedad civil, la Organización Intibucana de Mujeres Las Hormigas, Red departamental de Mujeres de Santa Bárbara, Red de Mujeres Mariposas Libres, Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR) y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). JS
