Tegucigalpa – Nuevamente la seguridad en los centros penales hondureños ha vuelto a ponerse en el tapete público, tras el asesinato de cinco reos a manos de otro la noche del sábado, el cual se suma a una cadena de eventos que estremecen el sistema penitenciarios hondureño.
-Representantes de organizaciones de sociedad civil, piden la inmediata destitución de las autoridades penitenciaria.
-La pregunta del millón es cómo ingresan armas a los penales a pesar de todas las medidas de seguridad adoptadas.
La ingobernalidad en las llamadas cárceles de “seguridad” parece emerger en el país, luego que el gobierno inyectará millones de lempiras en la construcción de nuevos centros penales y preparará una “nueva generación” de agentes que sustituyeran a los policías del pasado, acusados de contubernio con los detenidos.
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— Proceso Digital (@ProcesoDigital) December 16, 2019
Pero las nuevas instalaciones, personal y un ente distinto a cargo de los centros penales duraron poco, ya que los criminales detenidos aparentemente han logrado tejer sus redes y recuperar para el crimen el control de los sitios de detención penal.
Todo eso ocurre a pesar de las medidas adoptadas para evitar hechos como el ocurrido en La Tolva, lo que refleja que la habilitación de cárceles de máxima seguridad, el traslado de prisioneros y el uso de tecnología, entre otras disposiciones, no están dando los resultados esperados y algo está fallando.
Corre la sangre
La noche del sábado cinco privados de libertad murieron violentamente en la cárcel de máxima seguridad, localizada en Morocelí, El Paraíso, conocida como La Tolva, supuestamente a manos de otro reo que se encontraba en posesión de una pistola calibre 380.
Los ahora occisos, respondían a los nombres de José Dolores Campo, Óscar Alonso Madrid Montoya, Junior Antonio Alvarado Olivera, Erick Francisco Escoto Maldonado y Walter Portillo Méndez, cuyos cuerpos fueron levantados por el personal de Medicina Forense a eso de la 1:00 de la madrugada del domingo.
Los cadáveres fueron traídos a la morgue del Ministerio Público en esta capital, donde los familiares de las víctimas discretamente llegaron a reclamar los restos mortales de sus deudos.
Piden renuncia de autoridades
Lo que ha ocurrido el sábado en el interior de La Tolva, ha provocado la reacción de varios sectores de la sociedad civil, que han cuestionado lo que sucede en el sistema penitenciario nacional y consideran que llegó la hora de tomar decisiones radicales por lo que recomiendan al presidente Juan Orlando Hernández, la inmediata destitución de las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP).
Una de las principales voces que se ha pronunciado es el director de Incidencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Omar Rivera, quien también cree que es momento de solicitar apoyo técnico especializado para recobrar la gobernabilidad en las prisiones hondureñas.
“No puede ser aceptado por la sociedad que ve cómo allí prisioneros hacen y deshacen, y corren ríos de sangre; para grandes problemas, grandes soluciones», argumentó Rivera.
Por su parte, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, comentó que lo que está ocurriendo actualmente en los centros penales realmente ya se veía venir porque no hay una política pública orientada hacia la rehabilitación de los privados de libertad.
“Lamentablemente aquí se habla del respeto de los derechos de los privados de libertad al interior de los centros penales, pero la pregunta del millón es quién mete las armas para que se maten entre unos y otros”, cuestionó.
Aseveró que el Codeh no es enemigo del gobierno de la República, ni de los funcionarios que de alguna u otra manera dan la cara y hacen de su quehacer, lo que tienen que hacer como funcionarios, pero “si somos enemigos de la desidia, de la impunidad y de aquellos que se envalentonan por estar en un cargo, como en el Instituto Nacional Penitenciario, hemos venido desde hace ya días lo que está pasando, va a pasar y seguirá pasando por las medidas incoherentes tomadas al interior de los centros penitenciarios”.
“Por favor doña Rosa Gudiel y don Germán McNeil, háganle un favor al Presidente de la República, póngale a disposición su renuncia porque creo que ustedes son los responsables de lo que está pasando en el sistema penitenciario del país”, increpó el presidente del Codeh.
Deficiencias del sistema penitenciario
A lo largo de la historia, los principales problemas del sistema penitenciario de Honduras son el hacinamiento, la existencia de cárceles con sistemas de autogobierno, en las que son los propios presos quienes ejercen el control efectivo de lo que ocurre intramuros y en las que algunos presos tienen poder sobre la vida de otros.
En las cárceles hondureñas prevalecen las disputas entre internos o bandas criminales por el mando de las prisiones o por el control de los espacios, la droga y otras actividades delictivas; la tenencia de armas de todo tipo por parte de los reclusos, el consumo de drogas y alcohol por parte de los internos entre tantas otras cosas, según diversas organizaciones nacionales e internacionales.
En ese sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha recomendado que para que el sistema penitenciario de Honduras sea eficiente, el Estado debe de tomar control absoluto de las cárceles que operan en el país.
Asimismo, se debe llevar a cabo la implementación efectiva de toda política penitenciaria, y de los objetivos de la privación de libertad, lo cual depende en definitiva de aquellos funcionarios directamente encargados de la administración de los centros penales.
Incendios, motines y fugas
A partir de 1998, la situación de los centros penales del país se volvió inestable. Incendios , motines y fugas masivas comenzaron a caracterizar la “crisis” del sistema penitenciario hondureño. Por ejemplo, en 2003 se produjo un incendio en la cárcel de El Porvenir en La Ceiba que dejó un saldo de 68 muertos. Un año después se incendió la cárcel de San Pedro Sula dejando 107 muertos. Y más recientemente (2012), en el centro penal de Comayagua un incendio dejó más de 300 víctimas.
Otro de los problemas, que a través de la historia, afectó el sistema penitenciario fueron los motines. En marzo de 2008 un grupo de aproximadamente 18 prisioneros fueron acuchillados en Penitenciaría Nacional de Támara.
El 11 de marzo de 2015, armados con pistolas y machetes algunos reclusos que serían trasladados a otros centros penales iniciaron una revuelta en el penal sampedrano. Esta acción dejó un saldo de tres internos muertos, 41 heridos. Entre ellos 35 reclusos y seis policías militares. Asimismo, la fuga de reos en los centros penales de Honduras siempre fue una constante.
En julio de 2014 ocho reos se fugaron de la Penitenciaria Nacional. Por este hecho nadie quiso responsabilizarse; Militares se excusan en que no tienen el control total de la seguridad del recinto y la Policía Penitenciaria aduce que las FFAA tienen controles estratégicos.
A finales del 2013, tres reos burlaron los anillos de seguridad militar instalados en la cárcel de Támara y pasaron inadvertidos por el personal castrense instalado en la zona de la Penitenciaría Nacional de Támara.
Cárceles de máxima seguridad
Las cárceles de máxima seguridad albergan tres mil 107 reos, de los 21 mil 744 que componen la población penitenciaria en Honduras están alojadas en 25 penales y tres unidades militares.
El dato oficial al 29 de octubre de 2019 del INP, establece que del total de internos nueve mil 198 reos ya están condenados, en tanto 11 mil 189 permanecen en condición de procesados.
La población penitenciaria femenina la componen mil 192 privadas de libertad de las cuales 727 están procesadas y 465 condenadas.
Para el caso en Ilama, Santa Bárbara (El Pozo) hay mil 592 reos, de los que 591 ya recibieron condena y mil 001 están en proceso penal.
De su lado, la cárcel de mediana seguridad de Morocelí, El Paraíso, conocida como La Tolva, aloja mil 545 presidiarios, de los que 668 ya fueron condenados y 847 están en calidad de procesados.
Entretanto, el centro penal de Siria, en El Porvenir, Francisco Morazán, alberga a mil 493 reos y es considerado un recinto de mediana y mínima seguridad.
En estos dos centros penales, han sido detenidos 23 agentes penitenciarios, 18 en El Pozo por querer introducir 248 millones de lempiras y cinco en La Tolva por poseer granadas de fragmentación.
