Tegucigalpa – El asesinato del presidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), José Ángel Flores, junto a otro dirigente la semana pasada en la comunidad La Confianza, Tocoa, Colón, ha activado las alarmas sobre lo que ocurre en esa zona del Caribe hondureño, donde el conflicto agrario, el narcotráfico y el trasiego de armas, son ingredientes explosivos.
Traspaso de medidas cautelares
El dirigente campesino era beneficiario de medidas cautelares otorgadas en mayo de 2014 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Además, el hecho ocurre en una zona donde hay una veda para la portación de armas.
Sobre las medidas cautelares, Proceso Digital consultó a la viceministra de Derechos Humanos, Karla Cueva, quien argumentó que en este tipo de casos quien está tomando decisiones incluso para traspasar las medidas cautelares al nuevo mecanismo de protección es el Consejo Nacional de Protección para los Defensores de Derechos Humanos.
“Hemos estado trabajando en todo un proceso para poder traspasar las medidas cautelares que ahora están en la Secretaría de Seguridad, pasan al nuevo mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas con la nueva ley, pero ese es un proceso gradual”, advirtió la funcionaria.
Refirió que, en el reglamento de la Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores y Operadores de Justicia, aprobado el 20 de agosto pasado, incluso establece los plazos para poder hacer ese traspaso.
No obstante, aclaró que en este momento quien tiene la responsabilidad sobre las medidas cautelares tal como lo ha establecido la CIDH y como se ha venido haciendo, es el Ministerio de Seguridad.
“A partir del nuevo traspaso y luego de que se haga la transición hacia el mecanismo de protección, se van a establecer ya los criterios con cada uno de los beneficiarios”, explicó Cueva quien añadió que se van a tener que determinar hasta el tipo de medidas que se van a dictar en cada caso particular.
Fórmulas de patrullaje
Por su lado, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, considera que se deben intensificar los patrullajes preventivos alrededor de las personas que tienen medidas cautelares para evitar un desenlace como el ocurrido la semana recién pasada en el Bajo Aguán.
Dijo que el asesinato de Flores y George, es una demostración de la importancia de adoptar medidas más integrales en la lucha contra la violencia y contra la inseguridad.
Apuntó que las medidas cautelares son una responsabilidad del Estado para garantizar de la vida de las personas, con o sin el consentimiento de los amparados en las mismas.
No obstante, Herrera Cáceres considera que el Estado debe tomar otro tipo de medidas que aseguren que las cautelares tienen alguna efectividad y que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, también adopte sus propias medidas de prevención y protección por lo que pidió al gobierno que le dé su respaldo a través de las autoridades correspondientes.
Refirió que el Estado puede establecer fórmulas de patrullajes y de vinculación que permitan que las personas que están sujetas a medidas cautelares tengan un mayor resguardo y prevención.
Advirtió que, si el Estado no puede asegurar esas medidas, eso tendrá una incidencia internacional.
Voces
La muerte violenta del líder campesino generó la reacción del embajador de los Estados Unidos, James Nealon, quien en una declaración oficial condenó enérgicamente el crimen al tiempo que solicitó una pronta y exhaustiva investigación.
Igualmente, el embajador de la Unión Europea (UE) en Honduras, Ketil Karlsen, en un comunicado, lamentó el asesinato.
Karlsen también llamó a las autoridades nacionales de hacer todo lo posible para aclarar lo que ha ocurrido y llevar a los autores de este crimen a la justicia.
Sentenciados a muerte
Asimismo, varios dirigentes campesinos de la región del Bajo Aguán, entre ellos Yoni Rivas, advirtieron que al igual que Flores hay otros activistas en la región que viven bajo amenazas, afirmó Rivas quien es el vocero de la Plataforma Agraria del Valle del Aguán.
Un equipo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), encabezado por su director Ricardo Castro se trasladaron a la zona con el fin de identificar y capturar a los responsables del crimen y como lo han hecho en casos como el asesinato de la dirigente indígena Berta Cáceres, se esperan capturas que conlleven a resolver el caso.
En ese sentido, Rivas llamó a la solidaridad y a mantener la alerta. “Es importante que los organismos defensores de derechos humanos, medios de comunicación y movimientos sociales pongan sus ojos en la región del Aguán”, dijo Rivas a los periodistas.
Situación difícil
En 2013 el Congreso Nacional decretó un desarme excepcional en la zona del Aguán, pero la medida, evidentemente no dio resultado.
En la administración del anterior presidente Porfirio Lobo, los campesinos agrupados en MUCA y otras organizaciones, firmaron un convenio y fueron dotados de tierras y se les brindó facilidades para adquirir fincas que antes pertenecieron a agroindustriales, pero los problemas no concluyeron allí debido a que en la zona las actividades de narcotráfico, crimen organizado, son otros componentes de un peligroso coctel que dispara la violencia.
Nuevamente, los campesinos solicitan la revisión de estos acuerdos.
Esta revisión es refrendada por el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, quien considera que la muerte del presidente del MUCA, José Ángel Flores, refleja la necesidad de una nueva revisión de los acuerdos.
“Fuimos garantes en el gobierno del presidente Lobo y estamos anuentes en este momento a seguir apoyando la revisión que se haga en los mismos”, apostilló.
El MUCA surgió en 2001 y lo conforman unas tres mil 500 familias campesinas.
Bandas del narcotráfico
La zona del Bajo Aguán no solo es afectada por el conflicto agrario sino también por el flagelo del narcotráfico ya que, según algunos informes de la propia Policía hondureña, hay unas 20 estructuras que se disputan la distribución de cocaína para lo cual utilizan lanchas, avionetas y vehículos.
Esos mismos informes brindados anónimamente por miembros de la Fuerza de Tarea Xatruch, apuntan que la pugna por la distribución de estupefacientes ha desatado un enfrentamiento armado entre los miembros de esas estructuras, algunas de ellas formadas por sicarios y guardaespaldas del cartel de Los Cachirosque se debilitó luego de que sus líderes se entregaran a la justicia estadounidense.
Todo ese movimiento se da en el departamento de Colón pese a los escudos aéreo y marítimo instaurados en la zona con el apoyo de la cooperación internacional como el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos.
No obstante, pese a los controles que hacen las autoridades, los narcotraficantes siempre se las ingenian para buscar otras rutas y formas de transportación de la droga procedente de Sudamérica.
Proliferación de armas
Otro problema que se enfrenta en la zona del Aguán, es el trasiego y la portación de armas.
El decreto de 2013 para vedar la prohibición de portar armas en Colón, restringe su portación en lugares públicos o el transporte en vehículos de cualquier, aunque el arma esté registrada o exista permiso para su portación.
Años después de implementarse el desarme, las autoridades afirmaban que Colón, un departamento atribulado por el narcotráfico, delincuencia común y los conflictos agrarios, había logrado en los últimos años reducir el derramamiento de sangre.
Según datos oficiales, 2011 fue el año más sangriento para ese departamento cuando murieron 307 personas cruzadas por las balas, una cifra escalofriante comparada con la de 2015 cuando las víctimas sumaron 207. Pero este 2016, la violencia producto de un explosivo catálogo de narcotráfico, armas y conflictos de tierras merece la mirada y la acción estatal con urgencia
