Tegucigalpa – El último reporte de país del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), hace un llamado sobre la preponderancia de los militares en las acciones de seguridad, la cual debe ser restringida, así como su papel en otras instituciones públicas, destaca el organismo que registra también serias violaciones humanitarias por parte de los efectivos castrenses.
El informe que hace una valoración de la situación de los derechos humanos en Honduras en el 2020, destacando el impacto de la pandemia del coronavirus, señala en su reporte sobre Seguridad y Derechos Humanos que los altos niveles de impunidad por las violaciones a los derechos humanos del pasado y del presente siguen siendo un serio desafío.
Destaca que sigue en la impunidad los crímenes cometidos en los años ochenta con la desaparición forzada de personas, un aspecto sobre el cual no existen avances significativos en la investigación ni sanción de los delitos documentados en ese entonces por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH).
El Alto Comisionado también monitoreó el estado de las violaciones humanitarias cometidas tras la asonada de 2009 y las manifestaciones sociales de 2017, tras los últimos comicios generales, en donde se produjo un uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad, además del registro de detenciones arbitrarias. El Alto Comisionado dijo que “le preocupa la impunidad frente a estos crímenes y llama al Estado a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la rendición de cuentas”.
El Gobierno—destaca el documento—ha informado acerca de una disminución en la tasa de homicidios en los últimos nueve años, así como la implementación de un proceso de fortalecimiento y reestructuración de la Policía Nacional. “Sin embargo, durante el período al que se refiere este informe, las Fuerzas Armadas siguieron ejerciendo funciones de seguridad pública”. El Alto Comisionado señala en su informe que le preocupa que esto plantee graves riesgos para los derechos a la vida y la seguridad de las personas.
Participación militar restringida
“La participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana debe restringirse en la mayor medida posible. El OACNUD observó que la Policía Militar participaba regularmente en operaciones de seguridad y aplicación de la ley, incluso en respuesta a manifestaciones en el contexto de la pandemia de COVID-19”.
El Alto Comisionado señala que, en las labores de seguridad ciudadana, un terreno al cual han incursionado las Fuerzas Armadas se ve una desigualdad en cuanto al uso del presupuesto, al destacar un 47 por ciento del presupuesto asignado a prevención, seguridad y defensa, mientras que la Secretaría de Seguridad, que administra la Policía Nacional, recibió el 34 por ciento.
Las Fuerzas Armadas, también están ejecutando otras funciones públicas que no son las propias, obstaculizando así el desarrollo y la financiación de las instituciones e iniciativas públicas civiles, advierte el OACNUDH, y cita como ejemplo el Programa de Desarrollo Agrícola, bajo la coordinación de la Secretaría de Defensa, orientado a aumentar la productividad y rentabilidad agrícola. Cuestionan también que el director del Instituto Nacional Penitenciario sea un oficial militar, designado por la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional.
Es pertinente comenzar a desmilitarizar la seguridad pública, en especial la seguridad ciudadana y la aplicación de la ley, a fin de fortalecer la Policía Nacional y otras instituciones civiles especializadas, asegura el organismo regional que, en su mirada global sobre los derechos humanos en Honduras, hace un punto y aparte en el tema del rol de los militares en los temas de la seguridad ciudadana.
Hechos y abusos de los castrenses
En los registros del OACNUDH tienen documentados dos casos de ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad durante las operaciones relacionadas con el estado de emergencia en la pandemia. El 24 de abril, según los informes, agentes de la Policía Militar golpearon y dispararon a dos hombres en un puesto de control en la comunidad de El Paraíso, en Omoa, Cortés. Al parecer, la Policía Militar no permitió que las víctimas pasaran por el puesto de control porque no usaban las mascarillas obligatorias. A consecuencia de sus heridas, una de las víctimas murió en el hospital. Relacionado con este caso, el 16 de septiembre de 2020, la Fiscalía General de la República acusó a un policía militar de homicidio.
El 21 de junio de 2020, durante el período incluido en el toque de queda, agentes de la Policía Nacional abrieron fuego contra un vehículo que no se detuvo en un puesto de control en San Esteban, Olancho, resultando en la muerte de una persona. Cuatro agentes fueron acusados de homicidio. El OACNUDH toma nota de las acciones impulsadas por las autoridades para garantizar la rendición de cuentas en estos casos y hace un llamado al Estado para que garantice la reparación a las víctimas, incluyendo garantías de no repetición, asegura.
Otros hechos de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas, así como desapariciones forzadas y una ejecución extrajudicial, presuntamente cometidos por policías y militares, en el marco de una serie de operativos policiales y militares del 31 de julio de 2020, en Chamelecón y San Pedro Sula, son consignados en el informe y se relacionan con el asesinato de un oficial de la policía. Muchas personas habrían recibido agresiones en medio de este operativo, donde se asegura que el sospechoso por la muerte del oficial habría sufrido también heridas graves mientras estaba bajo la custodia de las autoridades.
Asimismo, se destaca el caso de desaparición forzada de ocho víctimas en Tegucigalpa, San Pedro Sula y Tela, en la cual el Alto Comisionado señala que recibió información que estos hechos sucedieron con “la presunta aquiescencia o participación de las autoridades en las desapariciones”.
El 22 de junio de 2020, un joven de 19 años con una discapacidad física, desapareció en Tegucigalpa. Su auto fue encontrado abandonado con las ventanas rotas. ACNUDH anotó que los investigadores policiales no tomaron las acciones necesarias para buscar a la víctima e investigar su desaparición. Tras una operación policial el 31 de julio de 2020, otros dos hombres jóvenes desaparecieron en Chamelecón, San Pedro Sula. El 18 de julio de 2020, un grupo de más de 30 hombres fuertemente armados ingresó en la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, según los reportes.
“El grupo irrumpió en al menos siete casas y secuestró a cinco miembros de la comunidad, incluidos cuatro líderes comunitarios. Los informes de testigos recibidos por OACNUDH apuntan a una posible participación de las fuerzas de seguridad del Estado en el incidente, incluso con respecto al modus operandi de los perpetradores y el uso de chalecos de la Dirección Policial de Investigaciones. Al 31 de diciembre de 2020, y a pesar de las medidas provisionales emitidas después de los eventos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se desconoce el paradero de las personas”, señala el informe.
El tema de la justicia, la vigencia del nuevo código penal, las limitaciones al acceso a la información, la ley de secretos, la muerte violenta de mujeres, la salida de la MACCIH, entre otros aspectos, fueron contemplados en el informe de 19 páginas que devela, una vez más, la complicada situación de derechos humanos por la que atraviesa este país centroamericano, en donde destaca también la indefensión de los activistas de derechos humanos y de los periodistas, al registrar los cuatro crímenes cometidos en medio del confinamiento.
En el caso de la lucha contra la corrupción, a pesar de los esfuerzos realizados por el Ministerio Público, preocupa al OACNUDH la impunidad en los casos relacionados con corrupción. (PD)
