Tegucigalpa – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), presentó su informe titulado “Responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras: Avances y Desafíos”, en el que aplaude las acciones del Ministerio Público (MP), Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Derechos Humanos para esclarecer los sucesos postelectorales, al tiempo que cuestiona la falta de sentencias condenatorias.
Dicho escrito documenta los retos en cuanto a la investigación de los casos y la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras.
Por lo que la Oficina de Naciones Unidas insta a Honduras a redoblar sus esfuerzos para reparar y remediar violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto del ambiente postelectoral.
En tal sentido, la representante de OACNUDH, María Soledad Paz dijo que “es necesario que se tomen medidas para conocer cómo se comportan las cadenas de mando, que órdenes se dan y cuáles son las brechas en las guardias de seguridad en los incidentes que se dieron y que tienen que ver con los derechos humanos”.
Asimismo, criticó que “la Policía Nacional y Policía Militar, no cuentan con las competencias para controlar manifestaciones. Entre las recomendaciones que hemos hecho en informes anteriores, es importante reconocer algunos aspectos importantes, como la apertura que existido para el diálogo con el MP y su equipo de fiscales, quienes encontraron obstáculos en el transcurso de las investigaciones tratando de esclarecer los hechos”.
“Valoramos de manera significativa las iniciativas de asistencia técnica que desarrollamos, no solo con la Secretaría de derechos Humanos, sino también con el MP y PGR, ya que son acciones que contribuyen a fortalecer capacidades institucionales que permitirán solucionar algunos de los casos que hemos mencionado”, agregó la alta funcionaria de Naciones Unidas.
De igual manera anunció que se ha puesto en marcha junto a la Procuraduría General y la Secretaría de Derechos Humanos, la elaboración del protocolo de investigación de ejecuciones extrajudiciales y esperamos que nos permita avanzar, lo que no tenemos a dos años son sentencias condenatorias”.
El informe se elaboró a partir del mandato del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en virtud de la Resolución 48/141 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y de conformidad con el acuerdo sobre el establecimiento de una oficina en el país, el cual fue firmado el 4 de mayo de 2015 entre el Alto Comisionado y el Gobierno de Honduras.
Y es que de esta manera proporciona una visión general de las medidas adoptadas e implementadas por el Estado de Honduras para abordar las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el contexto de las elecciones de 2017, en base a un informe publicado por OACNUDH en marzo de 2018.
También identifica desafíos y preocupaciones referidas a la investigación y rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos.
“Dos años después de los hechos, ningún caso de violación a los derechos humanos ha obtenido una sentencia condenatoria y que la mayoría de las violaciones graves documentadas por la OACNUDH, como ser las presuntas ejecuciones sumarias o extrajudiciales y la desaparición forzada, siguen bajo investigación”, cuestiona el informe de la ONU en Honduras.
Por último, el informe concluye con una serie de recomendaciones al Estado de Honduras en cuanto a la adopción de las reformas necesarias para evitar la repetición de violaciones, asegurar recursos adecuados para el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias, además del fortalecimiento de mecanismos de rendición de cuentas, entre otros.
