Las adquisiciones que hace el estado para operar o invertir, son (aparte de los salarios) la mayor causa de erogación de fondos públicos. Su naturaleza es muy compleja, ya que abarca decenas de miles de tipos de artículos, de costos que van desde los centavos a las decenas de millones. Otras variables que lo hacen más complejo incluyen: servicios, mantenimiento, entregas en puntos geográficos distintos, inventarios garantizados, etc. Sin descontar el efecto de funcionarios venales coludidos con proveedores inescrupulosos, la enorme escala y complejidad crea desafíos que continúan creciendo con el tiempo.
Un desafío importante es derivado del tamaño. Una manera interesante de ver su manejo es un dial, que puede aumentar o disminuir la centralización. En un extremo A se puede dar mayor énfasis al control, promoviendo la centralización de los procesos. Esto abarca reservar las decisiones al nivel más alto posible y tener mecanismos de control rigurosos. Esto resulta en burocratizar y reducir eficiencia (al estar más lejos del usuario), aumentando el desperdicio y la lentitud.
En el otro extremo B se puede asignar presupuesto a los niveles más cercanos de la operación y dejar que ellos manejen sus erogaciones. El efecto negativo aquí es una mayor probabilidad de corrupción, adquisición de productos inadecuados y gasto excesivo. En ambos casos existe el problema de falta de incentivo institucional al buen manejo de recursos, ya que a nadie se le paga por su resultado presupuestario, eficiencia en gasto o cumplimiento de metas con menos recursos. Se le suma a esto el efecto de mecanismos estatales que son inmóviles y con poca capacidad de crecer, contrapuestos a demandas y complejidad creciente.
Buscar un equilibrio óptimo es difícil en esas condiciones. Afortunadamente, hay tres factores que, si se despliegan adecuadamente, pueden ayudar a construir un sistema más funcional y efectivo. Estas son la escala, la tecnología y la transparencia.
La primera es la escala. El estado es el mayor comprador a nivel nacional de una enorme gama de productos, dándole un enorme poder de negociación. Una empresa privada desplegaría ese poder de manera contundente (y vemos el ejemplo en otros estados) para obtener precios y condiciones mucho mejores que las del mercado. El beneficio de dar el negocio se debe pagar de esta forma y no con agradecimiento (en cualquiera de sus manifestaciones) a las personas que manejan la compra. La escala además permite la eliminación de intermediarios, cuyo arte muchas veces consiste únicamente en saber navegar estos procesos con buen suceso.
La tecnología permite eliminar en gran medida el efecto de la complejidad. Las empresas (y otros órganos estatales en otros países) desarrollan sistemas electrónicos cada vez más complejos y eficientes en línea para manejar inventarios, licitaciones de entrega puntual o continua, precios, órdenes de compra y otros. Es posible integrar de esta forma los extremos A y B al generar una plataforma única centralizada que permita generar la demanda y manejo de inventario a nivel B, y las negociaciones y procesos a nivel A.
La transparencia ayuda a poder auditar un sistema tan complejo y a que quienes lo operan no estén en un vacío. Que la plataforma sea completamente pública permite que todos podamos participar en ayudar a cuidar la eficiencia de estas transacciones. Adicionalmente, permite que las personas puedan hacer análisis o dar su opinión o sugerencia de una manera más informada sobre la calidad de los diferentes elementos del sistema.
Continuaremos viendo luego algunas instancias gubernamentales existentes y otros ejemplos para ayudar a visualizar una posible implementación. Creo que es importante buscar soluciones integrales a este problema que solo se vuelve mayor con el paso del tiempo. Los costos pagados en ineficiencia, desperdicio y corrupción son mucho mayores que los de cualquier solución tecnológica.
