Tegucigalpa – Un grupo de abogados litigantes de los tribunales capitalinos denunciaron al juez con jurisdicción nacional, Claudio Daniel Aguilar, de cometer arbitrariedades y obstaculizar la justicia, por lo que hicieron un llamado al Consejo de la Judicatura para que realice una investigación.
– El denunciado nunca ha dictado sobreseimiento en los casos que conoce, aunque los imputados tengan méritos para recobrar la libertad, acusan varios togados.
– Varios profesionales del derecho lo califican como “el verdugo de los imputados” y piden a la Judicatura revisar la conducta profesional del juez.
El abogado penalista Marlon Duarte, quien dijo representar a un buen grupo de colegas, acusó a Aguilar de cometer reincidentemente el delito de violación a los deberes de los funcionarios; “No es posible que él mantenga cerrado un juzgado y que coloque en la puerta un rótulo que diga: ‘este juzgado está cerrado porque el juez no está’… este señor se toma la atribución de entregar las actas de las audiencias iniciales en el término de un mes y nosotros como profesionales del derecho tenemos que hacer las apelaciones a ciegas”, denunció.
Además, acusó al juez Aguilar que en el momento que se le entregan los recursos de apelación procede a acomodar las actas o recursos que se impugnan. “Ponemos estos hechos en conocimiento de la Judicatura y les exigimos que lo investiguen porque de manera arbitraria realiza sus actuaciones en base a criterios no establecidos en la norma jurídica”, acusó Duarte.
El denunciante le confió a Proceso Digital que Aguilar “pone en precario la impartición de justicia en el país”.
Claudio Aguilar también se ha hecho famoso por no dictar sobreseimientos en los casos que conoce. “Él argumenta que los casos que lleva son de impacto social y coge los delitos que se le antojan para acusar a las procesados, cuando el Código Penal no establece cuáles son los delitos de impacto social como él establece”.
Duarte insistió que “las actuaciones de este juez están alejadas de la realidad. En su cuartel que tiene porque no se le puede llamar juzgado, cuando lleva a cabo las audiencias tiene 10 policías militares encapuchados intimidando la gente y eso no se puede permitir”.
“Este juez llegó al extremo de cometer el delito de prevaricato en un caso que la pena máxima era cinco años tres meses y él le impuso cinco años seis meses, es decir tres meses más, y todavía sigue de juez. Creemos que este caso es clara malicia que tiene el juez de afectar a los imputados”, finalizó Duarte.
El juez Claudio Aguilar conoce casos como el de Kevin Solórzano, el del edil de Juticalpa Ramón Sarmiento, además libró las órdenes de captura contra los imputados de los casos de corrupción del Instituto de la Propiedad (IP), la mayoría de éstos últimos se defienden en libertad.
También conoció los casos de las juezas Wendy Caballero y María Elena Fonseca, ambas acusadas de prevaricato.
En diciembre de 2014, Aguilar fue señalado de atropellar a un agente de la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación (DNSEI), aunque luego pudo conciliar con el afectado tras asumir los gastos médicos.
