Tegucigalpa – A escasos días para que las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), hagan el llamado a elecciones generales para elegir un nuevo gobierno, diputados, alcaldes y representantes al parlamento centroamericanos, la víspera indica que los hondureños serían convocados bajo la Ley Electoral vigente, si antes del 27 de mayo no se aprueba y se publica, una nueva Ley Electoral que defina y modifique reglas claras y justas en el proceso.
El 27 de mayo, las autoridades del CNE deben convocar a elecciones y la esperanza es que se haga bajo una nueva normativa, pero los consensos y las negociaciones siguen entrampadas entre los partidos políticos en lo relativo a la integración de las mesas electorales y la llamada deuda política a los partidos, dos factores que son el motor de los intereses partidarios por el control, no de las urnas, sino de la contada en las mesas.
En la contienda de noviembre próximo participarán 14 partidos políticos legalmente inscritos y todos quieren tener representación en las mesas electorales, aunque no tenga la estructura de representación, de acuerdo con los expertos. También todos quieren que el pago de la deuda política se haga en base a cuotas fijas y no al número de votos que saquen como parece ser actualmente la discusión.
Mesas y dinero, el poder en disputa
En cuanto a las mesas electorales, los tres partidos de mayor fuerza, Liberal y Libre, en la oposición, y Nacional, en el poder, habían acordado inicialmente una representación en las mesas de cinco integrantes, tres de ellos, y dos alternos por parte de los partidos minoritarios, este puntos se había consensuado antes de las primarias de marzo, pero los acuerdos se cayeron y los partidos minoritarios empezaron a pujar alegando que ellos tienen derecho también a tener sus representantes en las mesas, algo que terminó avalando una facción del Partido Nacional.
Las negociaciones se cayeron, quedaron de retomarse después de las primarias, pero ello no ha sucedido, La Cámara Legislativa sigue sin terminar de aprobar los artículos que faltan de la nueva Ley Electoral, unos 20, del total de 333 artículos que conforman lo que será la nueva normativa.
Las presiones públicas e incluso externas para que el país vaya a los comicios bajo una nueva ley empiezan a subir de tono, pero los representantes del tripartidismo político en el hemiciclo legislativo siguen sin mostrar prisas, y de acuerdo al secretario del CNE, Alejandro Martínez, si no hay nueva ley y su publicación antes del 27 de mayo, ellos convocarán a comicios con la ley vigente y con las mismas reglas de la discrecionalidad que se evidenciaron en los comicios primarios de marzo pasado.
Reviviendo fantasmas
El 27 de mayo es también el plazo para integrar las llamadas alianzas políticas, una de las cuales se cayó antes de cuajar: la que conforman los partidos Liberal y Libertad y Refundación (Libre)., al no llegar a acuerdos entre el presidenciable liberal, Yani Rosenthal, y la candidata de Libre, Xiomara Castro, en cuanto a quién de los dos presidiría la alianza.
En ese ínterin, el grupo del presidenciable liberal, Yani Rosenthal, sorprendió al proponer la resucitación de la llamada Opción B una fórmula creada, por única vez, para sofocar la crisis político institucional de 1985 por pugnas de poder político gestada a lo interno del partido Liberal que luego se extrapoló al partido Nacional.
La Opción B consistía en que en un mismo partido político podían participar varios candidatos presidenciales y al finalizar el escrutinio cada organización política sumaba los votos por sus respectivos candidatos, y el candidato presidencial sería el que sacara más votos en sus partidos.
Treinta y seis años después de esa crisis que duró tres meses y se terminó resolviendo en las instalaciones de un batallón, con la mediación de los militares, el fantasma de la opción B intenta ser resucitado por el candidato liberal en un intento por conformar alianza con Libre.
Yani Rosenthal dice que sería una alianza de “dos cabezas” y aunque no da mayores detalles sobre esa teoría, sus asesores y allegados informan que se trata de ir a elecciones como candidatos presidenciales bajo una coalición y que ésta sea validada por las otras entidades políticas. Es decir, el candidato de la oposición que saque más votos bajo esa coalición en las elecciones generales obtendría la presidencia del país si vence al candidato nacionalista. Rosenthal manifiesta que la opción B es la única salida política viable para sacar del poder al Partido Nacional, al acusarlo de negarle a Honduras la figura de la segunda vuelta o balotaje.
Pero desde el CNE, la consejera de Libre, Rixi Moncada, dijo que ese mecanismo era inviable, que no tenía ningún asidero jurídico. “Plantear esa opción me parece es un acto de publicidad política, que respetamos, pero que, en nuestro caso, podemos decir en forma clara, franca y directa, que es una idea descabellada que no tiene respaldo legal”, sostuvo la funcionaria.
Los integrantes del Partido Nacional también han salido al paso de esa propuesta y la califican de descabellada. Y aunque pareciera que la opción B, no tiene fuerza, el grupo de Rosenthal no renuncia a la idea, sigue pujando y apuntando a las cúpulas partidarias para ver si “amarra” una iniciativa que, al parecer, tampoco agrada a su hermano: Libertad y Refundación.
La falta de reglas claras sobre los próximos comicios generales de noviembre próximo solo son un capítulo más de las crisis políticas recurrentes que ha tenido Honduras a lo largo de su historia democrática, con patrones comunes y actores diversos, que, hasta inicios del milenio, culminaron con pactos mínimos de consensos para impulsar algunas reformas políticas y electorales, un escenario que, en este proceso, ha sido imposible de concretar. Las reformas electorales siguen inconclusas y las elites políticas cada vez expresan un mayor desgaste que conlleva la capacidad de negociar y ceder por los cambios democráticos que amerita el país.
Los analistas internacionales aseveran que en Honduras el statu quo ha entrado a una fuerte etapa de desgaste y la conflictividad social y política aumentará, si los comicios generales de noviembre no van acuerpados de cambios que generen certidumbre, confianza, transparencia y credibilidad. (PD)
