Tegucigalpa– Un total de 11 mil 738 personas denunciaron ser víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en Honduras, según datos revelados por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) en su informe anual 2024.
Las quejas atendidas por esta Institución Nacional de Derechos Humanos aumentaron en un 10% al pasar de 10 mil 608 en el 2023 a 11 mil 738, en el 2024.
En el documento se detallan situaciones emblemáticas que se traducen en falencias cruciales, por parte del Estado, en materia de protección de los defensores de los derechos humanos relacionados con el derecho a la vida, a la integridad personal, la falta de acceso a la justicia y al debido proceso.
Se destaca que, el asesinato de defensores de derechos humanos, en especial, el cometido en perjuicio del defensor de la tierra y el territorio, funcionario público y delegado de la palabra de la iglesia católica, Juan Antonio López, es el resultado de la falta de diligencia y una grave desatención estatal en la adopción de las medidas de protección, de las cuales tuvo que ser materialmente beneficiario.
Además, el informe señala que Honduras sigue siendo un espacio poco propicio para la labor que realizan los defensores de derechos humanos y, aunque existe un mecanismo de protección, éste aún presenta serios desafíos en su efectividad y eficiencia.
Durante el 2024, el CONADEH atendió 460 quejas interpuestas por personas defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadoras sociales, operadoras de justicia y campesinos. Asimismo, el CONADEH registró 67 incidentes en perjuicio de personas defensoras de derechos humanos, a nivel nacional.
También enfatiza que, en el 2024, las mujeres se constituyeron en las principales peticionarias y usarías del sistema de quejas del Conadeh al interponer 3,072 denuncias, que representan el 26.17%, en modalidades violatorias relacionadas, en su mayoría, con el acceso a la justicia y debido proceso, amenazas a muerte, desplazamiento forzado, abusos de autoridad, hostigamiento físico, psicológico y sexual en el trabajo.
Los datos reflejan que las mujeres y niñas en Honduras continúan siendo víctimas de múltiples formas de violencia, discriminación y restricciones sistemáticas a sus derechos sexuales y reproductivos, lo que socava gravemente su autonomía, salud y dignidad.
Otra de las poblaciones vulnerables, que aparecen en el informe, son los pueblos indígenas y afro-hondureños, que continúan enfrentando los mismos patrones de despojo territorial, ausencia de consulta previa, libre e informada y criminalización por su labor de defensa.
En lo que respecta a los campesinos, el informe señala serias barreras en el acceso y tenencia de la tierra, agravadas por la inacción del Estado para agilizar los procesos de clarificación y titulación de la propiedad, perpetuando así escenarios de conflicto y vulneración sistemática de derechos.
En torno a las personas LGBTIQ+, el Conadeh considera que enfrentan una exclusión estructural que se traduce en altos niveles de violencia, discriminación y negación de reconocimiento legal, lo cual limita gravemente su acceso a derechos fundamentales y las expone a un riesgo constante.
Otro de los cuestionamientos, expuestos en el informe, es el de los traslados arbitrarios, el hacinamiento y las condiciones inhumanas de reclusión que enfrentan las personas privadas de libertad en Honduras, que se constituyen violaciones graves a los derechos humanos y vulneran principios básicos del derecho internacional.
Además, el uso del encierro como castigo desproporcionado, sin control judicial ni criterios objetivos, refleja una política penitenciaria punitiva y ajena al principio de legalidad.
Sobre el fenómeno de la corrupción, el Conadeh concluye, en su informe, que ese mal impacta significativamente en las condiciones de vida de las personas y que sus efectos limitan el disfrute de los derechos humanos, afecta la eficiencia de las instituciones democráticas, erosiona la confianza ciudadana, propicia un mayor nivel de impunidad y perpetúan la pobreza y la exclusión social.
En ese sentido, debido a la manifiesta incapacidad de la institucionalidad y de los órganos internos del Estado para combatir la arraigada corrupción en el país, resulta necesario que el Estado implemente la utilización de mecanismos nacionales e internacionales independientes, con un mandato amplio, para luchar contra la impunidad. IR
